El presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), Francisco Romero Serrano, denunció que en lo que va del año se han presentado un total de 12 asaltos en contra de integrantes de este organismo.

Detalló que en dos de los casos se utilizó la violencia, además de que se han registrado, de manera recurrente, intentos de extorsión contra los empresarios de este organismo.

“Resulta preocupante la gran cantidad de asesinatos que se han perpetrado en los últimos meses, además de que asesinatos como el del empresario Antonio Haces, han quedado impunes. No se presentan avances en las investigaciones y tampoco se ha dado a conocer el nombre de los culpables", lamentó.

Señaló que, por ahora, están a la espera de que haya una respuesta por parte de los integrantes de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal para exponerles la problemática que la iniciativa privada percibe, y emprender estrategias para disminuir la incidencia delictiva que pareciera va en incremento en nuestra entidad.

Romero Serrano destacó la importancia de atender de manera urgente el tema de la inseguridad porque en Puebla ya se prenden los focos rojos, sobre todo porque nos encontramos, geográficamente, en medio de entidades que presentan problemáticas serias en manera de seguridad.

Gobierno del estado utiliza a Finanzas como garrote contra empresarios

En otro tema, el presidente del COE denunció que son al menos 130 las empresas de este organismo las que han expresado su incomodidad e inconformidad ante los procedimientos a los que han sido sometidas por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

"Los empresarios consideran que el cobro de impuestos y la realización de auditorías por parte de esta dependencia obedecen solamente a que quieren amedrentarlos por haber presentado alguna inconformidad sobre el actuar de la SFA. Pareciera que la quieren usar como un garrote en contra de los empresarios generadores de empleos y de riqueza en la entidad".

Romero Serrano agregó que ya los contribuyentes iniciaron procedimientos para revertir las medidas impuestas por la SFA, y se piensa que incluso podrían llegar hasta el poder judicial, particularmente en tribunales fiscales.