Habitantes de San Miguel Canoa instalarán desde hoy un nuevo sistema de seguridad comunitario indígena. Serán colocadas casetas ciudadanas en todos los puntos de acceso de la junta auxiliar y serán resguardadas por comités de seguridad desarmados que impedirán que uniformados o personas ajenas ingresen sin permiso de los vecinos, incluidos los candidatos que busquen el voto en el próximo proceso electoral.

Así lo informó Roció Pérez en rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), quien reveló los acuerdos de la asamblea realizada por los habitantes el pasado lunes, luego del intento del gobierno del estado de imponer arbitraria e ilegalmente autoridades en la comunidad.

Integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y activistas de CENCOS justificaron la ausencia física de Rocío —quien participó telefónicamente—y denunciaron el hostigamiento a la comunidad y la nueva amenaza de traslado del edil al penal de Tepexi de Rodríguez si la familia continuaban manteniendo la oposición. Incluso señalaron que el gobierno del estado presionó para que se cancelara la conferencia en el Distrito Federal.

Vigilancia pacifica

El principal punto de acuerdo en la comunidad, explicó Rocío Pérez, fue la instalación de casetas en todos los puntos de acceso, así como en las diez secciones en las que se divide la junta auxiliar, a fin de mantener en resguardo y vigilancia a la población.

“Solamente podrá entrar la gente que cuente con permiso de los vecinos. No vamos a permitir el ingreso de ningún candidato, ningún representante de ningún partido político, y por supuesto, de ningún uniformado”, dijo

También aseguró que serán expulsados los 30 agentes que se encuentran en resguardo de la presidencia auxiliar de San Miguel Canoa, a los que describió como “una cuadrilla de granaderos”.

Rocío aseguró que si las demandas de la población no son cumplidas y el presidente auxiliar no es liberado antes de julio, o se resuelva el conflicto, no se permitirán el acceso al Instituto Nacional Electoral y serán canceladas las elecciones en San Miguel Canoa.

Los acuerdos anteriores se dan después de tres meses de conflicto y tres incursiones de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial de Puebla en la población de Canoa.
Insistieron en que los comités ciudadanos de vigilancia no tienen armas de ningún tipo y que la resistencia es pacífica.

Relaciones rotas

La junta auxiliar de Canoa se mantiene en rompimiento de relaciones con el ayuntamiento y el gobierno estatal de Puebla, desde que fue detenido su presidente auxiliar Raúl Pérez el 31 de octubre de 2014.

CENCOS insistió en que Raúl Pérez Velázquez es un preso político más del gobierno de Rafael Moreno Valle, por no estar a favor de los cambios a la ley orgánica municipal, donde les quitaron a las juntas auxiliares facultades como el manejo del Registro Civil y de sus policías.

Abogados de la ANAD recordaron que al edil auxiliar se le fabricaron delitos luego de conformar el Comité Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos, organización a la que se sumaron una centena de presidentes auxiliares para oponerse a las medidas gubernamentales.

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Estimado Rodolfo Ruiz.

En referencia a esta nota (http://e-consulta.com/nota/2015-01-14/sociedad/canoa-anuncia-que-instalara-sistema-de-seguridad-comunitaria), queremos aclarar que Cencos sólo participo proporcionando el espacio para la conferencia de prensa; los participantes son todos parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), aunque no se pusieron identificadores por razones de seguridad.

Una disculpa si este no es el correo adecuado para hacer la aclaración, pero fue el único que encontramos en su sitio web.

Gracias de antemano.



Uriel Reyes
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