• Seguridad

Pide Arturo Loyola sanción ejemplar por robo de combustible

Plantea que la autoridad está obligada a dar una explicación del tema
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Por tratarse de un problema de seguridad nacional, las autoridades están obligadas a dar una explicación pública de los hechos en relación al robo de combustible en los ductos de Pemex, planteó el ex regidor y miembro de la dirigencia estatal del PRD, Arturo Loyola.

En un escrito, recordó que datos oficiales publicados en diversos medios señalan que se ha incrementado notablemente el número de perforaciones a los ductos de PEMEX para el robo de combustibles, y que según cálculos oficiales, las pérdidas por dicho robo de gasolina promedian los 17,000 millones de pesos anuales; lo que aproximadamente equivale a un peso de cada dólar que se destina a la importación de gasolina.

Mencionó también reportes de investigaciones periodísticas que han estimado en 76,200 millones de pesos las pérdidas de PEMEX por el robo de combustible durante el periodo 2012 – 2014.

Para Loyola, algunas de las preguntas que se deben responder son: ¿Cuál es el mercado o el destino que se da a los combustibles robados en los ductos de PEMEX?  ¿Por qué el robo de gasolina ha propiciado desabasto en las gasolineras cuando se supone que el combustible robado también lo venden?¿La gasolina robada de los ductos de PEMEX, finalmente se vende en algunas gasolineras o se vende fuera de ellas? ¿No ha detectado PEMEX a las gasolineras con la mayor variación en su demanda de suministro del combustible, de forma tal que pueda verificar si algunas gasolineras se surten con combustible robado?La SEDENA e investigaciones periodísticas han detectado que algunos mandos policiales de los tres niveles de gobierno están involucrados en el robo del combustible a PEMEX. La pregunta que surge –dice Loyola- es si también existen otros funcionarios públicos involucrados, no sólo del poder judicial sino también de los poderes ejecutivo y legislativo

Por tratarse de un problema de seguridad nacional, destaca el perredista, las autoridades están obligadas a dar una explicación pública de los hechos, pero además tienen el deber de actuar con prontitud, determinación y responsabilidad para evitar que el ilícito continúe ocurriendo.

Los responsables –finaliza- deben ser sancionados de manera ejemplar.

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