Los asesinatos de jóvenes estudiantes de Puebla no son los únicos delitos en los que han estado involucrados los conductores de Uber, pues también se les achacan delitos como abuso sexual y robo en el Estado de México y en la ciudad de Guadalajara.

Ante esa situación, el Senado de la República intenta regular el servicio que ofrecen las empresas que rentan vehículos para taxi mediante una aplicación digital, y que el mismo esté contemplado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues ello no ocurre hasta ahora.

En Puebla se analizan reformas a la Ley del Transporte para endurecer las reglas de operación de ese tipo de firmas, a raíz de que conductores de Uber y Cabifyfueron señalados de estar involucrados en los homicidios de las jóvenes Mara Fernanda Castilla Miranda y Mariana Fuentes Soto.

Otras denuncias y. . . hasta en Londres les niegan permiso

La propuesta de la Cámara alta fue presentada por el senador panista José de Jesús Santana García este martes y turnada a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis.

De acuerdo con el documento, no sólo en Puebla ha habido actos delictivos en los que han participado los conductores de Uber y Cabify. También se identificaron casos en el estado de México y Guadalajara.

Un caso es el de una amiga de Andrea López Clinton –la cual pidió que su nombre no fuera revelado–, pues ambas acudieron el pasado cinco de junio a un bar de la ciudad de Guadalajara. Al salir, la hoy víctima solicitó el servicio de Uber para regresar a casa. El conductor, llamado Víctor la recogió pero ella se quedó dormida en el vehículo. Despertó cuatro horas después en un cuarto de motel y logró escaparse. El conductor decidió terminar el viaje en la casa de la víctima para que quedara registrado en el sistema que completó el servicio.

La víctima acudió al Centro de Justicia para las Mujeres y atravesó un proceso de revisión médica y denuncia que duró 10 horas. Después de eso, ella y Andrea contactaron a Uber con la intención de conseguir el nombre completo del conductor.  La empresa les negó la información necesaria para completar su denuncia.

El 20 de junio pasado, una mujer cuya identidad quedó resguardada, fue violada por un conductor de Uber identificado como César Sinaí en su camino a casa. La víctima salió de la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con destino a Ecatepec en el estado de México, pero en el camino, el conductor se desvió y cometió el abuso sexual.

Familiares de la joven acudieron a las autoridades del estado de México y levantaron la denuncia correspondiente. Hasta el momento, el presunto culpable de violación no ha sido detenido.

Otro caso fue el de un hombre identificado como Giovanni “N”, que fue robado por el conductor de Uber durante un viaje a su casa. Se relató que el joven salió de la Ciudad de México rumbo a su hogar en Tlalnepantla, Estado de México, la madrugada del pasado 15 de junio, le pidió al chofer detenerse en un cajero, en donde éste le obligó a sacar dinero.

Por otra parte, el área de gobierno que en la ciudad de Londres regula el transporte público decidió no renovar la licencia de Uber que venció el pasado 30 de septiembre, al señalar que la empresa “no reúne los requisitos necesarios” para operar en la ciudad, debido a cuestiones de “seguridad ciudadana”.

“Los casos de delito de conductores de Uber, Cabify, y otras plataformas en México se unen a los casos reportados en muchos otros países, además de los escándalos y problemas que enfrenta la empresa actualmente”, dice la iniciativa del legislador panista.

Piden que la Profeco regule el servicio

La iniciativa prevé reformas al Capítulo VIII Ter y Artículo 76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que el servicio que ofrecen esas compañías –en Puebla reconocidas como ERT-, sea regulado por esa normativa.

Con ello, los Términos y Condiciones de algunas plataformas, que ahora indican que sus domicilios sedes están fuera de la república, serían regulados, pues la situación actual provoca que sean ajenos a controversias legales.

Con los cambios se facultaría a la Procuraduría para exigir y registrar los Términos y Condiciones de Servicio como los contratos de adhesión, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio.

La reforma también establece la definición del “Servicio Privado de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas”, la cual permite identificar y diferenciar este servicio del Transporte Individual de Pasajeros.

Además, se introducen en el ordenamiento las “Empresas de Servicio Privado de Transporte mediante Plataformas Tecnológicas” como personas morales encargadas en administrar plataformas tecnológicas basadas en el control, programación y geolocalización. Asimismo, se incluye la figura de “Prestador del Servicio de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas”, las cuales son las personas registradas y avaladas por las empresas.

[relativa1]

[relativa2]