El espionaje telefónico del que fueron víctimas políticos, empresarios, activistas y periodistas, no contribuye a generar un entorno democrático, pues se vulneran los derechos humanos de los ciudadanos, y se obtiene información ilegal para intereses particulares, consideró la investigadora en Ciencias Políticas, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Claudia Ramón Pérez.

En entrevista, tachó como un hecho “lamentable” el que se hagan este tipo de acciones, ya que no se respeta la privacidad de aquellas personas públicas que están inmiscuidas en la política, en la academia o en el sector empresarial.

Señaló que el espionaje “lacera” la forma de hacer política en el estado, y sobre todo la imagen  de un país que quiere ser democrático.

“No contribuye a la democracia porque utilizan la información provechosamente. Es una manera que lastima o lacera la forma de hacer política, sobre todo cuando se habla de caminar hacia la democracia. (…)  es necesaria una condena a este tipo de acciones”, dijo.

Claudia Ramón refirió que la Fiscalía General el Estado, así como la Procuraduría General de la República (PGR) solo podrán intervenir en caso de que exista una denuncia directa por parte de alguna de las víctimas.

“Podría haber una intervención en torno a si los afectados ponen una demanda. La percepción con este hecho es que no se respetan los derechos humanos, esto no contribuye a espacios democráticos y deja un mal sabor de boca”, puntualizó.

Ayer  fueron difundidas nuevas grabaciones telefónicas intervenidas que involucran a la candidata del PRI a la gubernatura, Blanca Alcalá Ruiz, así como al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.