Tras emitirse tres nuevas órdenes de aprehensión contra integrantes de Cholula Viva y Digna, la organización se reunió este jueves con abogados solidarios para analizar una respuesta jurídica, toda vez que ya habían ganado un amparo y se les vuelve a acusar como una forma de amedrentarlos.

Josué Xicale Coyopol, vocero de la organización, aseguró que este jueves los acusados -Braulio Coyopol, Karina Pérez y Roberto Formacio- sostuvieron una reunión con los abogados porque el Juez Penal de Cholula, a pesar de que no tiene elementos para señalarlos por los delitos de daño en propiedad ajena doloso, privación ilegal de la libertad, ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, los acusa de nueva cuenta.

Aunque no detalló si interpondrán un amparo, dijo que sí se defenderán ante la justicia federal, además de que harán públicas todas las acciones en agravio a de sus compañeros debido a que es una forma de amedrentarlos.

Los tres acusados, más Arturo Huelitl, ganaron amparos contra las órdenes de arresto, lo cual no ha sido tomado en cuenta por el juez penal de Cholula.

Las imputaciones se derivan de las protestas que emprendieron contra la construcción del Parque Intermunicipal y la toma de la presidencia de San Andrés Cholula.

Es una forma de intimidación

Para Josué Xicale la decisión del juez cholulteca es desafortunada, porque a pesar de que no tiene elementos para juzgar a sus compañeros desestima la postura del juez federal al copiar y pegar la misma orden de aprehensión para formular una nueva.

"Es una estrategia para mantenerlos ocultos, resguardados, en la zozobra y eso habla mal de la autoridad porque en lugar de que sea la primera instancia que defienda los derechos humanos, es la que los viola", dijo el activista que se opone a la construcción del parque en las inmediaciones de la pirámide de Cholula.

Es importante destacar que en total se han liberado 14 órdenes de arresto contra los integrantes de Cholula Viva y Digna, cuatro de ellas ya se ejecutaron al detener a Adán y Paul Xicale, así como a Albino y Primo Tlachi. Los dos últimos salieron del penal de San Pedro Cholula el 25 de marzo tras ganar un amparo.

Sin embargo, los dos primeros siguen en prisión a pesar de que han ganado dos amparos contra los delitos que se les imputaron.

El resto de los perseguidos son Leonor Romero Balseca, Teódulo Cuaya, Armando Pérez, Paola de la Concha, Édgar Larriñaga y Víctor Blanco. Y con estas tres nuevas órdenes de aprehensión también Braulio Coyopol, Karina Pérez y Roberto Formacio.

Autoridades son quienes acusan

Otra cuestión que destacó la organización Cholula Viva y Digna es que la parte acusadora en todos los casos es el ayuntamiento de San Andrés Cholula y sus funcionarios públicos, debido a que el síndico Paulino Pedro Lazada Cuaya los denunció por daño en propiedad ajena doloso, despojo, ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, presuntamente en ofensa a la sociedad.

Jesús Salvador Zaldívar Benavides –ex secretario general del ayuntamiento-; el secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso García; José Héctor Huerta Calvario; José Rivardo García, y Enrique Nacer Hernández los inculpan por privación ilegal de la libertad.

La situación de fondo de las acusaciones es la construcción del Parque Intermunicipal en los predios laterales y posteriores a la pirámide de Cholula, donde se proyecta un lago artificial, alberca, fuente lúdica, andadores, palapas y el cobro de la entrada, según las especificaciones generales del proyecto que realiza el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

La construcción del parque podría poner en riesgo la zona arqueológica de Cholula, además de afectar los usos y costumbres al bloquear el acceso al templo de Los Remedios, en la cúspide de la pirámide.