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Denuncia Roxana Luna criminalización de movimientos sociales

Afirma que se han liberado 6 nuevas órdenes de aprehensión y que ha puesto en una “lista negra a 150 ciudadanos”
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En un comunicado enviado a los medios titulado ¡En Puebla a golpes nos quieren callar!, la diputada federal Roxana Luna afirmó que a pesar de que el gobierno estatal ya encarceló a tres dirigentes sociales, además ha liberado 6 nuevas órdenes de aprehensión y ha puesto en una “lista negra a 150 ciudadanos”.

En su documento, la legisladora federal indica que el 17 de abril Alberto Melchor Montero, alumno del Dr. Ricardo Pérez Avilés, ambos conductores del programa radiofónico "El campo y la ciudad, diálogo necesario” transmitido por Axocotzin Radio 104.5 y por vía "streaming" en axocotzinradio.org fueron amenazados desde los números 2281096875 y 2283665469.

Roxana Luna hizo un llamado al gobierno del estado a privilegiar el diálogo, la sensibilidad, pidió que no se lastime a los poblamos y que vuelva la tranquilidad a la zona poniente del estado para vivir con paz y dignidad.

A continuación reproducimos el comunicado completo:

¡En Puebla a golpes nos quieren callar!

En Puebla existe una ola de violación sistemática de los derechos humanos y criminalización de los movimientos sociales, generando resentimiento social e inconformidad.

En tres días consecutivos del mes de abril el Poder Ejecutivo estatal que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas aprehendió  y encarceló a tres dirigentes sociales, asimismo han liberado seis nuevas órdenes de aprehensión y150 ciudadanos están en la lista negra del gobernador.

El seis de abril a las 11:00 a.m.  Fue detenida la comisariada ejidal de  San Felipe  Xonacayucan del municipio de Atlixco, integrante  del Frente  de Pueblos  en Defensa del Agua y de la Tierra: Enedina Rosas Vélez de 60 años de edad, se le imputan delitos de robo agraviado de dos celulares y oposición a que se ejecute el gasoducto Morelos proyecto de empresas privadas: Elecnor, Enagas y Bonatti asociadas a la CFE. Durante su  declaración no le permitieron abogado defensor se encuentra recluida en el Cereso de Atlixco bajo el proceso 121/2014.

El siete de abril al medio día el activista Juan Carlos Flores Solís vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, fue detenido cuando salía de presentar una queja en la CNDH de Puebla. Los delitos que se le imputan son: despojo, extorsión, motín y ataque a la infraestructura hidráulica, los tres primeros son graves y no le permitirían derecho a fianza, se encuentra recluido en el Cereso de San Pedro Cholula bajo el proceso 127/2012.

El ocho de abril por la mañana Abraham Cordero Calderón Juez de Paz de San Martín Texmelucan, integrante del Frente Campesino y  del Movimiento Nacional Los de Abajo en Puebla capital, condenó las detenciones de los dos dirigentes sociales encarcelados, proponía al gobierno del estado el diálogo, denunció que un día antes había sido amedrentado, por lo que responsabilizó al gobernador de lo que le pudiera pasar asu familia y a él. Los delitos que se le imputan son: amenazas, privación ilegal de la libertad y delitos contra funcionarios públicos, se encuentra recluido en el Cereso de Atlixco bajo proceso número 55/2014.

Los delitos que se le imputan alcanzan fianza, por lo que su defensa legal solicitó el beneficio de la caución. El 9 de abril la Ministerio Público adscrita al juzgado de Atlixco, Lic. Minerva Herrera de la Cruz, solicitó al juez se le niegue la libertad caucional, determinó que él era un peligro para la sociedad, así el juez Helmo Mayoral Bello declaró fundada (sin pruebas) la petición del ministerio público, negando la libertad bajo caución. ¿En dónde queda la justicia y la presunción de inocencia? El 17 de abril el juez del séptimo distrito admitió la suspensión provisional y quedó en sus manos el destino de Abraham Cordero Calderón.

En los tres casos fue el mismo modus operandi: ausencia de orden de aprehensión, quienes ejecutan las detenciones son individuos vestidos de civil, con armas largas, camionetas y carros blancos sin placas. Todos los acusadores de los dirigentes defensores de la tierra, el agua y la vida, son trabajadores del Banco Estatal de la Tierra.

El once de abril amagaron con armas de fuego  e intimidaron a la familia del Dr. en Sociología Ricardo Pérez Avilés, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, exigiéndole que deje de apoyar a los movimientos que se oponen al gasoducto.

El día de 12 abril el líder sindical del SUETHAPIP Israel Pacheco Velázquez fue detenido bajo el argumento de  extorsión, se encuentra recluido en el Cereso de Cholula, lo cual representa el control sindical  desde el gobierno  del estado.

Las amenazas continúan como en el caso de Raúl Rodríguez, abogado de Abraham Cordero Calderón, quien denunció llamadas telefónicas amenazantes. El día 16 de abril desde el número 5565731338 le dijeron: "bájale o te va cargar la chingada, conocemos a tu esposa a tus tres hijos”.

El 17 de abril Alberto Melchor Montero, alumno del Dr. Ricardo Pérez Avilés, ambos conductores del programa radiofónico "El campo y la ciudad, diálogo necesario” transmitido por Axocotzin Radio 104.5 y por vía estreaming en axocotzinradio.org fueron amenazados desde los números 2281096875 y 2283665469.

Desde  el  2011 y  2012 el gobierno del  estado ha  pretendido concretar los  proyectos: el gasoducto y el Arco Poniente en la zona donde se encuentran los municipios de San Martin Texmelucan, San Pedro Cholula y Atlixco, zona estratégica por los recursos naturales, infraestructura carretera y el aeropuerto de Huejotzingo.

 

El gasoducto es parte del Plan Integral Morelos recorrerá 150 kilómetros a través de 60 comunidades cercanas a la zona de contingencia del Volcán Popocatépetl. El Comité Científico de riesgos del volcán, del Instituto de Geografía de la UNAM y el Centro Universitario de Prevención de Desastres de la BUAP han demostrado la inviabilidad ecológica y humana de dicho plan.

El 19 de septiembre del 2012 en San Martín Texmelucan hubo 17 muertos, 52 heridos y pérdidas materiales incuantificables por la explosión del gasoducto. El Arco Poniente pretende construir una autopista de 42 km, afectando 244 hectáreas de tierras agrícolas, que producen 1500 toneladas de legumbres y hortalizas vendidas a la Central de Abasto de la Ciudad de México, empleando aproximadamente a 15 mil jornaleros.

Estos proyectos buscan desplazar la vida agrícola de los pueblos originarios de la región mediante el cambio del uso del suelo, y del Banco Estatal de la Tierra, que creó el gobernador para controlar la compra de las tierras, nos preguntamos: ¿Qué va pasar con los campesinos y dónde están incluidos en los proyectos?

El gobierno ha demostrado su incapacidad para responderle a los poblanos quienes ca-recemos de  información de los proyectos, solicitamos ser consultados y tomados en cuenta, sin que nuestras tierras y aguas sean expropiadas ni contaminadas, sin embargo se empeña en querer callar a los ciudadanos y ordena más detenciones.

El gobernador ha creado un clima de miedo, se han girado órdenes de aprehensión contra los ciudadanos: Ignacio Carrillo, Carlos Ocelotl, Carlos Linares Huinatl, Tomas Linares, Fortino Pérez y Avelino Velázquez Tapia, sigue vigente la amenaza de expedir otras contra 150 personas, que no tienen nombre aún y puede activar en cualquier momento ya que se encuentran en la  lista negra que se menciona dentro de la averiguación  AP 430/2013/DMZS/Atlix, esto confirmado por el mismo secretario de gobierno C.Luis Maldonado.

Ante la clara decisión de los pueblos por defender el agua, la tierra y la propiedad, el gobierno del estado respondió con otro recurso autoritario legalizado en el mes de marzo de 2013, con las reformas realizadas por el Congreso del Estado a la Ley de Expropiación que legaliza el despojo de las tierras sin mediar notificación alguna.

Dentro de los megaproyectos se encuentran: la instalación de  noventa concesiones mineras y ocho hidroeléctricas las cuales no resuelven el desempleo,  actualmente ocupamos el tercer lugar en pobreza de acuerdo con la CONEVEAL, y esto se refleja en la delincuencia, se cometen 10 delitos por hora con violencia de acuerdo al  por Sistema Nacional de seguridad.

Es clara la estrategia del gobierno del estado: disolver los movimientos sociales, criminalizar la lucha social, imponer por la  fuerza los proyectos, callar a los intelectuales; generando un clima de miedo en el Estado.

En Puebla es necesario informar, consultar, tomar en cuenta a las comunidades. Hacemos un llamado al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, a privilegiar el diálogo, la sensibilidad, que no se lastime a los poblamos y poblanas que vuelva la tranquilidad a la zona poniente del estado para vivir con paz y dignidad.

                                                 A T E N T A M E N T E

 

 

 

Dip. Roxana Luna.

Integrante del Movimiento Nacional "Los de Abajo"

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