Para homologar criterios de disciplina financiera, el Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional con la cual se obligará a los municipios a que adquieran deuda sólo a través de un decreto aprobado por los legisladores.

La propuesta, la cual impulsó el gobernador Antonio Gali Fayad es para homologar los criterios que el Congreso de la Unión validó en  la Carta Magna y en la de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Las modificaciones hechas a la Constitución permitirán que el Congreso del Estado sea el que autorice la petición de endeudamiento, si es que sobrepasa el periodo de gobierno de los presidentes municipales, así como el del gobierno estatal.

En la solicitud hecha por los municipios, el gobierno estatal, así como los organismos autónomos  y descentralizados, deberán de establecer las afectaciones que se harán a las aportaciones federales y la manera en la que se prevé cumplir con los pagos del empréstito.

“El Congreso autorizará mediante Decreto la contratación de financiamientos y obligaciones, así como su refinanciamiento o reestructura, mismos que deberán apegarse a lo que señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, precisa en la fracción VIII del artículo 57 de la constitución.

Así como que: “el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para que en las mejores condiciones del mercado, se contraten financiamientos y obligaciones, previo análisis de la capacidad de pago del ente público, su destino y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago”.

Los ayuntamientos o entes públicos que contraten deuda, estarán obligados a “inscribir y publicar” en el Registro Público Único y en el propio del Estado, así como dar a conocer las sanciones para aquellos servidores públicos que incumplan con las disposiciones  establecidas en materia de disciplina financiera.

 La reforma constitucional también prevé que en aquellos casos en que la contratación de deuda no exceda del periodo de gobierno, no será necesario que el Congreso del Estado apruebe la petición, pero que tendrá que liquidarse en un corto plazo y sin que se rebasen los límites máximos de endeudamiento.

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