Tras inconformarse por el hostigamiento y la discriminación laboral que padece en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), un elemento de la Policía Estatal fue cambiado de adscripción cinco veces, como represalia, en menos de un año, por lo que pidió a las autoridades que intervengan en su caso, pues aunque ya presentó su queja en Contraloría del Estado, aún no le han dado una solución.

El elemento, quien pidió el anonimato para evitar más problemas, explicó que padece una discapacidad motora a causa de un accidente que sufrió durante su desempeño en la corporación, por lo que, al igual que otros compañeros que tienen limitaciones físicas, fue recomendado para trabajar como intendente en la misma dependencia.

Es así que el 7 de noviembre de 2014,  cuando los empleados de esa área se encontraba trabajando, se presentaron el "licenciado" Norman Vizcaíno Viveros y "el ingeniero Zaac", para informarles que ambos eran sus nuevos jefes inmediatos por órdenes del ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, y del encargado de despacho de Desarrollo Institucional y Administrativo Policial,  Alberto Valencia Velasco.

Días después, Vizcaíno Viveros empezó con malos tratos y discriminación hacia los intendentes. Además, los amenazaba diciéndoles que podía darlos de baja ya que Facundo Rosas y Valencia Velasco le habían otorgado esa facultad.

Ante los tratos inhumanos que recibían, el policía decidió poner al tanto al ex director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, a fin de que tomara cartas en el asunto, por lo que le envió un escrito. Sin embargo, para que le llegara de manera directa, tuvo que pagar una cuota a intermediarios.

Luego de unos días, se le acusó de ser "conflictivo" y a él y a tres compañeros más les hicieron llegar sendos oficios, firmados por Valencia Velasco, en donde se les notificaba su cambio de comisión a la base de operaciones de Acatlán de Osorio.

De acuerdo con anteriores denuncias policiales, una de las formas que tienen sus mandos para reprimir a los elementos inconformes, es enviarlos a las bases de operación que están de extremo a extremo de la entidad o lejos de la capital. Esto, según las versiones de los policías, es con el objetivo de cansarlos y motivarlos a que ellos mismos pidan su renuncia, para que así pierdan sus prestaciones de ley, como la liquidación o el derecho a pensionarse.

Cuando el uniformado ya se encontraba trabajando en Acatlán, lo cambiaron a Tepeaca y después, por órdenes de Estrada López -que fue detenido el 14 de julio por robo de hidrocarburo-, lo regresaron a Acatlán.

En esa ocasión, el elemento promovió un amparo para que dejaran sin efecto el cambio de adscripción, pero antes de que el juez federal emitiera una sentencia, lo cambiaron a la ciudad de Puebla y a inicios del pasado mes de junio lo mandaron otra vez a Tepeaca.

Ante ello, el agente fue a hablar con el particular de Estrada López para pedir que lo dejaran en Puebla, donde se sentía conforme, sin embargo, se lo negaron.

El 18 de junio, el afectado envió una queja a Contraloría, en donde expuso que tan sólo en unos cuantos meses fue cambiado cinco veces sin motivo o sin fundamento legal; se le señaló de ser conflictivo y problemático sólo por defender sus derechos laborales, además de que ha sido hostigado y discriminado en su trabajo.

A la fecha, el policía no ha obtenido respuesta, por lo que le pidió a Contraloría que intervenga lo más pronto posible, ya que los cambios de adscripción mermaron su salud, aunado a que han puesto en riesgo su situación económica.

Mencionó que en caso de que no le den una solución, promoverá otro amparo y recurrirá a las instancias que correspondan para solicitar que lo regresen a la ciudad de Puebla y exigir respeto a sus derechos humanos y laborales.