La PGR solicitó anoche a un juez una orden de arraigo en contra de Amado Yáñez Osuna, presidente de la empresa Oceanografía, quien se presentó a declarar de manera voluntaria sobre el presunto fraude por alrededor de 400 millones de dólares que se le imputa en perjuicio de Banamex, a través de contratos otorgados por Pemex.

De acuerdo con una nota del diario Crónica, Yáñez, aún en calidad de presentado, permaneció casi toda la noche rindiendo declaración ministerial, acompañado por su equipo de abogados.

En tanto, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que no existe ninguna implicación política en el caso del escándalo por el presunto fraude en el que está involucrada la empresa Oceanografía, una de las principales proveedoras de Petróleos Mexicanos.

“No veo ninguna (implicación política). Lo que hasta este momento se ha determinado es que es un asunto cometido en el último trimestre del año pasado contra un banco por una empresa, no le veo la implicación política por ningún lado”, dijo el procurador en una entrevista concedida al periódico El Universal.

Hay todo un debate en torno a esto, hay quienes argumentan que se está hablando de responsabilidades de funcionarios de la administración pasada.

Entonces yo argumento sobre la documentación que hemos utilizado, y en la documentación hemos acreditado un fraude a un banco cometido en el último trimestre del año pasado, y ahora ya en el primer mes de este año, explicó.

Sostuvo que no entiende las razones por las que el PAN se levantó de la mesa de negociaciones de las reformas secundarias en materia energética hasta que exista un avance en las investigaciones sobre Oceanografía, una empresa hoy bajo investigación, de la que Amado Yáñez Osuna es su principal accionista.

¿Considera esto un chantaje?

No. Simplemente no entiendo las razones, pero no lo puedo calificar.

Yáñez Osuna fue arraigado por la PGR

Según la nota del periódico Crónica, en el curso de la noche, Yáñez Osuna pasaría a la calidad de indiciado, con el fin de desahogar la averiguación previa en su contra.

La noticia sobre la detención del empresario comenzó a correr desde la tarde del sábado pasado a través de diversos despachos de prensa, corroborados vía Twitter entre otros por el periodista Joaquín López-Dóriga.

No obstante que con el transcurrir de las horas la especie tomaba fuerza y más medios de comunicación “colgaron” la información en sus páginas electrónicas, voceros de la PGR “desmintieron” la versión de la captura.

La agencia del Estado, Notimex, se vio obligada a “bajar” la noticia de la aprehensión que había difundido apenas una hora antes.

En otros medios, sin embargo, la noticia fue sostenida en páginas de internet y cerca de la medianoche del sábado se publicó la confirmación de que Amado Yáñez estaba detenido.

Poco después de las 15:00 horas, ayer, otros medios mantuvieron la versión del arresto, si bien no precisaban el lugar donde ocurrió la captura ni dónde el empresario estaba rindiendo declaración ministerial.

Veinticuatro horas después de la primera versión sobre la captura de Yáñez voceros de la PGR declararon primero que “el Ministerio Público trabaja en absoluta secrecía en torno a las investigaciones sobre el caso Oceanografía, como lo marca la ley”.

Por la noche, sin embargo, voceros de la dependencia adelantaron que se preparaba ya un comunicado de prensa de tres párrafos con la información sobre la solicitud de arraigo. El comunicado, se dijo, sería “liberado” antes de las 21:00 horas; pero que hasta el cierre de esta edición aún no había sido emitido.

Cabe recordar que el pasado 28 de febrero, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que la empresa Oceanografía había sido asegurada debido a presuntas irregularidades en torno a un financiamiento bancario.

Ello, como resultado de que dicha institución bancaria otorgó a Oceanografía, proveedora de Pemex, créditos por 585 millones de dólares, de los cuales sólo resultaron válidos 185 millones, lo que significa que 400 millones de dólares corresponden a cargos presuntamente fraudulentos.

El total de los préstamos que Banamex entregó a Oceanografía estaban “respaldados” en cuentas por cobrar a Petróleos Mexicanos.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo al dar a conocer el aseguramiento de la empresa “que el objetivo (de esta acción) es preservar fuentes de empleo y activos de esa empresa, la posibilidad de restituir daños, y mantener las operaciones”.

Denunciado el fraude, la PGR aseguró el pasado 28 de febrero a aquella empresa y giró una orden de localización, y posteriormente de presentación, en contra del socio mayoritario de Oceanografía, Amado Yáñez.

Acusan a líder de sindicato petrolero de ser contratista de Pemex

El dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, es dueño de diversas compañías que prestan servicios a Pemex, por lo que tiene el doble papel de líder gremial y ‘‘contratista’’ de la paraestatal, señaló la llamada Gran Alianza Nacional Petrolera según otra nota del periódico La Jornada.

En un documento presentado ante la Presidencia de la República y las secretarías de Gobernación y la Función Pública, el organismo dice que esta organización tiene documentado ante la PGR que el dirigente ha cometido ‘‘hechos constitutivos de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada en agravio de Pemex y de la ciudadanía mexicana’’.

Asimismo, afirma que el líder se ‘‘ha apropiado de la millonaria caja de ahorros de los trabajadores’’, ha negociado con la venta de plazas y desviado fondos federales destinados al gremio, entre muchos otros ilícitos.

Por ello, asegura la alianza, el gobierno federal tiene que cumplir con su promesa de que ‘‘en este régimen no hay intocables, proceder a investigar al dirigente y destituirlo’’.

Recibido los días 10, 11 y 19 de marzo del presente año por las instancias citadas, el documento refiere que existen varias averiguaciones previas, órdenes de aprehensión e incluso autos de formal prisión contra Romero Deschamps, las cuales ‘‘se encuentran sin ser ejecutadas’’.

Se agrega que también hay denuncias contra Ricardo Aldama Prieto, ex tesorero y actual presidente del consejo general de vigilancia, y Manuel Limón Hernández, actual tesorero del sindicato.

Jorge Fuentes García, coordinador general de esta alianza –la cual es opositora a la actual dirigencia del STPRM–, firma el escrito en que se indica que se han documentado en ‘‘innumerables denuncias’’ ante la PGR y otras instancias gubernamentales ‘‘los ilícitos en que ha incurrido el comité ejecutivo encabezado por Romero Deschamps, sin que proceda ninguna de ellas y sin que la autoridad investigue’’.

También expone que, además del uso discrecional de los fondos sindicales y de los millonarios montos que recibe por cada revisión salarial, por los festejos del 18 de marzo y primero de mayo, ‘‘este dirigente (Romero Deschamps) es juez y parte, porque ha conformado empresas que tienen contratos de servicio con la paraestatal en las que tiene prestanombres’’. Incluso, el dirigente opositor asegura que ‘‘bajo esa dirigencia sindical se han generado una serie de robos y saqueos a Pemex’’.

Refiere que ya quedó en el olvido el Pemexgate, que protagonizó Romero Deschamps, con un millonario desfalco para la paraestatal y para el país, sin que se procediera en su contra. Además, ‘‘hay robo de materiales, refacciones, combustibles derivados del petróleo, gas, gasolina, diesel, turbosinas y aceites en contubernio con altos jefes administrativos de la empresa’’, indica el documento.

Por si fuera poco, agrega, como parte del consejo de administración de Pemex, Romero Deschamps firmó contratos en los que se elevó hasta 500 por ciento el costo de servicios para la empresa, lo que significó desfalco para el erario y favoreció a compañías privadas nacionales y extranjeras.

La alianza sostiene que a todo ello se debe sumar el que el líder petrolero administra un sindicato alterno, el de Trabajadores de la Construcción y Excavación, y en nombre del STPRM cobra 2, 5 o más por ciento sobre el monto global de los contratos que las empresas privadas firman con Pemex para poderlos dejar operar.

Por ello, considera que ‘‘corresponde a las autoridades e instituciones a las que se ha hecho llegar la documentación de estos ilícitos investigar a todos los integrantes de la dirigencia ilegal del sindicato petrolero, hoy llamada delincuencia organizada, infiltrada en la paraestatal’’, planteó el organismo encabezado por Fuentes García.

Concluye que ‘‘este gobierno ha asegurado que en México no hay intocables, que nadie debe estar por encima de la ley’’, por lo que demandan que esto se cumpla y se actúe contra una dirigencia que a todas luces ‘‘ha acumulado fabulosas fortunas, no explicables’’ y ‘‘ha impuesto un régimen de corrupción en el sindicato petrolero’’