El Movimiento Los de Abajo, el Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua y el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) repudiaron el desplegado firmado por 61 legisladores locales y federales a favor del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Los activistas denunciaron que ninguno de los legisladores que firman el documento ha entablado comunicación con los afectados, mucho menos realizado visitas de campo a los municipios por los que pasaría el gasoducto.

Asimismo condenaron el manifiesto de apoyo por parte de representantes de todas las fuerzas políticas para realizar este proyecto, aún sin haber conocido la opinión de los pueblos que se verán afectados por esta obra.

Miriam Vargas, integrante del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua, consideró indignante el apoyo que se le da al gobernador Rafael Moreno Valle, incluso pasando por alto la falta de aval de instituciones especializadas en el tema, como el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) para la construcción del gasoducto.

Cabe señalar que en la reunión que sostuvieron los diputados y senadores el pasado viernes con el gobierno del estado y la Comisión Federal de Electricidad, se indicó que el proyecto ya tenía el aval de este organismo.

Aun así los inconformes señalaron que una de las recomendaciones del Cenapred es que el gasoducto se ubique al menos 20 a metros de profundidad, sin embargo en el proyecto original la profundidad contemplada es de metro y medio a 3 metros.

Integrantes de las tres organizaciones desestimaron el aval de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, argumentando que en la BUAP hay especialistas y académicos que pueden dar su veredicto respecto al gasoducto, como el investigador perseguido por el gobierno estatal Ricardo Pérez Avilés.

Por su parte, Carlos Jiménez Ávila, integrante de MAS, lamentó el hecho de que no se tomara en cuenta a todos los diputados y senadores interesados y que están apostados por los derechos de los activistas, como Manuel Bartlett Díaz y Roxana Luna Porquillo.

Al respecto, anunció que se convocará a mesas de trabajo al gobernador y legisladores firmantes del desplegado, así como a los ediles de los municipios por los que pasa el gasoducto, funcionarios y representantes sociales que debieron acudir a la reunión informativa convocada por el gobierno del estado el pasado 2 de mayo.

Estas mesas de trabajo tendrían lugar en el zócalo de la ciudad, el 31 de mayo a las 10 de la mañana.

Finalmente, los activistas exigieron el cese a los actos de represión y amenazas de los que están siendo víctima los campesinos, y por los cuales ya se dieron las detenciones de Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas Vélez y Abraham Cordero Calderón.