La OIT podría revisar si México cumple con las consultas a los pueblos indígenas sobre la ejecución de mega proyectos, como lo marca el convenio 169 de la organización, pues en sitios como la Sierra Norte de Puebla no se realizaron con mineras e hidroeléctricas.

Thomas Wissing, director de la oficina de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para México y Cuba, señaló que cada determinado tiempo se examina si los países cumplen con los convenios firmados.

En caso de que esto no suceda se puede analizar la relación con dicho país.

El representante de la OIT, que participó en la inauguración de la “Academia Sobre Economía Social y Solidaria”, en la Ibero Puebla, admitió que no conoce a detalle los proyectos que se desarrollan en Puebla, pero que al firmar el convenio 169 el gobierno sí está obligado a realizar las consultas.

"El convenio 169 de la OIT es un convenio que permite y obliga al gobierno a realizar consultas sobre proyectos de infraestructura o de inversión económicos grandes, que puedan afectar los intereses de los pueblos indígenas", explicó.

Consultas para abrir diálogo

Wissing comentó que si bien el convenio de la OIT pide que se consulte a los pueblos originarios, la determinación final sobre los proyectos no será sólo de ellos, sino proceso de diálogo con todos los actores de la sociedad.

A pesar de ello reconoció que en muchas ocasiones no se contempla a los pueblos indígenas en las mesas de discusión.

"Se consulta a empresas, organizaciones sociales o académicos pero no necesariamente a los pueblos indígenas, entonces el convenio establece algunos parámetros de cómo promover ese tipo de preguntas", dijo el funcionario de la ONU.

El convenio 169 hace referencia a los derechos humanos, sociales, culturales y laborales de los pueblos indígenas, entre los cuales se incluye el derecho a ser consultados en caso de que se pretenda explotar los recursos naturales de sus territorios.

Dicha consulta, según el artículo 6 del convenio, se debe ejecutar " mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas", así como "efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".

Es obligación consultar

Dado que el convenio fue ratificado por México, es obligación del gobierno federal vigilar que esos proyectos grandes o concesiones se realicen con un procedimiento de consulta.

Cuestionado sobre las consecuencias de que no se lleven a cabo las consultas, Thomas Wissing dijo que la OIT da seguimiento a los convenios que firman los países miembros, es decir, que si un país incumple se hace una revisión de la relación con el país.

El director de la OIT para México y Cuba explicó que cada determinado tiempo se evalúan los convenios que firman las naciones, aunque consideró imposible hacer un análisis anual de todos ellos.

En caso de que hubiese alguna queja, los trabajadores o los empresarios tienen la posibilidad de enviar una solicitud para que la organización verifique el cumplimiento de los convenios.

De acuerdo al artículo 30 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Internacional de Justicia es la que resuelve los casos de queja y emite las medidas que tienen que ser adoptadas. Además, en el artículo 35 se menciona que "los miembros se obligan a aplicar los convenios que hayan ratificado".

No se aplica la normativa

Pese a que México firmó el convenio 169, las consultas a los pueblos originarios no se llevan a cabo como marca la disposición internacional.

Indígenas totonacos denunciaron actos de represión y persecución por parte de la compañía Deselec 1, subsidiaria de Comexhidro, y de las autoridades municipales de Ahuacatlán, Tepatlán y Tlapacoya para que acepten las obras.

De igual forma rechazaron la consulta que realizó la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Semarnat, pues sólo se pidió la opinión de una decena de habitantes y no se hizo en totonaco, a pesar de que los pobladores de más edad no entienden otro idioma.

Asimismo el pasado 28 de octubre denunciaron que Deselec y Comexhidro fabricaron delitos contra 14 habitantes por oponerse a los proyectos hidroeléctricos Puebla 1 y la Presa Zoquiapa.

Éste no sería el único caso donde habitantes de la Sierra Norte, en su mayoría indígenas, alegan que no son consultados sobre minas, hidroeléctricas, fractura hidráulica o ciudades rurales que se desarrollan en sus territorios.