Que el gobierno del estado de Puebla garantice la reparación del daño respecto al caso de Mara Castilla Miranda, estudiante presuntamente asesinada por un conductor de Cabify, para que un caso así no se vuelva a repetir, propusieron las diputadas priístas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio.

Las legisladores también propusieron reformas a la legislación para obligar a las empresas que ofrecen el servicio de transporte privado como chofer de Uber, Cabify, Easy y otros similares a registros vehiculares, creación de un padrón vehicular, exámenes toxicológicos para sus choferes e instalación de medidas de seguridad en sus unidades.

Reparación integral del daño

Respecto al caso de Mara Castilla, joven asesinada en septiembre pasado, las diputadas exigieron la reparación integral del daño para garantizar la no repetición de estos delitos.

Al mismo tiempo exhortan a los titulares de las entidades federativas, especialmente donde fue emitida una alerta de género para que se implementen medidas para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la vida de las mujeres y niñas que utilizan servicios de transporte públicos y privados.

En su diagnóstico las legisladores señalan que dentro de la violencia que sufren las mujeres, sobre todo la sexual la cual ocurre en las calles, en el transporte público, en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo, en los parques, en los baños públicos, en los puntos de distribución de agua y alimentos, en los mercados y en los propios hogares.

“En este contexto de grave violencia en contra de la mujer es que fue asesinada Mara Fernanda Castilla Miranda, quien desapareció la madrugada del 8 de septiembre de 2017, en la ciudad de Puebla. La joven abordó un auto de alquiler de la empresa Cabify. Horas después el chofer de esta unidad, presuntamente, la violó sexualmente y la privó de la vida”.

Lamentaron que a pesar de las diversas acciones que el país ha realizado en la materia la violencia contra las mujeres no cesa.

66 por ciento de mujeres de 15 años o más enfrentan violencia

Las legisladoras destacaron que según cifras nacionales de las mujeres de 15 años y más el 66 por ciento ha enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, en tanto que 43.9 por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación.

Asimismo, en los espacios públicos o comunitarios 34.3 por ciento de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual, mientras que el segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en espacios como la calle, el parque y el transporte, entre otros.

De igual forma, el 38.7 por ciento de las mujeres fueron víctimas de actos de violencia por parte de desconocidos.

De igual forma, subrayó que hay 10 entidades están por encima de la media nacional, tanto para la violencia total a lo largo de la vida, como para la violencia reciente ocurrida en los últimos 12 meses son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Yucatán, Durango, Coahuila de Zaragoza y Baja California.

“Mara Fernanda no debió ser asesinada esa noche. No podemos quedarnos calladas, ni permitir que la violencia estructural que pesa sobre las mujeres, siga ofreciendo incentivos para los feminicidas, para las desapariciones, para la trata y para los secuestros contra las mujeres y las niñas”.

Leyes más estrictas

En su exhorto presentado este martes en la sesión de la Cámara, las diputadas priístas sugieren una legislación para obligar a estas empresas a someterse a registros vehiculares que los acrediten como prestadores de servicio privado de transporte; la creación de un padrón vehicular que incluya información detallada sobre la unidad y la empresa a la que pertenece, así como la creación de un padrón de los choferes de dichas unidades.

Exámenes toxicológicos y cámaras de vigilancia

También solicitan que se regule la contratación de los operadores de las unidades de dichas empresas, quienes deberán aprobar un riguroso proceso de selección, que incluya exámenes toxicológicos, de confianza y de perfil de personalidad, además de que se impida a personas con antecedentes penales ser operador de estas unidades.

Los legisladores exigen que cuenten con cámara de vigilancia, botones de pánico y localizador satelital.

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