Las cabezas de los secretarios general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, demandaron este lunes los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional y presionaron para crear una comisión especial legislativa que investigue las violaciones a los Derechos Humanos por el enfrentamiento de policías estatales contra los habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, que derivó en el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

A esta petición se sumaron en la capital del país organizaciones no gubernamentales como Article 19, Alconsumidor A.C., Contingente MX, Dejemos de Hacernos Pendejos (DHP), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C y del Centro Nacional de Comunicación Social A.C (Cencos).

Los priístas coincidieron en la condena que realizó el presidente nacional de su partido respecto a que el mandatario de extracción panista tiene que afrontar su responsabilidad en el caso, el cual tiene implicaciones administrativas, políticas y penales.

En la conferencia que ofrecieron los diputados poblanos participaron el coordinador de la bancada tricolor poblana, Carlos Sánchez, y nueve de los 14 integrantes de la bancada, entre ellos Filiberto Guevara, Jesús Morales Flores, Rocío García Olmedo, Josefina García Hernández, Enrique Doger Guerrero, José Luis Márquez Martínez y María del Carmen García de la Cadena Romero.

Ahí fustigaron las distintas versiones y contradicciones en que ha caído el gobierno estatal y que “el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, reconoció que la llamada ‘Ley Bala’ fue elaborada por su secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas”.

Puebla es un polvorín

En tanto las organizaciones no gubernamentales pidieron, además de la renuncia de Facundo Rosas, transparencia e imparcialidad en la indagatoria judicial, así como también dar marcha atrás al retiro de la administración de las funciones del Registro Civil a las juntas auxiliares, pues señalaron que por ese asunto y por una “cadena de gobierno autoritario”, el estado de Puebla es un “polvorín” que puede estallar en cualquier momento.

Los participantes exhortaron a Moreno Valle a no “privilegiar una carrera presidencial” y dar celeridad y transparencia a las investigaciones que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) lleva a cabo sobre el fallecimiento de Tehuatlie Tamayo.

Asimismo anunciaron que buscarán que instancias internacionales coadyuven en las investigaciones, a fin de que estas se realicen de manera objetiva.

De forma independiente, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) entregó este mismo día a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la petición de “desaparición de poderes” en el estado de Puebla.

Una defensa tardía

A casi 20 días del escándalo generado por el operativo, apareció este lunes el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, quien minimizó la responsabilidad del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en el caso de la Ley Bala y la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

A pregunta expresa de e-consulta sobre si la dirigencia nacional panista sugerirá al gobernador poblano que solicite licencia para no interferir en las investigaciones sobre la muerte del menor, el panista sostuvo que el deceso nada tiene que ver con el gobernador.

Insistió en que el problema “no es con el gobernador Moreno Valle; es con la violencia y la muerte de un niño en Puebla”, y se pronunció porque se haga justicia.

“Primero repudiar la violencia, exigir que se haga justicia a los culpables  y para esto debe haber una investigación, ya está la Comisión Nacional de Derechos Humanos haciendo las investigaciones del caso y las procuradurías del estado y general de la república, para que se deslinden las responsabilidades”, dijo.