La recomendación 10/2017 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la contaminación del río Atoyac evidencia la omisión  y complicidad de autoridades de Tlaxcala, Puebla y del sector empresarial impuesto en la ribera

Así lo señalaron en rueda de prensa representantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Pastoral de Derechos Humanos- Diócesis de Tlaxcala y el Centro Fray Julian Garces, Derechos Humanos y Desarrollo Local

Señalaron que aun cuando se contaba con información periódica de la grave situación, desde la década de los noventa, documentada y señalada sistemáticamente por ciudadanos, nunca se actuó. Los representantes de esas organizaciones llamaron a autoridades de ambos estados a dejar la simulación, como ha sucedido con las anteriores administraciones gubernamentales

Exigieron que los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, las autoridades municipales y federales; así como el sector empresarial inicien con los trabajos interinstitucionales para la elaboración del Programa Integral de Restauración Ecológica y de Saneamiento para la Cuenca del Alto Atoyac, involucrando a la sociedad civil como sugiere la Recomendación.

Citaron que según el Plan Nacional Hídrico 2014-2018, el Río Atoyac es uno de los 10 más contaminados en toda la República Mexicana, debido a las descargas fabriles y municipales que se encuentran a lo largo de su extensión, ocasionando graves afectaciones a la salud y a la vida de los pueblos.

La documentación realizada por la CNDH, reafirma la continua omisión de las autoridades, a pesar de los estudios permanentes, en los que incluso han participado y en los que se ha evidenciado el grado de contaminación, así como el agravamiento de las consecuencias de ésta en la vida de las comunidades, subrayaron.

Las organizaciones señalaron que la CNDH evidencia que la red nacional de monitoreo de calidad del agua –operada por la Conagua- resulta insuficiente, obsoleta y no mide la totalidad de los parámetros que inciden directamente en la salud, además de que las acciones emprendidas en materia de vigilancia y cumplimiento de la normatividad resultan insignificantes.

También dijeron que se demuestra que los acuerdos y convenios hasta hoy firmados por las autoridades de Puebla, Tlaxcala y el Gobierno Federal, son inoperantes, ya que no cuentan con plazos determinados, disponibilidad técnica, ni presupuestos, por lo tanto se reafirma la simulación de las autoridades

Presentan el caso en tribunales internacionales

En marzo de 2006, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, con el acompañamiento del Centro Fray Julián Garcés, presentó el caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), informando sobre la grave contaminación del río Atoyac, aportando como pruebas los estudios realizados por el Instituto de Ingeniería y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en coordinación con el laboratorio de Análisis y Tratamiento de Aguas Residuales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco y los testimonios de las personas afectadas.

En aquél año, el TLA falló a favor de las comunidades ribereñas del Atoyac, recomendando: exhortar a todas las autoridades, federales, estatales y locales a tratar el caso de la contaminación de la cuenca del río Atoyac con la importancia y seriedad de un grave desastre social y ambiental y  profundizar el nexo causal que permita determinar las responsabilidades concretas de las diferentes industrias del corredor industrial Quetzalcoatl; .

La Coordinadora por un Atoyac con Vida, a su vez,  presentó el caso de la contaminación del río Atoyac ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México, denominado “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, que sesionó de 2011 a 2014 y documentó la violación a los derechos humanos en todo el país.

La presentación de las dos denuncias dio la razón a las comunidades sobre las graves violaciones a sus derechos humanos y la necesidad de implementar medidas de reparación inmediata en la vida de los pueblos y en el saneamiento del río Atoyac, por los tres niveles de gobierno, señalaron las organizaciones.

Ante la negativa de las autoridades para actuar de manera contundente y combatir la problemática, en julio de 2011 se presentó ante la CNDH una queja en contra de autoridades federales, estatales y locales, por actos y omisiones en perjuicio de los habitantes de los municipios de Tepetitla, Nativitas, Ixtacuixtla, Texmelucan y Huejotzingo, por la contaminación ambiental de la sub-cuenca hidrológica del Alto Atoyac, particularmente de los ríos Atoyac y Xochiac, y sus afluentes, derivado del crecimiento industrial, obteniéndose respuesta el pasado 22 de marzo de 2017.