Puebla ocupa el séptimo peldaño a nivel nacional con el mayor número de agresiones hacia defensores de derechos humanos, al contabilizar siete hechos entre los que destacan dos asesinatos.

Así lo revela el “Informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013” elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y que publica periódicamente desde el 2009, con base en reportes de organizaciones de activistas.

Según el análisis, las agresiones registradas en Puebla presentan la diversidad más amplia de temas de todas las entidades de la república.

Dos crímenes

Entre los casos registrados, destaca el asesinato de dos defensoras de los derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Travestis, Transgénero e Intersexuales (LGBTTTI), Agnes Torres y Bárbara Lezama, por lo que la Red indicó en su estudio que “hay una falta de atención gubernamental a la discriminación en razón de género u orientación sexual, tanto en la prevención como en la investigación de los casos”.

Ambos homicidios apenas ubicaron a Puebla después de entidades como Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Oaxaca, que registraron 10, cinco, tres y dos casos, respectivamente.

En el caso de Agnes Torres, el reporte refiere que de las tres personas que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) presentó como autores del asesinato, sólo un menor de edad fue sentenciado a tres años en el Centro de Internamiento para Adolescentes, mientras que a los otros dos no les han dictado sentencia y hay un acusado más quien aún se encuentra prófugo de la justicia.

Defensores indígenas

De los siete casos de agresiones contabilizados, dos corresponden a indígenas en defensa de su territorio, provenientes de la Sierra Norte, considerada una de las zonas con mayor marginación en el estado, por lo que los servicios de salud, justicia y educación son los derechos más vulnerados entre la población indígena.

A José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz se les condenó por un supuesto robo de vehículo en octubre de 2009, sin embargo la unidad nunca fue robada, ya que fue asegurada por la policía municipal de Pahuatlán toda vez que con ella se intentó atropellar a los dos activistas.

Así lo acusaron los caciques de la región que atentaron contra los dos indígenas, quienes promovían el servicio de agua sin restricciones para su comunidad.

Además también estuvo preso Carmelo Castillo Martínez, quien era comandante de la policía de Pahuatlán, y sufrió la venganza de los caciques por auxiliar a los activistas cuando intentaron atropellarlos.

Ruta ferroviaria favorece violaciones a los derechos humanos

Otro de los casos documentados tiene que ver el problema de los migrantes centroamericanos que en su paso por México utilizan la red ferroviaria que atraviesa el estado, lo cual es considerado por el organismo como una problemática visible entre los estados de Puebla y Tlaxcala, ya que también se afectan los derechos y seguridad de los migrantes además de las poblaciones locales y favorece la trata de personas.

Agresiones a trabajadores

Por otra parte, el organismo identificó agresiones en contra de Enrique Morales Montaño y Coral Juárez Melo, quienes son miembros del Centro de Apoyo a Trabajadores (CAT), pues éstos han sido objeto de amenazas desde el 2010, además de haber sido agredidos por dos personas mientras se dirigían a visitar a unos trabajadores de la empresa Johnson Controls, en la comunidad de Santo Toribio, en Tlaxcala.

“No te pases de pendejo sino te voy a matar y deja de hacer tanta chingadera en contra de mi papá Magdaleno Texis”, señalaron los agresores, quienes refirieron que se trataba de un “recadito”, según se establece en el reporte.

A finales del 2010, las oficinas del CAT fueron asaltadas y los documentos que acreditaban la defensa de los trabajadores fueron robados.

Pese a los hechos, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) calificaron a los integrantes del CAT como un “peligro” pues intentaban desestabilizar a las empresas, principalmente las de origen estadounidense.

Posteriormente, en el 2012 cuatro personas encapuchadas secuestraron a Enrique Morales cuando se dirigía a una audiencia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA); durante el hecho, el defensor fue severamente golpeado y a través de su teléfono celular enviaron mensajes intimidatorios en contra de Blanca Velázquez, quien es la dirigente del CAT.