Las empresas Taxi Rápido, Central Esmeralda, así como el Consejo Taxista de Puebla, conformaron un bloque para enfrentar la eventual operación en la ciudad de Puebla de las empresas Uber y Cabify que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros pero a través de una aplicación de teléfonos móviles.

El presidente del Consejo Taxista, Pedro Díaz García, sentenció que el gremio taxista poblano está abierto a la competencia siempre que esta se realice en igualdad de condiciones, situación que no ocurre con las nuevas empresas, pues puntualizó que estas trabajan de manera ilegal.

Directivos de Uber informaron recientemente que iniciarán operaciones en la entidad el próximo ocho de junio, mientras que los de Cabyfy señalaron que entrarán en el mercado poblano durante la segunda mitad de 2015.

En entrevista previa a la postura que este jueves fijará el bloque taxista durante una conferencia de prensa, Díaz García subrayó que no pretenden enfrentarse con las nuevas firmas, pues aseguró que están abiertos a competir.

No obstante, remarcó que solicitarán a la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT) que aplique las mismas reglas que solicita a los taxistas tradicionales para poder laborar. “Vemos con agrado que lleguen a Puebla, no nos quita el sueño la llegada de estas dos empresas, siempre que compitan en igualdad de condiciones”, acotó.

Explicó que para que ellos puedan operar, la normativa aplicable en el estado les exige una experiencia mínima de tres años como conductores particulares, y de otros seis meses como operadores de una unidad del servicio mercantil.

Otro requisito plantea que los operadores de los taxistas deben presentar exámenes toxicológicos periódicamente, no tener antecedentes penales, tomar cursos de capacitación en una “empresa descentralizada del gobierno del estado denominada como El Conocer”, misma que les permite tener certificaciones, dijo.

En caso de que Uber y Cabify no cumplan con esos requisitos, dijo el representante del bloque referido, estarían operando en la ilegalidad o serían unidades “piratas” y se harían acreedores a una sanción de entre 50 y hasta 500 días de salario mínimo, es decir, entre 3 mil 300 y 50 mil pesos, así como desde tres y hasta tres años de cárcel.

No obstante, comentó que confían en que el gobernador Rafael Moreno Valle hará valer uno de sus lemas y que “nadie estará por encima de la ley”.

En el Distrito Federal (DF) los taxistas han realizado múltiples manifestaciones en contra del servicio que ofrece Uber, pues aseguran que las unidades de esta empresa no cuentan con concesiones otorgadas por un ente gubernamental.

En contraste, los usuarios de Uber crecen diariamente, debido a que este servicio se contrata a través de una aplicación instalada en un teléfono móvil, y a que ofrecen servicios como personalizar la música que se escucha en el automóvil durante el viaje.