La compensación de 4 millones de pesos para los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan no representa ni el diez por ciento de lo que indican estándares internacionales para reparar el daño a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, expuso el activista Misraim Hernández Fernández.

Ante esta situación, los afectados y sus representantes legales buscarán este lunes al presidente Enrique Peña Nieto, quien inaugurará la remodelación del Hospital del Niño Poblano, para que conozca la situación y los ayude a obtener justicia.

Fijan en 4 mdp reparación del daño

En respuesta a la solicitud de información 00061114, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que el Fideicomiso Público denominado Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014 fue creado con una aportación inicial de 4 millones de pesos, aunque se negó a especificar el número y nombres de los beneficiarios.

En la recomendación 2VG/2014, emitida el 11 de septiembre, se indicó que fueron 14 las víctimas civiles del operativo del 9 de julio, una de ellas es el niño José Luis Tlehuatlie Tamayo, quien falleció por el impacto de una lata de gas lacrimógeno lanzada por policías estatales.

También se encuentra el joven Hugo Jiménez, quien perdió el ojo, por lo que reconoció como una bala de goma.

Cabe recordar que el 9 de julio habitantes de Chalchihuapan se manifestaron y bloquearon la autopista Puebla-Atlixco por la salida del registro civil de su comunidad, esto por la reforma a la Ley Orgánica Municipal. La policía estatal desalojó a los manifestantes de manera violenta y por ese motivo se emitió la recomendación de derechos humanos.

Dinero, sólo una parte de la compensación

Hernández Fernández, vocero de Contingente Puebla, apuntó que los recursos sólo son una parte de la compensación, porque en realidad no habrá dinero suficiente para reparar una vida o un miembro para los afectados.

Destacó que las víctimas, de las cuales es representante en materia de compensación de daños, no buscan una cantidad en específico, sino que se les brinde justicia, porque hasta el momento no la tienen a pesar de que el gobierno estatal aseguró que cumplió con los once puntos de la recomendación de la CNDH.

Aunque las autoridades estatales informaron en el documento CNDH/6VG/DGVGDH/012/2014 que se invitó a los pobladores de Chalchihuapan dos horas antes a que asistieran a un evento el 17 de octubre para informarles sobre el fideicomiso para reparar el daño, no han regresado para hacer la entrega de los fondos.

La misma madre de José Luis Alberto, Elia Tamayo Montes, aseguró que no ha recibido nada por parte del gobierno estatal.

Se incumple con la Ley de Víctimas

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la reparación del daño se refiere al "restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito o la violación a alguno o algunos de los derechos humanos". Así como se garantice la "no repetición" de las violaciones a los derechos humanos.

La normativa también indica que la reparación del daño moral, que se entiende sufren todas las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, no es en términos económicos, porque se refiere al sufrimiento y aflicciones causadas a la víctima y sus familiares.

Sin embargo, sí establece que la autoridad responsable debe resarcir los daños ocasionados pagando salarios o percepciones correspondientes si se generó alguna incapacidad, así como el pago de los gastos de asesoría jurídica de las víctimas, los tratamientos médicos y sicológicos. Además de los gastos de transporte, alojamiento y alimentación que le ocasione a las víctimas trasladarse al lugar del juicio.

El dinero para la reparación del daño no debe descontarse de la compensación, misma que debe ser de manera proporcional a la violación sufrida, buscando "reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas".

Buscarán acciones jurídicas

Debido a que las víctimas del caso Chalchihuapan no obtienen justicia, pues los policías involucrados en el caso ya fueron liberados, el abogado de Elia Tamayo, Alejandro del Castillo, informó que interpondrá una denuncia penal en contra del secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas y el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, como autores intelectuales del operativo que resultó en la muerte de un menor.

También exigirá a la CNDH un informe sobre el seguimiento a la recomendación 2VG/2014 y que dé a conocer los documentos y pruebas presentadas por el gobierno poblano para decir que sí cumplió con los once puntos.

En caso de que la dependencia federal no responda, se buscará a las embajadas y otras instancias internacionales para que las víctimas sean compensadas con base a los estándares internacionales.

Del Castillo destacó que entre otras acciones, se pedirá que el Hospital del Niño Poblano lleve el nombre del menor de edad que falleció en Chalchihuapan: José Luis Tlehuatlie Tamayo, y solicitar una reunión de manera directa con el presidente Peña Nieto.

Discurso del informe, una burla

Con respecto a la mención que hizo el mandatario poblano respecto al caso Chalchihuapan durante su cuarto informe de gobierno, el pasado 15 de enero, Misraim Hernández apuntó que es una burla tanto para los afectados como para la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque en Puebla no hay un estado de derecho.

Durante su informe Moreno Valle indicó que los habitantes de Chalchihuapan trasgredieron la ley al bloquear con una manifestación la autopista Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio, y justificó el uso de la fuerza pública para dispersar la protesta, al señalar que la obligación de un gobierno es “garantizar que impere el estado de derecho, el orden y la paz social”.

Para el activista, el Ejecutivo estatal justifica la muerte de José Luis y las heridas graves a otras 13 personas, yendo en contra de las propias investigaciones de la CNDH.