El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, rechazó que haya presionado a Elia Tamayo, madre del niño José Luis Alberto Tehuatle -quien fue asesinado durante un desalojo de manifestantes en 2014-, para que recibiera una indemnización por parte del gobierno estatal.

El funcionario indicó que aún está en espera de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictamine si fue cumplida en su totalidad la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos que en 2014 dirigió al gobernador Rafael Moreno Valle por el asesinato del menor. 

Este miércoles, Tamayo, sus representantes legales y el titular de la Sexta Visitaduría de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, sostuvieron una reunión para revisar los avances en el cumplimiento de la recomendación identificada con el folio 2VG/2014.

Aracely Bautista, quien es representante de la madre de José Luis, afirmó que durante el encuentro el visitador les informó que la petición que hicieron al gobierno poblano aún no está cumplida en su totalidad, pues falta que los pobladores afectados por el desalojo realizado el nueve de julio de 2014 en la comunidad de Chalchihuapan, acepten una disculpa por los hechos.

Rechaza presiones hacia Tamayo

En una entrevista que ofreció este jueves, en el marco de la presentación del Centro Estatal de Datos (Ceda) referente a los casos de violencia contra las mujeres, Carrasco Altamirano explicó que hace semanas se acordó con Elia Tamayo y con sus representantes legales el pago de una indemnización –por un monto de 1.7 millones de pesos-, la cual se definió con base en protocolos internacionales y fue aceptada por la contraparte sin presiones de por medio, según dijo el funcionario.

Detalló que el dinero fue depositado en una cuenta bancaria y que posteriormente la madre del menor lo retiró, por lo que se dio por cumplido el punto de la recomendación que hace referencia a la reparación del daño.

Tamayo acusó este martes al secretario de Gobierno de haberla presionado para recibir el dinero, pues si no lo hacía, dejarían en prisión a Javier Montes Bautista, quien fue encarcelado acusado de incitar la manifestación que los pobladores de Chalchihuapanrealizaron el nueve de julio, la cual fue disuelta de manera violenta por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

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CNDH aún no se pronuncia sobre recomendación

El secretario de Gobierno desacreditó las declaraciones de Aracely Bautista, quien refirió que la recomendación no ha sido cumplida, pues insistió en que únicamente la CNDH puede emitir un dictamen sobre el caso.

El funcionario agregó que la administración estatal ha entregado documentación a la CNDH que acredita que ha cumplido “escrupulosamente” los 11 puntos que contiene el oficio 2VG/2014.

Chalchihuapan, caso cerrado: Carrancá 

Por su parte, el Fiscal General de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, indicó que todas las averiguaciones previas que se abrieron en contra de los efectivos de la SSP que participaron en la dispersión de los manifestantes, ya se encuentran cerradas, hecho que se ha informado a la CNDH.

No se abrió alguna indagatoria por parte de la Fiscalía en contra del entonces titular de la SSP, Facundo Rosas Rosas, sino únicamente de personal subordinado.

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