Tras la reforma a Petróleos Mexicanos de 2008, el Consejo de Administración de la empresa paraestatal pudo frenar la entrega de contratos a Oceanografía. Ese órgano tuvo, entre sus personajes claves, a los secretarios de Energía y Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Los cambios constitucionales, impulsados por el ex presidente Calderón, otorgaron al Consejo de Administración la facultad de revisar y aprobar las fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano de Control Interno y de los auditores externos.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, los personajes claves en esta tarea son Georgina Kessel y Jordi Herrera, titulares de Energía, así como Agustín Carstens y Ernesto Cordero, encargados de Hacienda, así como José Antonio Meade, quien estuvo, en distintos momentos, al frente de ambas secretarías y hoy ocupa la titularidad de Relaciones Exteriores.

Según la legislación que regula a Pemex, ellos tuvieron la obligación de revisar y aprobar los informes de la ASF, los cuales advertían de las irregularidades en la asignación de contratos y ejecución de obras de la empresa Oceanografía, con sede en Campeche.

Tras la reforma, se crearon al interior del Consejo siete comités, entre los que se encuentran uno de Auditoría y Seguimiento al Desempeño, el cual tiene la obligación de realizar las investigaciones necesarias cuando “se advierta la comisión de presuntas irregularidades o delitos”.

Y otro es el de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, el cual tiene como tarea “dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas, en términos de las disposiciones aplicables”, es decir cuando se hallen irregularidades en las empresas que buscan los contratos.

Además, verifican “el procedimiento para la contratación, que puede ser a través de invitación restringida o de adjudicación directa, de lo cual se dará cuenta al Comité de Auditoría”.

Los comités fueron presididos por los consejeros profesionales de Pemex desde 2010: Héctor Moreira Rodríguez, José Fortunato Álvarez Rodríguez, Fluvio Ruiz Alarcón y Rogelio Gasca Neri, quienes reportaban directamente al Consejo General.

El artículo 19 de la Ley de Pemex señala que es responsabilidad de los integrantes del Consejo de Administración de la Paraestatal aprobar “las operaciones que pretendan celebrar Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, directa o indirectamente, con aquellas personas morales sobre las cuales ejerzan control o tengan influencia significativa”.

Otro parte del artículo menciona que basados en informes de auditorías y seguridad, el Consejo “es responsable de verificar los principales riesgos a los que están expuestos Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios” en materia financiera.

Entonces, por ley, el Consejo de Administración de Pemex debió enterarse de que desde 2004 la Auditoría Superior alertó sobre las irregularidades de Oceanografía.

Cuando la reforma a la paraestatal entró en vigor, noviembre de 2008, su Consejo, según mandataban sus nuevas atribuciones, debió enterarse de los señalamientos de la ASF, entre los que se encuentra una multa no cobrada desde 2005 por 405 millones de pesos a la empresa de Amado Yáñez por incumpliendo de obras.

Además, ese mismo año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó a Petróleos Mexicanos, mediante el oficio SFP/LX/061/2008 25/01/2008, revisar la totalidad de contratos con Oceanografía a causa de los desfalcos detectados.

Agustín Carstens y Georgina Kessel, como secretarios de Hacienda y Energía, primeros en la línea de mando del Consejo de Administración, por ley, debieron conocer las irregularidades a través de los comités de auditoría y seguimiento de obras desde 2008.

En 2009, Ernesto Cordero asumió la Secretaría de Hacienda y, por tanto, la segunda línea de mando del Consejo, en ese año, tampoco se hizo caso a las recomendaciones de las auditorías.

Entre 2011 y 2012, último año de Calderón y en el cual se otorgaron más de ocho mil millones en contratos a Oceanografía, José Antonio Meade y Jordi Herrera presidieron el Consejo de Administración de Pemex.

El caso es diferente con Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda durante el sexenio de Vicente Fox, debido a que en ese entonces todavía operaba la Ley Orgánica de Pemex, la cual mantiene ambigüedad en las funciones del Consejo de Administración y no establece funciones específicas.

Gil Díaz es señalado, por algunos personajes implicados en este asunto y legisladores federales, como uno de los artífices que permitió al rescate bancario de Oceanografía y el operador principal para asignarle los contratos.

Actualmente, el Consejo es presidido por Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, y Luis Videgaray.

Pemex ajustó contratos para beneficiar a Oceanografía

A lo largo de 13 años, Pemex ajustó licitaciones para beneficiar, en alguno momento, a la empresa Oceanografía, revelan documentos de la paraestatal en poder del periódico El Universal.

Durante ese tiempo, mantuvieron una estrecha relación comercial, a través de la cual los directores de su filial Exploración y Producción (PEP) conocieron y aprobaron 111 contratos con un valor de 38 mil 298 millones de pesos.

En ese periodo, al mando de PEP, solo estuvieron dos funcionarios: Luis Ramírez Corzo y Carlos Arnoldo Morales Gil.

Ejemplo de esos beneficios se dio en 2004, cuando PEP entregó un contrato a la empresa de Amado Yáñez para “inspección, mantenimiento y protección anticorrosiva con apoyo de un barco taller a instalaciones de exportación de petróleo en las terminales marítimas de Dos Bocas, Tabasco; Cayo Arcas, Campeche; y en el Golfo de México”, por 208 millones de pesos y 17 millones de dólares.

Pero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en el oficio OSA-DC/GAC-012/05 que funcionarios de Pemex alteraron bases de la licitación, pues aunque requería una embarcación con velocidad de 14 nudos, fue modificada a 12 nudos para que Oceanografía lograra el contrato.

PEP también autorizó 7 convenios modificatorios de igual número de contratos, para alargar la entrega, según el portal de Obligaciones de Transparencia.

Ese fue el caso del contrato 420838805 para construir un gasoducto de 21 kilómetros (km) de la plataforma Ixtal a la de Abkatun, cuyo costo inicial fue de mil 477 millones de pesos. El proyecto tenía que concluirse el 10 de julio de 2009. Al final, PEP pagó 327.4 mdp más y la fecha se modificó al 27 de octubre.

Otro fue el contrato 4208848807 para un oleogasoducto de 7.2 km que correría de la plataforma Sea Pony Che-1 a la Homol-A, con un costo de 337.6 mdp y la fecha de terminación de la obra era el 14 de enero de 2009. Con el convenio se movió la fecha al 4 de enero de 2010 y PEP desembolsó 27.3 mdp extras.