La Procuraduría General de la República interpondrá el recurso de apelación contra la libertad dictada a favor de cuatro de los siete militares acusados de participar en la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 junio de 2014.

En un comunicado, la dependencia federal informó que seguirá aportando las pruebas necesarias para sustentar las imputaciones contra los oficiales del Ejército.

"Dicha determinación (la libertad de cuatro acusados) fue acatada en sus términos; sin embargo, esta Representación Social, haciendo uso de los instrumentos legales necesarios contenidos en el marco jurídico, interpondrá el recurso de apelación correspondiente.

"Lo anterior en razón de que el Ministerio Público de la Federación seguirá aportando los elementos de prueba suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable o plena responsabilidad de las personas involucradas, según sea el caso, en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales", dijo la PGR según una nota del periódico Reforma.

Esta tarde, un juez federal ordenó la libertad de los oficiales del 102 Batallón de Infantería Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, detenidos por el caso Tlatlaya, al estimar que la PGR no ofreció evidencias de que incurrieran en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Sin embargo, los cuatro soldados beneficiados con la resolución judicial permanecen detenidos en una prisión castrense, ya que están sujetos a proceso penal por delitos de la jurisdicción militar, mismos que no son considerados graves y les permitirán gozar de la libertad provisional bajo fianza.

De acuerdo con otra nota del diario La Jornada, el auto de libertad que emitió el juez Rubén Noguera el pasado viernes se dio en cumplimiento a la orden de un tribunal unitario, el cual la semana pasada determinó que las pruebas aportadas por la PGR eran insuficientes para mantener bajo proceso a cuatro de los siete militares acusados de diversos delitos, entre ellos homicidio.

El penalista Juan Velásquez dijo ayer en entrevista con La Jornada que asesoró a los abogados que defienden a los militares imputados. Según el litigante, será cuestión de horas para que los cuatro militares garanticen el pago de su caución y abandonen la prisión castrense.

El abogado Velásquez descalificó la investigación que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se concluyó que en los hechos de Tlatlaya hubo al menos 11 personas ejecutadas a manos de algunos de los militares ahora sujetos a proceso.

‘‘Es una verdadera mentira el que los militares hayan entrado a la bodega; mentira que se está cayendo en pedazos. No hubo ninguna ejecución, fue un enfrentamiento’’, dijo el penalista.

La formal prisión contra siete de los militares involucrados en el caso Tlatlaya fue dictada (vía exhorto) el pasado 8 de noviembre de 2014 por el juzgado primero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal.

El proceso contra los imputados se seguía en el juzgado cuarto de distrito de Toluca; el pasado viernes el titular del juzgado ordenó la inmediata libertad de cuatro de los siete procesados. De las constancias de autos de la causa penal 81/2014, a la que tuvo acceso este diario, queda claro que entre autoridades de la PGR y de la CNDH existen diferencias de interpretación sobre lo ocurrido en Tlatlaya.

Mientras la comisión concluyó en su recomendación que algunos de los militares implicados ‘‘ejecutaron al menos a 15 de los presuntos secuestradores, después de que éstos ya se habían rendido’’, la autoridad ministerial (el entonces procurador Jesús Murillo Karam) sostiene que sólo tiene pruebas para demostrar ocho homicidios sumarios y para acusar como autores directos de los mismos a tres de los militares implicados.

Según informes del expediente, la procuraduría únicamente acusó de ocho homicidios dolosos a los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides. A ellos también les imputó los delitos de abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

A dichos militares, así como a sus compañeros Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, también se les dictó la prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Al mismo tiempo, Rodríguez Martínez fue procesado por encubrimiento, por no procurar impedir la consumación de un ilícito.