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Investiga PGR a 20 funcionarios de Pemex

Busca documentar su participación en el fraude que cometió la empresa Oceanografía contra Banamex
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La Procuraduría General de la República investiga a 20 funcionarios y ex funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP), entre ellos a quien fuera su director Carlos Morales Gil.

Estos directivos de la paraestatal habrían beneficiado ilegalmente a la empresa Oceanografía con la adjudicación de 21 contratos por 8 mil 744 millones de pesos, de 2010 a 2012, según se informa en una nota del periódico Reforma.

De acuerdo con informes del Gobierno federal, entre los probables implicados se encuentra Morales Gil, director de PEP desde 2004 hasta febrero del 2014, días antes de que la Secretaría de la Función Pública multara a Oceanografía con 24 millones de pesos y la inhabilitara por dos años para recibir contratos federales.

Esa sanción fue lo que desencadenó el escándalo financiero de Oceanografía.

La PGR también indaga a José Luis Fong, hoy subdirector de Producción de la Región Sur; a José Guadalupe de la Garza, actual subdirector de Mantenimiento y Logística, y a Baudelio Ernesto Prieto, titular de la Unidad de Perforación, todos ellos adscritos a PEP.

Francisco Jacobo Gordillo, gerente de administración de Mantenimiento y Logística; Víctor Hugo Cevallos, actual gerente de Logística Marina, y José Néstor García Reza, abogado de Pemex de 2005 a 2010, igualmente están bajo investigación.

Un informe consultado por el diario Reforma agrega a Miguel Ángel Alpuche, gerente de Mantenimiento Integral Marítimo; Juan Sánchez, gerente de Programación y Evaluación, y Mireya Juanita Miranda, titular de la Coordinación Integral de Control y Servicios de PEP.

Adicionalmente a estos 20 nombres, la SEIDO revisa si otros 11 funcionarios de PEP pudieran tener algún grado de responsabilidad, ya que sus nombres aparecen en las estimaciones con las que Oceanografía tramitó el financiamiento fraudulento de 585 millones de dólares ante Banamex.

Debido a que, para la PGR, dichas estimaciones son apócrifas, por ahora no se ha establecido si esos servidores públicos participaron en el delito o usaron sus identidades para cometerlo.

En la indagatoria oficial aparecen los nombres de Martha Alicia Contreras, coordinadora de Proyectos de Inversión; José Refugio Serrano, actual subdirector de Servicios a Proyectos, y Benito Ricardo Maranto, gerente de Mantenimiento y Logística de la Región Sur.

También Juan Alfredo Ríos, gerente de Perforación y Reparación de Pozos, y Rubén Luján, gerente de Análisis y Dictamen Técnico de Proyectos, entre otros.

Niegan a amparo a socio de Oceanografía

Por un error en la solicitud, Francisco Javier Rodríguez Borgio, inversionista de la empresa Oceanografía, perdió su primera batalla legal, luego que un juez federal le negó el amparo para tratar de frenar cualquier acción de Interpol en su contra.

Según otra nota del diario 24 Horas, el Consejo de la Judicatura Federal informó ayer, a través de su página electrónica, que el Juez Primero de Distrito de Amparo Penal negó la protección a Rodríguez Borgio, porque no existe la oficina al que reclamó el acto en el organigrama de la Policía Internacional.

“Se Resuelve: Único. Se niega a la suspensión definitiva solicitada… devuelve los oficios al no existir en el organigrama de dicha dependencia la autoridad denominada como: ‘Director General de la Oficina Central de Interpol México”, se informó a través de la lista de acuerdos del CJF sobre el expediente 293/2014.

Y es que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque es un poco confusa, el nombre correcto de la oficina que ejecuta algún tipo de mandato judicial es el de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, que depende del titular de la Policía Federal Ministerial.

Con la resolución del juez establece que, salvo prueba en contrario, “se tiene por inexistente en el presente juicio de garantías a la citada autoridad”.

Como se recordará, la PGR aseguró la empresa Oceanografía, proveedora de Petróleos Mexicanos, debido a fraudes cometidos en agravio del Banco Nacional de México.

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