El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE) se manifestó en contra del aumento a las gasolinas, al señalar que es lastimoso y nocivo para la estabilidad del país.

Sin embargo, el organismo cúpula del sector empresarial en el estado afirmó que esta medida no es producto de la implementación de la Reforma Energética, sino de la Reforma Hacendaria, porque aplica un impuesto al consumo de las gasolinas (IEPS).

A través de un comunicado de prensa, los 25 organismos que conforman al CCE y que son liderados por Carlos Montiel Solana, advirtieron que este incremento del 20 por ciento a los hidrocarburos traerá como consecuencia una espiral inflacionaria que podría llegar a ser superior a un dígito,contracción del mercado interno, pérdida de empleos, así como no creación de nuevos empleos, pérdida del poder adquisitivo  de los salarios, disminución de la competitividad de México y acrecentamiento del comercio informal.

El documento también señala que existe una grave falta de coordinación y planeación para identificar las necesidades específicas de cada región, ya que no se tomó en cuenta el crecimiento de las zonas para fijar los precios, atentando con esto a las cadenas productivas y deteniendo el desarrollo.

Asimismo, el CCE apuntó que la liberación de los precios de gasolinas y el diésel pone en clara desventaja al mercado petrolero de nuestro país con el de otros países del mundo, ya que no contamos con la infraestructura adecuada para el traslado de mercancías y productos, de ahí que equiparar el costo de la gasolina mexicana con precios internacionales sea un grave error.

En este sentido, el organismo empresarial destacó la necesidad de crear nueva y moderna infraestructura ferroviaria, deducibilidad en la adquisición de vehículos automotores y eléctricos, así como de las prestaciones sociales a los trabajadores.

El CCE valora como indispensable disminuir y eliminar el impuesto IEPS, y sustituir estos ingresos mediante el recorte al gasto corriente en el gobierno federal y el Poder Legislativo, con el abatimiento del delito de robo de combustible, con el aumento a la base de contribuyentes y con la simplificación del sistema fiscal y hacendario basado en un gravamen al consumo y no a la producción y rentabilidad.

Por último, los empresarios exigieron a los tres órdenes de gobierno presentar un plan de acción, que atienda el gran malestar y perjuicio que causará esta medida a la sociedad.

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