El informe sobre los 33 encarcelamientos de activistas en Puebla realizados en el sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle fue presentado ante el Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias y Arbitrarias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmó la diputada federal del Partido del Trabajo, Loretta Ortiz Alhf.

“Existe incumplimiento de Tratados Internacionales por parte del gobernador de Puebla al detener injustificadamente a poblanos sin que existan delitos. Los presos políticos del gobierno de Rafael Moreno Valle son personas que se manifestaban en las calles”, precisó Ortiz durante el foro de Derechos Humanos llevado a cabo este martes en Tlaxcalancingo.

La diputada federal condenó la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado” porque,  explicó, en el fondo limita el derecho ciudadano a la protesta y la libertad de expresión.

Señaló que la Ley genera un ambiente intimidatorio del ejercicio de derechos, cuando debería garantizar su ejercicio, además de limitar explícita y efectivamente al Estado en el uso de la fuerza.

“Es diferente que se aplique la ley para detener algún provocador en medio de la protesta, pero no se debe criminalizar la manifestación. ¿Por qué la policía no detiene a quien lanza petardos y comete actos violentos?, porque sabemos que son los mismos que envía el gobierno para reventar las protestas y calificarlas como fuera de legalidad”, citó.

Consideró que derogar la “Ley Bala”, como el gobernador Rafael Moreno Valle solicitó al Congreso del estado, es urgente pero no es suficiente para resolver las “grandes injusticias” cometidas a su amparo.

Es necesario procesar a los elementos policiacos y a quienes ordenaron la represión, que son responsables de abuso de poder, de heridas graves, de tentativas de homicidio, de tratos crueles e inhumanos, así como de la ejecución extrajudicial del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Las 33 detenciones arbitrarias en Puebla

La solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuesta el pasado 7 de agosto del 2014 está encabezada por la detención de la comisariada ejidal Enedina Rosas Vélez, de Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cardero Calderón, quienes expresaron su desacuerdo frente al proyecto Integral Morelos y la construcción del Arco Poniente en sus comunidades. Los detenidos no alcanzaron el derecho a fianza por considerarse “personas de alta peligrosidad”.

El 16 de junio de 2014, en San Francisco Ocotlán, junta auxiliar de Coronango, también fueron detenidas 9 personas durante el operativo contra mototaxistas: Mauro Sarmiento Amaro de 48 años; Ignacio Ramos Michihua de 20; Jaime Alberto Fernández de Jesús de 34; Fausto Galicia Robles de 47; Antelmo Sánchez García de 52; Florencio Copalcua Hernández de 25; Ignacio Sarmiento Amaro de 52 y Juventino Tlahuech Tepox de 34.

En el operativo de Cacalotepec durante las protestas por el sistema de transporte RUTA el 21 de junio del presente, fueron aseguradas además 9 personas más: María Luisa Josefina Nava Nezahualcoyotl, María de los Ángeles Coyotl Nava, Juana Macuil Coyotl, Angélica Macuil Coyotl, Braulio Bulmaro Chantes Tlachi, José Hilario Pedro Mitnahuatl Chantes, Gabino Coyotl Eloa, Luis Tlachi Cortés.

El 1 de julio de 2014 en el Centro Integral de Servicios de Tehuacán y la carretera Puebla-Veracruz se manifestaron pobladores para exigir el regreso del Registro Civil bajo administración de las juntas auxiliares, y ahí la policía estatal reprimió a los manifestantes con gas lacrimógeno y balas de goma.

El saldo fue de 8 personas detenidas: Manuel Morales Guillermo, presidente auxiliar de Magdalena Cuayucatepec; Eduardo Rivera Espinoza; Modesto Fausto Cortés; Lucio Fuentes Cortés; Emilio Montalvo Montalvo; Domingo Guzmán Rivera Reyes; Abel Torres Martínez; Román Hernández Ramírez.

En el informe también se relatan los hechos del 9 de julio de 2014, ocurridos  en el kilómetro 16 de la carretera Atlixco-Puebla, donde uniformados procedieron contra pobladores, lo cual tuvo como saldo el asesinato del pequeño José Luis Tehuatlie Tamayo, debido a un proyectil lanzado contra los manifestantes.

El evento también culminó con las detenciones de Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras.