El moche no para y ahora tiene un nuevo fondo.

Contratos en poder del periódico Reforma detallan cómo una empresa gestora acuerda con los municipios una comisión por bajarles recursos del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), constituido apenas este año.

"Declara el Municipio que ha solicitado a la prestadora de servicios denominada Comercializadora AGAM, la hechura, consultoría, administración y asesoría especializada en la obtención de un recurso de los denominados Federales bajo el contrato de Fideicomiso FAIP, solicitado por el ayuntamiento.

"El Municipio se obliga a pagar a Comercializadora AGAM (...) por cada recursos aceptado y entregado, por la UPDC (Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), una comisión del importe de cada recurso", se señala en el contrato.

Aunque las reglas de operación de dicho fondo señalan que todos los trámites relacionados con éste deben realizarse directamente entre servidores públicos competentes de la Federación y los municipios y sin intermediación de terceros, los gestores buscan a los alcaldes para armarles un proyecto.

Además, les garantizan la obtención de los recursos para obras.

Según la nota del periódico Reforma, los proyectos deben tener el aval de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda para que puedan obtener financiamiento.

De acuerdo con fuentes que conocen estas negociaciones, dicha situación se presenta en municipios de Jalisco, Morelos, el Estado de México e Hidalgo, donde los moches son del 30 por ciento.

En Zacatecas, varían entre el 30 y 40 por ciento y, en Veracruz, son del 40 por ciento.

De estas cifras, la comisión se reparte generalmente así: 4 por ciento para el alcalde, 12 por ciento para funcionarios de Hacienda, 16 por ciento para el gestor y 2 por ciento para la constructora.

Los gobiernos locales también quedan obligados, tras la firma del contrato con AGAM, a mantener en la confidencialidad, durante un periodo de dos años, toda información recibida por la empresa.

Este año, el FAIP cuenta con 2 mil 500 millones de pesos, en tanto que, para 2015, el Ejecutivo federal propuso una cifra similar.

El pasado 8 de abril se constituyó el nuevo FAIP luego de gestiones de asociaciones de municipios con la Secretaría de Hacienda.

Los alcaldes le solicitaron a la dependencia federal nuevos recursos para financiar infraestructura y mejorar servicios públicos en un esquema en el que no hubiera intermediarios ni la gestoría de diputados, como sucede con otros fondos.

Ahora los municipios pueden pedir la cantidad de recursos que deseen sin un límite establecido, aunque deben sustentar que son para obras.

Investigan a ex alcalde de PRD ligado al narco en Morelos

Todos la conocen como La Jefa. El PRD, su partido, fue testigo de su “habilidad” política para encumbrar a su esposo Alberto Figueroa Valladares, en 2009, como presidente municipal de Emiliano Zapata, situado en la franja de las localidades más violentas de un estado que se disputan los cárteles de Sinaloa, la Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, los Beltrán Leyva, Guerreros Unidos y Los Rojos.

El nombre de Catalina Ríos Núñez, La Jefa, se antepuso al de su esposo en Zapata durante el trienio 2009-2012. Sus órdenes eran acatadas con mayor entereza por el gabinete municipal y durante el mandato cumplió a cabalidad con el mote.

Un año después de concluir su gestión, su nombre resurgió con más fuerza pero porque la PGR la investigaba, junto con su esposo, por el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con otra nota del periódico El Universal, el abogado de ambos, Cipriano Sotelo Salgado, uno de los más experimentados en el desarrollo de los juicios orales, declaró que Ríos Núñez “apenas figuraba en esa investigación, y después indicó que el Ministerio Público Federal exoneró de los cargos a sus clientes porque demostró la falsedad de la denuncia anónima.

Pero Catalina, La Jefa, está considerada otra vez por la Procuraduría General de la República en una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La indagatoria de la dependencia AC/PGR/MOR/CV/110/V/2014 cita que La Jefa ha sostenido reuniones con Servando Gómez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios. El documento de la PGR detalla que el ex edil de Zapata, Alberto Figueroa, esposo de La Jefa, todavía es indagado por presunto enriquecimiento inexplicable.

En los datos que exhibe la PGR se indica que Ríos Núñez mantiene el control del municipio de Emiliano Zapata porque el actual alcalde, Carlos Eduardo Martínez Varela, fue promovido, impulsado y entronizado por La Jefa y en el trienio anterior fue el tesorero municipal de su esposo. Martínez también es investigado por presunta complicidad con la pareja.

Al término de la gestión 2009-2012 La Jefa reactivó sus huestes y logró colocarse en el primer sitio de las listas del PRD para diputados plurinominales en los comicios de 2012, pero por primera vez la suerte política le dio la espalda, ya que el PRD ganó casi todo y quedó fuera de las distribución de curules por representación proporcional.

Con La Jefa también pretendía una curul su compañero Miguel Ángel Rabadán Calderón, ex alcalde de Jiutepec, pero al final fue retirado de las posiciones por las alianzas que hizo el PRD.

Rabadán Calderón sucedió en la alcaldía al actual senador Rabindranath Salazar Solorio, quien lo llamó para atestiguar su anuncio de dejar al PRD e incorporarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Pero La Jefa no se dejó vencer y en el pasado proceso interno del PRD para elegir consejeros estatales activó sus “habilidades” políticas y su corriente identificada con Nueva Izquierda se sumó a un grupo de liderazgos regionales para conformar el grupo Demócratas de Izquierda y captar 21 mil 100 votos de un total aproximado a los 83 mil sufragios de la militancia perredista.

En el PRD dicen que La Jefa ya pidió la posición 1 en la lista de las diputaciones plurinominales en los comicios de junio de 2015 porque de los 21 mil 100 votos ella sola metió cinco mil.

Cipriano Sotelo Salgado, abogado de la pareja de Zapata, manifestó que hasta el momento sus clientes no han sido notificados de alguna investigación en su contra, pero sostuvo que hay disposición para cooperar con las autoridades. En su opinión, las acusaciones en contra de Catalina Ríos, La Jefa, responden a su avance en la política local.

“Son denuncias anónimas que no tienen sustento y que en su momento desvaneceremos con pruebas”, afirmó el abogado penalista.

Sotelo Salgado manifestó que, como en otras ocasiones donde ha sido señalada de cometer presuntos delitos federales, su cliente exigirá el derecho de defensa y por ahora se encuentran a la espera de ser llamados para aportar los elementos a su favor.

“He defendido al matrimonio como en cuatro o cinco casos. No hay temor. Al contrario, nos haría bien que hicieran una investigación a profundidad porque ella es una mujer empresaria que declara impuestos y es fácil advertir que sus propiedades las ha obtenido con su trabajo”, alegó Sotelo Salgado.

Y aunque el abogado sostuvo que ya concluyó el proceso en contra de la pareja de Zapata por presunto enriquecimiento ilícito, el documento de la PGR cita que está vigente la investigación PGR/104/2013, en el cual declararon siete ex servidores públicos de Zapata en el trienio 2009-2012.

Otros integrantes de esa administración municipal afirman que tienen más elementos de prueba pero temen declarar ante el Ministerio Público Federal porque, en su opinión, ha mostrado parcialidad en el caso.