• Política

Comisión aprueba propuesta de Gali para taxis ejecutivos

  • María Pineda
Chóferes tendrán que cumplir con capacitación de género, derechos humanos y discriminación y aprobar pruebas toxicológicas y psicológicas
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Con cambios mínimos y sin claridad en el periodo que se otorgará para que los socios y chóferes de Uber cumplan con los lineamientos, la Comisión de Transporte  del Congreso aprobó reformas  que obligarán a actualizar cada mes el padrón de conductores; renovar la carta de antecedentes no penales cada seis meses;  cobrar el servicio sólo en electrónico, además de que las Empresas de Redes de Transporte (ERT) serán corresponsables por las faltas cometidos por socios y chóferes.

Los cambios propuestos por el gobernador Antonio Gali Fayad a la Ley del Transporte se discutieron por más de dos  horas entre los legisladores  que integran la Comisión de Transporte y Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de Movilidad y Transporte, y José Montiel Rodríguez, subsecretario jurídico de la Secretaría General del Gobierno (SGG).

 Aunque el diputado del PAN, Pablo Montiel Solana planteó modificar que la actualización de la carta de antecedentes no penales fuera anual y  permitir que hubiera cobro del servicio en efectivo, y optar por un botón de pánico en casos en los que la seguridad del usuario esté comprometida, los  puntos fueron votados en contra por Germán Jiménez (CPP), Julián Rendón Tapia (PRD), José Pedro Antolín (PAN) y Sergio Moreno Valle German (PAN).

En medio del análisis y ante la negativa mostrada por los diputados y por José Montiel Rodríguez, subsecretario jurídico de la SGG, Montiel Solana le comentó  al diputado Leobardo Soto Martínez (PRI) que “la instrucción es que no le muevas nada” en alusión a que el proyecto no tendría modificaciones.

Sólo en caso de seguridad, se vigilará a conductores

Tras la campaña que Uber emprendió en relación a que la iniciativa vulnera el derecho humano a la privacidad, los diputados aprobaron un cambio mínimo, en el cual se precisa que sólo por razones de “seguridad e investigación”  la Secretaría de Infraestructura,  Movilidad y Transporte (SIMT) dará información sobre recorridos ofrecidos de punto a punto.

La modificación hecha a la fracción VI del artículo 92 Quater  plantea “permitir a la Secretaría cuando lo requiera la autoridad competente en razón de seguridad e investigación el acceso a las tecnologías inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilice la prestación del servicio, para vigilar a los conductores y garantizar la seguridad de los usuarios que demanden servicio de transporte”.

Montiel Solana cuestionó que la propuesta no precisa qué tipo de autoridad es la competente para solicitarle a la SIMT conocer la información, y expuso  que la implementación de esta medida así como la obligatoriedad de proporcionar los datos personales del conductor, vehículo y número de placas puede entenderse como una vulneración al derecho a la privacidad.

Chóferes tendrán que cumplir con capacitación y pruebas toxicológicas

En los puntos aprobados por los legisladores,  las Empresas de Redes de Transporte estarán obligadas a que los chóferes tendrán que cumplir con cursos de capacitación de género, derechos humanos y discriminación, así como aprobar pruebas toxicológicas y psicológicas.

Los exámenes a los que estarán sujetos los conductores tendrán que acreditarse ante instituciones públicas y privadas.

Además, las ERT tendrán que actualizar de manera mensual el padrón de sus conductores, quienes cada seis meses deberán  renovar la carta de antecedentes no penales y tramitar una licencia de servicio mercantil.

Tras  la aprobación en el pleno y su publicación en el Periódico Oficial del Estado, las compañías que ofertan un servicio ejecutivo de transporte, así como los socios y chóferes tendrán que cumplir con estas disposiciones.

Sin embargo, Montiel Rodríguez de la SGG,  y Alberto Vivas Arroyo de la SIMT, dijeron que desconocen el plazo que se dará a los actuales conductores para cumplir con las disposiciones, y aseguraron que se tendrá que valorar la “retroactividad” de la ley.

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