Maite Azuela, directora de la organización Dejemos de Hacernos Pendejos (DHP), exigió al gobierno de Puebla dar a conocer a los responsables del presunto uso de armas durante el desalojo de una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, así como no volver a aplicar la fuerza pública para repeler una protesta.

Este lunes la activista y diversas organizaciones civiles, tales como Causa en Común y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras, ofrecieron una rueda de prensa en el exterior de la Oficina de Representación del gobierno de Puebla en el Distrito Federal (DF), en la que mostraron a medios de comunicación artefactos como proyectiles de goma y de aluminio, que de acuerdo con pobladores de Chalchihuapan, fueron lanzados en su contra por los efectivos.

En la conferencia de medios, los activistas sociales condenaron el enfrentamiento de Chalchihuapan, que derivó en la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, y exigieron al secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, haga público el informe sobre los hechos en cuestión, mismos que se registraron el pasado nueve de julio.

El posicionamiento de las organizaciones se produjo horas antes de que al Congreso de Puebla llegara la propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle para derogar esta ley aprobada en mayo pasado.

RMV debe dar a conocer a responsables

Maite Azuela concedió una entrevista vía telefónica a e-consulta, en la que externó su repudió al desalojo violento de la manifestación que el nueve de julio pobladores de Chalchihuapan realizaron en la autopista Puebla-Atlixco, pues afirmó que se trató de una represión gubernamental.

Cabe recordar que durante el choque, un niño de 13 años de edad de nombre José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo (q.e.p.d.) recibió una lesión que le perforó el cráneo con una presunta bala de goma lanzada por elementos de seguridad pública, diez días después de los hechos, el menor falleció.

Azuela expuso que el gobernador Rafael Moreno Valle debe asumir la responsabilidad, ya que hasta ahora ha negado de los hechos, así como informar a la ciudadanía quiénes fueron los mandos que ordenaron el uso de la fuerza para el desalojo de la protesta, pues se trató de un acto ilegal que atentó contra el derecho a la protesta y contra la integridad de los pobladores.

La activista criticó que el gobierno estatal intente tergiversar la información del suceso y criminalizar a la madre del menor, Elia Tamayo Montes, así como a los pobladores del lugar, y que en contraste, no brinde información sobre los pormenores del protocolo utilizado en el desalojo.

Nunca más debe utilizarse la fuerza para dispersar una protesta

En este contexto, la dirigente de DHP dirigió otra exigencia a la administración estatal para que en lo sucesivo no se vuelva a hacer uso de la fuerza pública para repelar una protesta, amparados la Ley Bala, pues tiene consecuencias “funestas” como el fallecimiento de José Luis Alberto y las heridas que sufrieron un centenar de personas más, entre efectivos y pobladores.

Después de ver los proyectiles que los pobladores facilitaron a las organizaciones civiles, Azuela consideró que estos demuestran que los policías estatales carecían de la capacitación necesaria para usarlos, pues algunos de estos artefactos aún se encuentran sellados, además de que fueron lanzados directamente contra los pobladores cuando debieron lanzarse al suelo si se buscaba ahuyentarlos, dijo.

Se inhibe el derecho a manifestarse

Para la dirigente de DHP, los resultados de la utilización de la Ley Bala en Chalchihuapan son una clara muestra de que esa normativa inhibe el derecho a manifestarse y atenta contra el derecho a la vida de las personas, por lo que hizo un llamado a Moreno Valle para que impulsara la derogación de la misma en el Congreso local, lo que se producirá este martes.

“El problema inicia cuando Rafael Moreno Valle impulsa la Ley Bala, se le dijo –al gobernador– que estas (los hechos de Chalchihuapan) podrían ser las consecuencias, y en su momento se informó que se estaba modificando pero vemos que no es así”, acotó. 

Que se finquen responsabilidades, incluso hasta el gobernador de Puebla

En tanto, el oficial para el Programa Legal de la organización Article 19, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, en entrevista vía telefónica con e-consulta señaló que la administración estatal debe fincar responsabilidades a quienes resulten responsables de la instrumentación de gases lacrimógenos y presuntas balas de goma en la manifestación de Chalchihuapan, sin importar la jerarquía de los funcionarios responsables.

“…que se castigue a los responsables, no nada más a los elementos de policía que activaron las armas, sino a los mandos medios y, obviamente al secretario de Seguridad Pública a nivel estatal, y la responsabilidades que tiene la Secretaría General de Gobierno (SGG) y el propio gobernador –Rafael Moreno Valle-“, señaló.

Ambas organizaciones no gubernamentales señalaron que a través del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social –que se conformó en abril pasado–, exigen a los gobiernos de Puebla, Quintana Roo y Chiapas, impulsen la derogación de la Ley Bala, pues esta es regresiva y van en contra del derecho a la manifestación con el que cuentan los ciudadanos.

Finalmente, ambas organizaciones demandaron que el gobierno de Puebla entregue a la familia de José Luis Alberto el dictamen médico sobre las causas de la muerte del menor que hasta ahora se les ha negado, pues ello representa una falta grave que propicia suspicacias sobre una posible manipulación del mismo.

Finalmente, el director de la organización México SOS, Orlando Camacho Nacenta, quien este lunes visitó la ciudad de Puebla para encabezar una mesa de diálogo sobre seguridad pública, se sumó a las organizaciones mencionadas y exigió al gobierno de Puebla hacer público el informe del caso de Chalchihuapan.