El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, explicó a la comisión especial de diputados para el caso Ayotzinapa que no aceptó una reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, “porque el Ejército representa la soberanía nacional, reporta a los instituciones y a los poderes de México, y ese grupo no tiene jurisdicción en México”.

En una reunión, el lunes en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con los legisladores, Cienfuegos Zepeda les dijo que se rechazó el encuentro porque no quedaba claro qué carácter tendría, y si ello implicaría que se interrogara a los militares.

Legalmente, insistió, esos órganos no tienen jurisdicción en el ámbito del Ejército.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, los diputados que participaron en el encuentro explicaron que además el secretario de la Defensa y su estado mayor argumentaron que si no intervinieron en los hechos del 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, fue porque ninguna autoridad civil se los pidió.

Además, expusieron los mandos de la Sedena, cuando se enteraron de la agresión a los jóvenes, ya no había flagrancia, y si algunos militares acudieron al hospital Cristina fue para preguntar a los heridos si se encontraban bien.

La diputada Araceli Damián González, de Morena, explicó que aun así, el secretario Cienfuegos “abrió una puertita” para que los integrantes del grupo legislativo se entrevisten con los miembros del 27 batallón de infantería en Iguala

“Espero que cumplan, porque si no aceptaron al grupo de expertos, los diputados sí somos representantes y necesitamos escuchar su versión. No se trata de un interrogatorio, en búsqueda de desprestigio, sino que la sociedad conozca la versión de los hechos desde el Ejército, que si quiere que se le reconozca su buena actuación debe ser transparente con la sociedad”, dijo Damián González.

En entrevista, la legisladora precisó que uno de los argumentos de la Sedena para no intervenir al momento de la agresión contra los normalistas fue que el 26 de septiembre por la mañana los militares atendieron la volcadura de un camión que transportaba sustancias químicas, y no regresaron al cuartel hasta después de las 10 de la noche.

“Les preguntamos por qué si había tantos llamados de auxilio y había una situación extrema, no actuaron. Y la respuesta fue que no podían actuar porque se imaginaron un escenario de intervención del Ejército en atribuciones que no le corresponden. La respuesta del general fue que no cuentan con atribuciones, porque la seguridad pública está a cargo de la policía”, expuso la legisladora.

La presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía, indicó que el general Cienfuegos señaló que “el Ejército se reporta con el Presidente, se somete a los tribunales del orden común e incluso los integrantes del batallón de Iguala rindieron su declaración ante la Procuraduría General de la República”.

Mientras, en su encuentro de ayer, la comisión informó que el próximo lunes se reunirá con el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, y el siguiente miércoles con el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.

Comisión de legisladores se reunirá con Aguirre

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, el ex procurador de Justicia de aquella entidad, Alberto López Rosas, y su exsecretario de gobierno, Humberto Salgado Gómez, comparecerán el próximo miércoles 14 de octubre en la Cámara de Diputados por el caso Ayotzinapa.

Según otra nota del periódico 24 Horas, los integrantes de la comisión especial que le da seguimiento al reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aprobaron citar al otrora mandatario de Guerrero a fin de que explique la participación de su administración en este caso.

El pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías municipales de Iguala, y cremados en el basurero municipal del municipio de Cocula, según la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR).

Tras cuatro semanas de estos hechos, Aguirre Rivero –aún gobernador constitucional de Guerrero– solicitó licencia a su cargo de elección popular ante los integrantes del Congreso de aquella entidad el 23 de octubre, como una medida para facilitar las investigaciones del caso.

“Para favorecer un clima político que ponga la atención y la solución de estas prioridades (la localización de los normalistas), el día de hoy, con fundamento en el artículo 84 de nuestra Constitución Política del estado de Guerrero, he decidido solicitar licencia al honorable congreso del estado”, anunció Aguirre en aquella ocasión.

Semanas atrás se dio a conocer que Aguirre Rivero rindió su declaración ministerial, ante un ministerio público de la PGR en calidad de testigo, por los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.

Se sabe que el exgobernador de Guerrero se presentó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) el pasado 27 de agosto, para responder un cuestionario de 40 preguntas relacionadas a los hechos del 26 de septiembre, cuando los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala.

En octubre pasado, previo a su dimisión como gobernador, Aguirre Rivero y el entonces secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, declararon diputados federales y en aquella ocasión afirmó que no intervinieron en los hechos porque José Luis Abarca, hoy preso, no respondió el teléfono cuando le llamaron para saber lo que ocurría.

Ayer, los legisladores federales aprobaron citar a los tres exfuncionarios del gobierno guerrerense, al igual una reunión para próximo lunes 12 de octubre con Sergio Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, entidad que depende de la Presidencia de la República.

Ofrecen recompensa para capturar a implicados en caso Ayotzinapa

La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de hasta dos millones y medio de pesos, para quien ofrezca información que ayude a dar con el paradero del ex director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, uno de los principales implicados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Asimismo, informó que la recompensa se dará a quien proporcione información que permita la captura de otros 4 presuntos responsables de los hechos suscitados el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Según otra nota del diario Crónica, la dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación que el ofrecimiento es para la localización, detención o aprehensión de José Ulises Bernabé García; José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo; Erick Sandoval Rodríguez, La Rana, y Miguel Miranda Pantoja, Pajarraco.

Señaló que los dos millones 500 mil pesos se otorgarán a quien proporcione información para la localización, detención o aprehensión del ex director de Seguridad Pública, Flores Velázquez; mientras que para cada uno de los demás se darán un millón 500 mil.

Según el acuerdo, que entró en vigor este martes, esas personas son presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada y los que resulten en contra de los 43 normalistas, ocurridos el 26 y el 27 de septiembre de 2014, en Iguala de Independencia, Guerrero.

Asimismo, detalló que la información se recibirá en Paseo de la Reforma número 75, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc; en el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx; o en los números telefónicos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 4748, en el Distrito Federal, y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país.

El ex director de la policía es señalado por Sidronio Casarrubias, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, de ser parte de la red de delincuencia organizada encabezada desde la presidencia municipal de Iguala.

Cabe recordar que ya en octubre del año pasado, la PGR había ofrecido recompensas para quien diera información que permitiera dar con el paradero de los estudiantes de la normal rural desaparecidos.