Rectores de universidades, académicos, empresarios y representantes de organizaciones sociales de Puebla emprenderán la recolección de 120 mil firmas para que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la “Ley 3 de 3”,avance como iniciativa ciudadana en el Congreso de la Unión, a fin de que funcionarios y candidatos a puestos de elección popularpresenten sus tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses.

En esta iniciativa participan: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad Anáhuac Puebla.

la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), la Universidad Madero, la Confederación  Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), la organización Mexicanos Primero y organizaciones no gubernamentales.

Durante el acuerdo establecido en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla, los participantes pidieron al Congreso y a los legisladores que se comprometan con la ciudadanía y aprueben que sea una obligación presentar las tres declaraciones, es decir, el proyecto conocido como 3 de 3.

El proyecto busca la creación de una ley que detenga la corrupción, se evite el enriquecimiento de los funcionarios y se garantice una aplicación correcta de los recursos.

Demandan transparencia

El director del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), Enrique Cárdenas Sánchez, destacó que Puebla es clave para que a nivel nacional se pueda presentar la iniciativa y se obligue a las autoridades a que presenten sus declaraciones.

Al respecto, el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Fernando Fernández Font, resaltó la importancia de la trasparencia por parte de candidatos y funcionarios hacia la ciudadanía.

“La trasparencia debe ser hacia los ciudadanos. Me parece que no pueden hacer excepciones a la ley, porque entonces la gente sabe que nadie va a fiscalizar los procedimientos, ni las propiedades y la ciudadanía no se entera. Hemos ido caminando muy lento en el país, con respecto a otros países. Lo bueno es que haya una medida de presión para que los candidatos y funcionarios sean capaces de transparentar todo lo que tienen. Y entonces poder decir: tengo las manos limpias”, expresó.

Por separado, el rector de la Universidad Anáhuac Puebla, José Gerardo Mata Temoltzin, llamó a los funcionarios y a los candidatos a un puesto de elección popular a cumplir con las tres declaraciones.

Comentó que la declaración patrimonial permite conocer los recursos con que cada candidato cuenta antes de ser electo, para evitar que incurra en enriquecimiento inexplicable; mientras que la declaración fiscal permitirá saber si los candidatos realmente pagan impuestos; y la declaración de conflictos de intereses es clave porque se busca conocer si los candidatos cuentan con vínculos hacia empresas, comercios, negocios o asociaciones, que eventualmente podrían derivar en un conflicto de intereses.

“Los aspirantes a un candidatura debe estar comprometidos con los ciudadanos. La participación ciudadana es fundamental para evitar conflictos de intereses y problemas de enriquecimiento ilícito. Tenemos que como ciudadanos ir transformando la realidad a partir de nuestra participación”, finalizó.

El rector del Tec de Monterrey, campus Puebla, Rashid Abella Yunes, manifestó que la indiferencia es el principal enemigo a vencer, por lo que invitó a los estudiantes a que  hagan lo necesario para cambiar las cosas. Asimismo, consideró que como sociedad se tiene que combatir la corrupción, pues esto da pie a que los funcionarios públicos continúen sin transparentar el uso de recursos.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Fernando Treviño Núñez criticó que en algunas ocasiones los impuestos de los ciudadanos sean utilizados para enriquecimiento propio. Por tal razón, dijo que con esta iniciativa se podrá prevenir esta situación y solicitar a los gobernantes que apliquen el recurso en seguridad, empleo y desarrollo.

Preocupa más deuda de Veracruz que de Puebla

Tras ser cuestionado sobre si esta iniciativa podrá garantizar que se transparente el gasto que ha realizado la administración de Rafael Moreno Valle, Fernando Treviño evitó referirse a Puebla y en su lugar prefirió criticar que en el estado de Veracruz no se compruebe el gasto de aproximadamente 30 mil millones de pesos.

Aunque dijo que en la entidad poblana hay muchos funcionarios “ladrones” y deberían estar presos; el empresario evitó mencionar nombres.

“Es delicado que en un estado hay 30 mil millones de pesos por comprobar aproximadamente en Veracruz, y que esos 30 mil son los mismos que se recortan al gasto público nacional. Vivimos en incongruencias sociales. Hay muchos ladrones, hay un montón. Actuales y pasados”.

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