Que la Fiscalía General del Estado de Puebla informe al Senado de la República sobre las acciones iniciadas entorno al presunto tráfico de influencias por parte de César Yáñez Centeno, vocero de Morena, para liberar a Dulce María Silva Hernández detenida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así lo propone a través de un punto de acuerdo el grupo parlamentario del PRI en la Cámara alta, mismo que advierte que no es la primera vez que personas ligadas al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se ven envueltas es actos delictuosos.

 Destacan que en junio de 2015, luego de finalizar los comicios electorales que se celebraron en Chiapas, tres colaboradoras del entonces jefe delegacional electo en Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ricardo Monreal Ávila, fueron detenidas en el aeropuerto de Tapachula luego de detectarse que llevaban escondido en su equipaje más de un millón de pesos en efectivo.

“Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas una de las detenidas, actualmente es la Directora General de Desarrollo Social en dicha demarcación”, advierte el documento.

Asimismo, señalan el caso del titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno también de la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano Padilla, quien fue detenido en la Ciudad de México con 600 mil pesos en efectivo sin poder acreditar su procedencia lícita.

Y ahora se conoce de una serie de grabaciones telefónicas en donde se escucha al Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, César Yáñez, intentando negociar con la Fiscalía General del estado de Puebla y con el Secretario de gobierno de esta entidad, la liberación de su novia Dulce María Silva Hernández.

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“Cabe destacar que Dulce María Silva Hernández fue detenida el pasado 10 de marzo de 2016 y acusada de operaciones de recursos de procedencia ilícita por un monto de 30 millones de pesos, aportados al Grupo Inmobiliario Verhome, empresa propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien enfrenta un proceso penal tras haber sido acusado de defraudar a más de 150 personas”, precisa el punto de acuerdo.

Los senadores del PRI destacan que en uno de los audios se escucha a Yáñez conversar con Rodolfo Alducín, Secretario Técnico del Fiscal General de Puebla, para pedir la intervención del Fiscal, Víctor Antonio Carrancá Bourget para a fin de liberar a Silva Hernández.

Mientras que en un segundo audio el abogado del senador poblano Manuel Bartlett, Carlos Meza Viveros, asegura que el Bartlett Díaz ya habló con Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario General de Puebla, para que interviniera en el caso a cambio de que López Obrador y el propio Manuel Bartlett dejen de golpetear al gobierno de encabeza Rafael Moreno Valle.

Y en un tercer audio, dicen los legisladores priístas, se escucha que el arreglo no pudo concretarse, mientras en el último se le informa a Yáñez que existe una contrapropuesta por parte de las autoridades y con una negociación de 10 millones de pesos.

“Los hechos son contundentes y dan cuenta de la intención de César Yañez Centeno de estar por encima de la Ley y aprovecha sus conexiones políticas para librar a Dulce María Silva Hernández del proceso legal al cual se encuentra sujeta”, subrayan los senadores del PRI.

Destacan también que de acuerdo al Código Penal Federal, al que cometa el delito de tráfico de influencia se le impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a cien diez de multa. 

Por ello, la bancada del PRI en la Cámara alta, presenta este martes un punto de acuerdo en el sentido de que el Senado de la República solicite a la Fiscalía General del Estado de Puebla un informe detallado sobre las acciones que se iniciaron ante este presunto tráfico de influencias en que habría incurrido el vocero de Morena, César Yáñez.

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