El dolor y la humillación se sienten y se palpan en las cárceles poblanas, en donde  la corrupción y las violaciones a los derechos humanos son la constante, narró Adán Xicale Huitlé, integrante de Cholula Viva y Digna, quien pasó 13 meses en prisión por oponerse a la construcción del Parque Intermunicipal en Cholula.

El activista participó en “Jornada por el Día Internacional de los Derechos Humanos”, que se realizó en la Universidad Iberoamericana de Puebla (UIA). 

Calculó que en nueve de cada diez casos de los internos del penal de San Pedro Cholula se viola el debido proceso.

Esta situación se debería, principalmente,  a la corrupción que hay en los jueces, agentes del Ministerio Público y defensoría pública, que retardan los procesos, hurtan los expedientes o desisten de presentar pruebas para que los reos y sus familias paguen para alcanzar o burlar la justicia.

No hay justicia pronta ni expedita

Adán Xicale y su hijo Paul Xicale Coyopol acudieron a la jornada en la Ibero Puebla para rendir su testimonio después de pasar 13 meses en la cárcel y salir bajo caución el 30 de noviembre pasado.

Los Xicale, junto con Albino y Primo Tlachi, fueron arrestados la madrugada del 7 de octubre de 2014 tras la toma pacífica de la presidencia de San Andrés Cholula. Los delitos que se les imputaron fueron  motín, daño en propiedad ajena doloso, despojo y ataques a las vías generales de comunicación y a medios de transporte.

Adán dijo durante del evento que el Poder Judicial no ejerce su facultad de ejercer la justicia pronta y expedita, además de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) es el garrote político para golpear a los pueblos y luchadores sociales. Ya en prisión la violación de los derechos humanos es sistemática y dolorosa, señaló.

“Ese dolor se palpa; se sienten los golpes; se siente la humillación (…) Desde el momento en que la policía nos detuvo, en que el director de seguridad dijo: esos; desde ese momento nos transformamos en hombres que no teníamos derechos”.

Los Xicale fueron arrojados en la batea de una patrulla y durante el traslado al penal de San Pedro, los agentes los aplastaron para infringirles dolor y para que tuvieran la sensación de ahogo.

Abundan las historias de corrupción

Adán reconoció que la violencia y los malos tratos no fueron sólo para ellos como activistas;  en el Centro de Readaptación Social (Cereso) abundan las historias de corrupción e impunidad, dijo.

Contó que a ellos se les fabricaron delitos, que con amparos y un largo proceso se les disminuyeron de nueve a dos, pero la mayoría de presos vive la misma situación, por un robo o un delito menor los agentes del ministerio público les aumentan o les agravan su situación jurídica, para que sea más complicado acceder a su libertad.

“Eso… Eso es lo que nosotros nos comprometimos a denunciar”, agregó Adán, poco antes de perder la voz por la emoción del momento.

Paul, su hijo, le puso entonces la mano en la espalda  y Adán tomó un poco de agua para contener las lágrimas.

El activista continuó narrando cómo a los reos les aplazan las audiencias “por cuestión de agenda”,  otras ocasiones robaban los expedientes de las audiencias de vista, con la finalidad de que los internos se desesperen y caigan en la corrupción.

Los jueces y agentes esperan que les ofrezcan dinero para que se les dicten las audiencias o sentencias de forma más rápida. Hubo quienes –de acuerdo con Adán Xicale- pagaron más de 2 millones de pesos para salir en libertad fueran o no inocentes.

“Es una violación total al debido proceso, es una violación al artículo 17 constitucional sobre la justicia rápida y expedita, porque todo eso orilla a que el juez cobre”, dijo el activista.

Defenderá tradiciones y patrimonio

Paul Xicale agregó que a pesar de las cosas que vivieron en los poco más de 13 meses en la cárcel, no van a dejar de defender sus tradiciones y patrimonio histórico como cholultecas, porque desde un inicio no se consultó con el pueblo, que se reconoce indígena, el proyecto del Parque Intermunicipal.

El Parque Intermunicipal, también conocido como de las Siete Culturas, se construye a un lado de la pirámide prehispánica sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como hoy reconoció el secretario de Infraestructura y Transportes (SIT), Diego Corona.

Para Paul su arresto es un mensaje para que los cholultecas no se opongan al proyecto gubernamental, que ahora incluye un museo de sitio, un hotel y el tren turístico, porque llegó un punto en que el descontento social se desbordó.

Sin embargo gracias a su defensa legal, a cargo de su hermano Josué Xicale Coypol, lograron demostrar su inocencia y salir de prisión para continuar en la lucha.

Presos, cuatro miembros de la 28 de octubre

Después de los Xicale, hablaron en la jornada Dulce Carolina Parra Escalona y Juan Carlos Tepde Ixtacua, integrantes del Comité para la libertad de los Presos Políticos y el cese a la Represión Social en Puebla, quienes dijeron que con la detención este miércoles de Xihuel Sarabia Reyna, hijo de Simitrio, suman 225 los perseguidos políticos en el estado.

Tanto Carolina como Juan Carlos, junto con otros cinco estudiantes de la BUAP, fueron arrestados el pasado 5 de junio por un supuesto ataque con explosivos a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE).

De los 225 perseguidos 15 continúan presos, de ellos cuatro son líderes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre; tres son presidentes auxiliares que pidieron derogación de la reforma a la Ley Orgánica Municipal; otros tres son mototaxistas, tres más son concesionarios que se oponían al ingreso de la línea 2 de la RUTA y dos personas de Felipe Ángeles, que se manifestaron por la destitución del edil.

Asimismo apuntaron que siguen vigentes 69 órdenes de atención y que un preso político, Delfino Flores Melga, murió a los 90 años en prisión aun cuando por su edad pudo ser beneficiado con el arresto domiciliario.

Los representantes del comité de presos políticos indicaron que no se espera que disminuya le represión contra los luchadores sociales, sino que seguirá en aumento la cantidad de presos y perseguidos políticos. Por ello reivindicaron su compromiso de denunciar y hacer visibles estos hechos.