Mientras el gobernador de California, Edmund G. Brown, recomendó al gobierno y al Congreso mexicanos ‘‘mano dura’’ para regular a las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir en México, ‘‘o se los van a comer vivos’’,  una añeja transa de Pemex y el sindicato petrolero revivió en un juzgado de Texas.

LO anterior lo aseveró el gobernador de California durante una reunión que sostuvo con integrantes de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el legislador del PRI, Raúl Cervantes Andrade, así como por integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por la panista Gabriela Cuevas Barrón.

En el encuentro los legisladores de México y de Estados Unidos acompañantes de Brown enfocaron como tema central de su encuentro la crisis humanitaria que viven los niños migrantes que viajan solos, y las medidas que deben adoptarse para garantizar la integridad de estos infantes y jóvenes que en su mayoría son procedentes de Centroamérica y México.

 Sin embargo, el mandatario estatal californiano expresó que “al cambiar el mercado de energía y tener esas empresas de petróleo privadas hay que tener una mano dura de regulación, o se los van a comer vivos”.

Sobre este mismo tema, en entrevista por separado al término de la reunión, el senador por el estado de California, Lou Correa, indicó que en aquel estado hace muchos años se ha venido trabajando con el sector energético y petrolero, por lo cual “tenemos regulaciones para todas las industrias incluyendo la petrolera”.

Cuestionado respecto a las declaraciones del gobernador Brown —quien se retiró sin ampliar sus conceptos a los medios de información— en el sentido de que se debe tener mano dura en la legislación, el legislador californiano señaló que al mandatario “le gusta estudiar la historia, y en el caso de México, él reconoce su historia y ha seguido muy de cerca los nuevos pasos que están tomando en Pemex, y entonces él les dice, háganlo, pero háganlo con cuidado”.

Lo mismo se puede decir de la industria de la electricidad, ya que en nuestro caso, cuando pasamos a regularla hace 15 años “entonces hicimos unos errores muy fuertes que nos costó alrededor de 10 mil millones de dólares que hasta este momento seguimos pagando esa deuda”. Hubo algunos usuarios a quienes el costo de la energía eléctrica se elevó de 60 a 500 dólares al mes, además de los apagones que vivimos durante un año, que fue terrible esa situación.

Esto nos llevó a otro sistema de regulación independiente (el ISO), y son experiencias que ustedes pueden usar en el camino de México que sigue nuestros pasos, ya que nosotros —añadió—  hemos recorrido el mismo camino que ahora está experimentando México, “y entonces con mucho gusto, vamos a aprender y les vamos a enseñar las lecciones que nosotros dolorosamente hemos aprendido”.

Según la nota del diario Crónica, el senador Lou Correa aseveró que en el mundo se deben vigilar a todos los sectores económicos: telecomunicaciones, electricidad, petróleo, agua “tenemos que cuidar todo muy detalladamente, si no, el pueblo es el que paga”.

La regulación del Estado, mencionó, debe ser sobre un recurso que es un monopolio, si hay una sola compañía, o el gobierno que les da cualquier recurso, agua, petróleo o electricidad, debemos asegurar lo que se está manejando y se hace de manera adecuada y cuidar todos los sectores públicos y privados.

Refiriéndose al denominado sistema fracking para sacar petróleo de la tierra, dijo que “lo estamos estudiando y regulando con mucho cuidado para asegurar que no haya contaminación del agua ni de la tierra”. Aunque este sistema trae un nuevo recurso petrolero y energético… no debemos olvidar que nuestro petróleo proviene en su mayoría del Oriente Medio, en donde hay muchos problemas, comentó.

En California, hemos decidido que vamos a regular el fracking, pero también hemos decidido que no vamos a permitir que contamine el agua ni la tierra, finalizó Lou Correa.

Revive tranza de Pemex y su sindicato

Una añeja transa de Pemex y el sindicato petrolero revivió en un juzgado de Texas.

Una Corte de Houston resolvió que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) debe pagar un adeudo millonario por incumplimiento de contrato.

De acuerdo con otra nota del periódico Reforma, el pasado 15 de julio, la jueza Sylvia Matthews se pronunció a favor de Arriba Limited, una empresa texana que reclama más de mil 400 millones de dólares al sindicato.

El veredicto destaca que la deuda se puede saldar en cualquier parte del mundo y utilizando cualquier recurso legal, excepto en México.

De esta manera, los abogados de Arriba podrían buscar la expropiación de capitales y bienes del STPRM en el extranjero, algo que ya intentaron hace 10 años.

El caso de corrupción, con 30 años de litigios, inició en 1984 cuando Pemex otorgó al gremio, encabezado entonces por Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", una concesión para comercializar los residuos del petróleo crudo.

En ese año, la Comisión de Contratos del STPRM recibió 2 millones de dólares y pactó el acuerdo con Arriba Limited para comenzar a entregar un mínimo de 6 millones de barriles de aceite residual de la refinería de Minatitlán.

Sin embargo, la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto frenó el convenio por considerarlo ilegal. Pemex y el sindicato fueron demandados por incumplimiento y en 1986 se les exigió una indemnización por 92 millones de dólares.

La deuda se fue multiplicando a causa de los intereses y los daños ocasionados.

En el juicio, representantes de Arriba Limited declararon que el sindicato exigió dinero para sobornar a funcionarios de Pemex para obtener el residual; la empresa se negó, por lo que no recibió el petróleo prometido.

El gremio entró a negociar y pactó otorgar contratos directos de Pemex, pero hubo otro incumplimiento y en 1989 se presentó otra nueva demanda por 273 millones de dólares.

El conflicto fue tan grave que, en junio de 1989, el avión presidencial de Carlos Salinas llegó a Dallas y fue embargado. Horas después fue liberado al justificar que no era propiedad de Pemex.

En 1992, una Corte en EU desechó las demandas contra Pemex, pero avaló el incumplimiento del sindicato.

En septiembre de 2000, durante la negociación del contrato colectivo entre Pemex y el sindicato, Carlos Romero Deschamps alertó que el adeudo era cercano a mil 400 millones de dólares.

"La representación sindical (STPRM) reitera su petición de apoyo económico para estar en condiciones de atender en forma adecuada la resolución de la demanda que la empresa Arriba entabló en 1985", se lee en el convenio firmado por Romero Deschamps y Montemayor.

Se indicó en esa reunión que Arriba Limited había obtenido sentencias favorables en rebeldía en dos ocasiones. En 1986, por 92 millones 266 mil dólares, y en 1989 por 180 millones 750 mil dólares.

Ante la crisis, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor, otorgó al gremio un apoyo por 250 millones de pesos para atender la demanda. Además, otorgó otro 850 millones como "indemnización" y acuerdos con el STPRM.

Dichos apoyos, por mil 100 millones de pesos, se convirtieron en el "Pemexgate", que el Gobierno de Fox denunció penalmente por considerar que el dinero fue para financiar la campaña del priista Francisco Labastida.

En ese mismo convenio se asentó que el sindicato pagó a Pemex 640 millones de pesos por concepto de un préstamo efectuado en junio de ese año, sin que se detallara su uso.

Para junio de 2001, la Corte Superior de California condenó al sindicato a pagar 231 millones de dólares.

El fallo de la jueza Matthews parte de un acuerdo firmado en mayo de 2004, llamado "Garnished Fund Agreement", para repartir 44 millones de dólares.

Dicho monto quedó embargado después de ser localizado en una cuenta de una casa de cambio en Nueva York a nombre del sindicato petrolero.

El sindicato intentó llegar a un acuerdo con la empresa y convino el reparto de ese fondo en un 52 por ciento para ésta, y 48 por ciento para el gremio, que fue manejado por su abogado, Carlos Ryerson, que a la postre fue desconocido.

Pero la jueza rechazó esa versión, le dio la razón a Arriba Limited y avaló una cláusula que advierte que, ante el incumplimiento, el STPRM debe pagar el adeudo de 1986, más los intereses.

El litigio que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República tiene en Estados Unidos con la empresa Arriba Limited formó parte de la investigación del llamado "Pemexgate".

El dinero asegurado en Estados Unidos, que supuestamente sería utilizado para llegar a un arreglo con la firma estadounidense, estuvo bajo sospecha de haber sido parte del financiamiento ilegal a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, en 2000.

El entonces Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, José Luis Moya Flores, consideró en 2002 -durante el auto mediante el cual decretó girar varias órdenes de aprehensión- que el dinero que el sindicato obtuvo de Pemex como ayuda para enfrentar el litigo en Estados Unidos, en realidad era para la campaña electoral.

"(...) Resulta evidente que este convenio fue el instrumento para distraer, en beneficio del sindicato, sumas de una partida presupuestal que no tenía por objeto pagar indemnizaciones de ninguna especie ni financiar el pago de condenas inexistentes por litigios entablados contra el sindicato", razonó en aquel momento.

De acuerdo con el convenio que el sindicato firmó con Pemex el 11 de septiembre de 2000, la paraestatal le entregó 250 millones de pesos para que estuviera en condiciones de atender la demanda que enfrentaba en Estados Unidos con Arriba Limited.

Según el seguimiento a los depósitos, que hizo la Procuraduría General de la República, el sindicato transfirió a una cuenta en la casa de bolsa Donaldson, Lufkin & Jenrette, de Nueva York, los 250 millones, más otros 140 millones -probablemente recursos del propio sindicato obtenidos con anterioridad- los cuales, al poco tiempo, fueron asegurados.

Con base en los datos que en su momento recabó la PGR, Pemex se había comprometido con el sindicato a entregarle mil millones de pesos para encarar la demanda, de los cuales, 640 millones le fueron descontados, debido a que le habían sido dados en calidad de préstamo unos meses antes.

Los principales acusados del "Pemexgate" fueron Rogelio Montemayor, ex director de Pemex; Carlos Romero Deschamps, líder del STPRM; Ricardo Aldana, tesorero del STPRM; Carlos Almada, ex vocero presidencial, y Jorge Cárdenas Elizondo, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación.

Después de varios años de litigio, al final todos estos implicados libraron las acusaciones y ninguno de ellos fue encontrado responsable del presunto desvío.

Y la paraestatal ¡no sabe nada!

En Pemex desconocen los detalles del litigio entre Arriba Limited y el gremio petrolero.

Voceros de la paraestatal argumentan que el pleito tiene más de tres décadas, por lo que no existen documentos sobre el tema en sus archivos.

En tanto, fuentes del sindicato afirmaron que el juicio multimillonario en su contra no está perdido y sus bienes o los de sus líderes no están en riesgo de ser embargados.

Lo que la juez de Texas ordenó en su fallo de hace 15 días, aseguraron, fue que la organización sindical pagara únicamente el costo del juicio para el Estado de Texas y que se ejecutara una sentencia previa dictada en San Diego, California, que quedó sin efectos desde 2001.

De cumplirse dicha sentencia, el sindicato debería pagar entre 400 y mil 400 millones de dólares, por los intereses que se acumulan desde que en 1980 se presentó la demanda.

Asimismo, según las fuentes, en el juicio se desechó la demanda de Carlos Ryerson, ex abogado del sindicato, quien reclamaba pagos nunca efectuados.