La Comisión para el Acceso a la Información Pública y Datos Personales desechó los argumentos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) para negarse a entregar la información exacta del número y la ubicación de inmuebles enajenados, el destino del pago, la partida presupuestal donde son reportados y los estudios que avalaron las subastas.

La comisionada Norma Estela Pimentel resolvió el recurso de revisión 238/SFA-18/2016 en la que la SFA respondió que no era posible atender la solicitud de información pues la dependencia no había llevado a cabo la enajenación de inmuebles públicos.

Pimentel señaló que no había ningún  impedimento jurídico para proporcionar la información,  revocó la respuesta y ordenó la entrega de la ubicación exacta, superficie, medidas y linderos de los inmuebles públicos que el Poder Ejecutivo del estado de Puebla determinó enajenar y los autorizados por el Congreso.

Deberá también entregar copia simple del estudio que mandata el artículo 31 de la Ley General de Bienes del Estado para comprobar la necesidad de la enajenación así como el estudio en cada uno de los inmuebles públicos de los que se trató.

También toda la documentación referente a las convocatorias de enajenación, del avalúo, valor fiscal y comercial de los inmuebles públicos, los inmuebles públicos que se enajenaron como incentivo otorgado a una empresa, el nombre de la empresa y su razón social. 

La copia simple de los fallos de las licitaciones y adjudicaciones, fallos de las subastas, --- realizadas por el gobierno del estado o la instancia federal o estatal que la llevó a cabo ---, el monto total de los recursos económicos que el gobierno del estado obtuvo con la enajenación, el rubro de la Ley de Ingresos del estado de Puebla en el que se registró este recurso y el destino que recibieron los recursos, también deben ser entregados.

En su  proyecto de resolución, Pimentel detalló que la “Secretaría de Finanzas y Administración del Estado es la encargada de llevar el registro, control y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado y que se encuentran en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, teniendo la obligación de regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado y de aquéllos que hubieren formado parte del patrimonio del mismo”.