La diputada panista Patricia Leal Islas justificó la rapidez para aprobar las cuentas públicas del gobierno estatal frente a las de los municipios, al referir que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas así lo marca.

Y explicó que el proceso no permite divulgar el contenido de las observaciones hechas a los sujetos obligados por el gasto de recursos, como sí lo hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cada año, sin embargo cuando entre en operación el Sistema Estatal Anticorrupción esta información será pública.

Como presidenta de la Comisión Inspectora en el Congreso, encargada de supervisar a la Auditoría Superior del Estado (ASE), Leal Islas afirmó que se deben “entender los tiempos” con los que los órganos fiscalizadores elaboran los informes de revisión y aprobación de los ejercicios fiscales.

Que ya viene la transparencia

En febrero de cada año, la ASF entrega a la Cámara de Diputados sus informes de fiscalización en los que divulga el resultado de las auditorías hechas a las dependencias federales, los estados y municipios, práctica que no ocurre a nivel estatal.

En una entrevista con e-consulta tras la firma de Convenio de Becas con la UDLAP, la excontralora del Estado indicó que en Puebla no se transparentan las inconsistencias para que los sujetos solventen las fallas identificadas y se concluya con la aprobación de la cuenta pública.

“Hay que entender los tiempos y los momentos, aquí el informe de las observaciones no se publica, en la Auditoría Superior de la Federación sí se publica. Aquí lo notifican al sujeto, cuando tú solventas lo que se publica, es ya la aprobación de la cuenta, esa es la diferencia”.

Leal Islas rechazó que esta medida sirva para encubrir al titular del Poder Ejecutivo y aseveró que el resultado de los dictámenes se harán públicos una vez que entre en vigor el Sistema Estatal Anticorrupción, lo cual permitirá conocer en “tiempo real” las auditorías.

“Viene toda una serie de reformas a siete u ocho ordenamientos secundarios, donde las auditorías van a ser en tiempo real, donde van a dar a conocer los resultados de los dictámenes de las cuentas públicas en el mismo momento en que se están fiscalizando”, precisó.

Por ley es más rápida revisión al Ejecutivo

Al ser cuestionada sobre la celeridad con la que se aprueba el ejercicio fiscal del gobernador a diferencia de las cuentas públicas de los municipios que arrastran retrasos de más de tres años, la panista señaló que no sólo se trata del Ejecutivo, sino que en la ley existen plazos para validar  el uso que los poderes Judicial y Legislativo hacen de los recursos públicos.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, los titulares de los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) o sus representantes legales, deberán de entregar al Congreso del Estado la cuenta pública “a más tardar el último día hábil del mes de mayo del año siguiente, al término del ejercicio correspondiente” y antes de dos meses se aprueba.

Para el resto de los sujetos obligados (alcaldes, titulares de organismos paraestatales y paramunicipales), la entrega de sus ejercicios fiscales deberá ser a “más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente al término del ejercicio correspondiente”.

Sin embargo aquí el artículo 40 establece que la ASE contará con 12 meses posteriores a la entrega de la documentación fiscal, para presentar al Congreso -por conducto de la Comisión Inspectora- los dictámenes de estos sujetos obligados, aunque en la práctica el plazo se extiende por más años.

La única excepción que se tiene es para las cuentas públicas del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las cuales deberán de estar aprobadas por el pleno a más tardar el 31 de julio del año posterior al ejercicio que se audita.

Alcaldes no atienden el proceso de fiscalización

Para la legisladora del PAN, el retraso con el que la Comisión Inspectora y la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentan los dictámenes de aprobación de las cuentas públicas de los 217 alcaldes se debe a que no responden los procesos para justificar las observaciones detectadas.

Incluso, afirmó que un problema al que se enfrentan los integrantes de la Comisión Inspectora es que los responsables de las finanzas municipales no cuentan con los conocimientos técnicos para presentar y en su caso justificar las irregularidades de sus cuentas públicas.

“Es bien importante, si tienes un buen Tesorero y tienes un buen Director de Obra y atiendes cómo debes presentar tu cuenta pública a la Auditoría Pública Superior del Estado, no vas a tener problemas con tu cuenta pública”.

Agregó que ante tal situación, en el tercer periodo de sesiones presentará una iniciativa para que en la Ley Orgánica Municipal se establezca como requisito que el titular de la Tesorería cuente con la licenciatura en Contaduría.

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