La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña Gómez, señaló que la conocida como “Ley Bala” del estado de Puebla es “muy contradictoria” en su redacción, ya que contiene preceptos que dan pie a acciones que pueden contravenir y afectar los derechos humanos de los ciudadanos.

En entrevista con e-consulta, la senadora apuntó que la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, aprobada apenas el día de ayer por el Congreso local, es un esfuerzo que queda corto en la materia.

La legislación abre la puerta para que un agente policiaco pueda usar la fuerza o su arma de fuego cuando considere que se registra una manifestación violenta y que esté en riesgo su vida.

Señaló que si bien es necesaria una legislación que regule el uso legítimo de la fuerza pública, esta debe ser clara y evitar conceptos ambiguos, por lo que afirmó que la actual “necesita ser corregida”, a la vez que debe reglamentar este aspecto desde un enfoque de derechos humanos, como lo dicta su nombre.

Urgió a que, como parte de las reformas necesarias, se haga distinción entre las situaciones en las que puede actuar un elemento policial con o sin armas, entre las que destacan el arresto, detención en flagrancia, detención dispuesta por autoridad judicial, resguardo de manifestantes, entre otros.

“No se puede permitir que tenga la misma connotación un delincuente que un manifestante, son dos cosas distintas”, apuntó.

Sin embargo, la legisladora señaló que en caso de que un manifestante actúe de manera delictiva, es obligación de las corporaciones policiales y sus elementos perseguir estos hechos, “no pueden hacer como que no pasa nada, pero lo que no puede ser es detenerlos con armas en la mano”.

De la Peña Gómez indicó que es imperativo se prohíba el uso de las armas como medio para dispersar manifestaciones, por lo cual los elementos que acudan a resguardar protestas sociales deberán acudir sin armamento letal.

“Si tienes a un policía armado que está repeliendo una manifestación y ésta se torna agresiva, va a usar el arma. Eso es desmesurado y se tiene que garantizar que ese tipo de proceder se prohíba”, indicó la senadora.

La Ley Bala

Cabe resaltar que la llamada “Ley Bala”, tal como se aprobó el día de ayer, considera el uso de la “fuerza legítima” como un mecanismo para “la restauración de la estabilidad social y del orden colectivo”.

De igual modo permite a los elementos utilizar la fuerza en caso de que les sea ordenado por “autoridades competentes”, así como con el fin de prevenir conductas ilícitas, o controlar manifestaciones sociales, considerando el número de asistentes, fin de la protesta y situación de tiempo y lugar.

Indica que las armas letales podrán usarse cuando “exista una agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física”.

No se deben hacer cosas buenas que parezcan malas

La senadora Angélica de la Peña Gómez hizo un llamado al Congreso del estado, a fin de que escuche “las preocupaciones que se han vertido por parte de la ciudadanía y organismos de derechos humanos. No se deben hacer cosas buenas que parezcan malas”.

Asimismo señaló que la legislación en cuestión no debe estar por encima de la Constitución Mexicana ni de los tratados internacionales firmados en la materia, tal como el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, documento que señala el estado debe garantizar el derecho de asociación y manifestación de los ciudadanos.

“Lo que se tiene que definir con mucha puntualidad son los protocolos para que en una situación adversa el uso de la fuerza de ninguna manera vaya a afectar los derechos humanos de las personas”, concluyó la senadora.

Diputada en contra de la Ley Bala

Por su parte, la diputada federal Roxana Luna Porquillo, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, coincidió en que la legislación aprobada es muy ambigua.

Señaló que esta ley, enviada al Congreso por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, podría ser un intento por justificar el uso desmedido de la fuerza en situaciones que así convengan a la administración estatal.

Tal sería el caso de los activistas detenidos por los megaproyectos, Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón.

Luna Porquillo indicó que seguirá de cerca la elaboración de los reglamentos secundarios y manuales de operación de esta ley, a través de la colaboración con organizaciones civiles y de derechos humanos, para que la ley garantice el derecho de los ciudadanos de manifestación.