La actividad en oficinas públicas y privadas  afectadas por  el sismo del pasado martes,  arrancó la semana a medias.

Algunas  autoridades e integrantes de la iniciativa privada prorrogaron su regreso y otros lo hicieron entre cintas de precaución y reparaciones.

Entre los que comunicaron que el cierre de sus sedes laborales se mantenía, estuvieron el Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores (Infonacot).

Mediante un comunicado, el primero informó que seguían suspendidas las actividades hasta nuevo aviso, por revisiones al Centro de Justicia Alternativa y al Instituto de Estudios Judiciales.

Más tarde, en otro texto, el TSJ notificó que mañana será viable regresar a los Juzgados de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.

El SAT informó que, por los daños registrados, permanecerían cerradas sus oficinas en elCentro Histórico y en Plaza Dorada.

Una oficina que permaneció cerrada y generó inconformidad entre derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue la de Asuntos Administrativos, en la colonia La Paz.

Otras ficinas del primer cuadro de la ciudad y de colonias céntricas operaron pese a contar afuera con cintas e incluso con daños en el interior.

Uno de estos últimos casos fue el Edificio Empresarial, en el que trabajadores denunciaron en redes sociales que se les obligó a ocupar las oficinas pese a que hay daños en muros y columnas.

Respecto a las escuelas públicas, por la mañana la Unidad Operativa de Protección Civil Municipal informó de los requisitos para que puedan reabrir.

Los requisitos incluyen el oficio de solicitud para el funcionamiento post sismo, el dictamen estructural original del Perito Director Responsable de Obra (PDRO), la cédula de este profesional, su registro actualizado ante el Ayuntamiento y la copia de autorización delPrograma Interno de Protección Civil.

Tras publicarse estos requisitos, trabajadores de al menos una decena de instituciones privadas reclamaron a la Comuna y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se les obligara asistir  a sus labores sin que estuvieran descartartados los riesgos.