• Gobierno

Oculta la PGJ informes sobre el paradero de detenidos en desalojo

  • María Pineda
Vladimir Luna reprocha a las autoridades su negativa a informar sobre el estado físico y la situación legal de los detenidos en Chalchihuaca
.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) se ha rehusado a informar a qué agencia del Ministerio Público fueron enviadas las cinco personas detenidas ayer, tras el enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y la policía estatal en el kilómetro 14 de la Vìa Atlixcáyotl, señaló  Vladimir Luna Porquillo.

El líder del movimiento social Los de Abajo precisó que las detenciones se dieron alrededor de las 13 horas del miércoles, cuando los habitantes de Santa Clara Ocoyuca, Atzala, Santa Isabel Cholula y San Bernardino Chalchihuapan marchaban sobre la autopista Puebla –Atlixco, para demandar la restitución del servicio de registro civil a las juntas auxiliares.

Los cinco detenidos son: Antonio Montes Contreras, Sergio Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo, Martina Ocelot y Félix Xelhua Montes.

Indicó que los detenidos de San Bernardino Chalchihuapan, se suman a las seis personas arrestadas el 1 de julio durante el desalojo de la carretera federal Puebla-Veracruz y las instalaciones del Centro Integral de Servicios (CIS), quienes participaron en una manifestación en la que se solicitó la reapertura del registro civil en las juntas auxiliares de Coxcatlán, Zoquiatlán, Tehuacán y Ajalpan.

En entrevista con e-consulta, explicó que los manifestantes no trataron de bloquear la autopista Puebla-Atlixco, sino marchar hacia la capital para demandar al gobierno y el Congreso que se reforme la Ley Orgánica Municipal para que la expedición de las actas de nacimiento, defunción y matrimonio, vuelvan a tramitarse en sus comunidades.

Luna Porquillo aseveró que la reforma aprobada en diciembre de 2013 por la LVIII Legislatura, fue una decisión “unilateral” en la cual no se consultó a los “pueblos”, por lo que ahora el Congreso y el gobierno de Rafael Moreno Valle debe de entender la necesidad de los habitantes de las 611 juntas auxiliares.

“El Congreso del Estado ante esta situación si debe de tomar en cuenta la decisión y quizás establecer un programa emergente para atender esta situación porque en las comunidades persiste el malestar social”, expresó.

El líder de Los de Abajo no descartó que ante la negativa que muestran la administración estatal y el poder legislativo de modificar la Ley Orgánica Municipal, los presidentes auxiliares que conforman la Coordinadora Estatal de la Defensa e Identidad de los Derechos de los Pueblos, hagan uso de sus derechos constitucionales y se amparen.

Comentarios de Facebook: