Puebla ocupa la segunda posición a nivel nacional en cuanto al número de víctimas de trata de personas registradas en los últimos nueve años (2008-2017), y la primera posición en investigaciones iniciadas por ese delito.

Así lo reflejó el informe “Derechos y violencias: la experiencia de ser mujer”, que elaboró la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), con base en solicitudes de información pública a gobiernos estatales y a la federación.

En el documento, la organización cuestionó la labor de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres (Conavim), respecto a las solicitudes de alerta de género que ha recibido por parte de grupos ciudadanos de Puebla, al señalar que no han sido atendidas de acuerdo con el reglamento establecido.

Las solicitudes surgieron a raíz del creciente número de feminicidios registrados en la entidad desde que este delito fue contemplado en el Código Penal local en 2012.

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Puebla, en el top del delito de trata de personas

Mediante solicitudes de información pública realizadas a las administraciones estatales, TDT ubicó 435 indagatorias por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en Puebla entre 2008 y 2017.

Con esta cifra coloca el estado está en la segunda posición a nivel nacional después de la capital del país en donde se abrieron 1 mil 416.

A la entidad poblana la secundan Baja California Norte (246), el Estado de México (179), Chihuahua (154), Oaxaca (124) y Veracruz (79), por citar los estados con las cifras más altas. En el otro extremo, con las estadísticas más bajas se encuentran Colima (3), Durango (1) y Yucatán que no reportó casos.

En el documento, la agrupación advirtió que la trata de personas puede culminar en el homicidio, pues las víctimas corren un grave riesgo de morir por lesiones provocadas por quienes abusan sexualmente de ellas, o por sus captores cuando éstas dejan de ser redituables para ellos.

A nivel nacional se abrieron 3 mil 312 investigaciones por el delito de trata de personas, pero sólo se iniciaron mil 156 procesos penales, cifra que representa el 35 por ciento del total, y de estos hubo sentencias condenatorias únicamente en 484 casos.

En el caso de Puebla, la organización registró 453 denuncias por ese delito en el periodo referido, es decir, 18 casos menos que el número de víctimas identificadas. Con esa cifra, el estado se colocó en la primera posición a nivel nacional. En el documento no se ofrecen datos de cuántas sentencias han dictado las autoridades.

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Conavim viola el reglamento por Alerta de Género en Puebla

La agrupación criticó la respuesta que la Conavim –que depende de la Secretaría de Gobernación federal- ha dado a grupos ciudadanos de Puebla que le han solicitado la emisión de una “alerta de género”, ante el aumento de casos de feminicidio.

La red señaló que dicha petición debe atenderse en un periodo de tres días hábiles, según el reglamento de la Comisión. Si la solicitud procede, se debe integrar un grupo de trabajo para que corroboren o descarten la situación expuesta por quien solicita la alerta.

Una vez que se tengan las conclusiones de la investigación, estas deben entregarse al gobierno estatal, pero no existe un plazo reglamentado para esto, no obstante la administración local tiene 15 días para aceptar o no el reporte, en caso de no hacerlo la Conavim emitirá la alerta.

Si el gobierno estatal acepta el reporte, cuenta con seis meses para acatar las observaciones que haya recibido, situación que fue criticada por la agrupación, pues indicó que existen otras voces ciudadanas que señalan que este periodo de gracia no debería existir.

Enfatizó que el periodo de cumplimiento no pude exceder un semestre, por lo que criticó la situación que ocurre en Puebla, en donde la Conavim extendió ese plazo a otros seis meses más, pues sentenció que esto no tiene sustento y sólo evita que el gobierno estatal resuelva el problema; acusó que lo mismo ocurre en Tlaxcala.

“Destaca una estrategia de CONAVIM, sin sustento en el Reglamento, aplicada en los estados de Puebla y Tlaxcala, mediante la cual se determina que se incrementa un periodo de seis meses para que el gobierno estatal ejecute las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo y se emiten medidas específicas adicionales. Ello genera dilación en las acciones y políticas urgentes que el gobierno del estado debería implementar”, apuntó.

Cabe señalar que el segundo periodo de gracia otorgado al gobierno poblano, concluyó en febrero de este año, pero a la fecha la Conavim no ha emitido un resolutivo.