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Gobierno de Puebla no compró motocultores con sobreprecio: Contraloría

  • Patricia Méndez
Los auditores pudieron interpretar mal las facturas y determinar sobrecostos al compararlas con un estudio de mercado
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La Secretaría de la Contraloría (SC) rechazó que los 1 mil 690 motocultores que el gobierno del estado adquirió en el 2012 a dos proveedores de un mismo grupo empresarial, se hayan comprado con sobrecosto, tal y como lo refirió la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en el informe sobre la cuenta pública de ese año.

La encargada de despacho de la SC, María Catalina Daza Hernández, reconoció que el gobierno del estado ha adquirido los artefactos agrícolas con un mismo proveedor durante los años de 2011, 2012 y 2013, sin embargo, aseguró que los contratos han sido productos de concursos de licitación que no permiten hacer contrataciones a modo.

Daza ofreció este viernes un espacio a e-consulta para abundar sobre el resultado de la revisión de la ASF a un monto por 107.8 millones de pesos que se destinaron a la compra de 1 mil 690 motocultores. La ASF hizo hincapié en que los vendieron dos proveedores que forman parte de un mismo grupo empresarial y que los motocultores se adquirieron con sobrecosto.

Además, el ente fiscalizador detectó en 168 casos que las firmas de los beneficiarios de los mencionados artículos fueron falsificadas para poder integrar los expedientes, según lo arrojaron pruebas de grafoscopía practicadas sobre el tema.

La auditoría se practicó a través de la SAGARPA, pues en el fideicomiso que se conformó para comprar los motocultores interviene esa dependencia.

Facturas pudieron ser mal interpretadas, presumen

Durante la entrevista, efectuada en una de las salas de la SC que se localiza en el Centro Integral de Servicios (CIS), la encargada de la dependencia rechazó que los 1 mil 690 motocultores que la administración estatal entregó en el 2012, se hayan adquirido con sobrecosto.

Explicó que tal observación no ha sido notificada de manera oficial por la ASF al estado, sin embargo, presumió que los auditores pudieron interpretar erróneamente las facturas de compra y determinar sobrecostos al compararlas con un estudio de mercado.

Sin precisar el costo real de un motocultor, la funcionaria detalló que la factura de uno de esos artefactos abarca un componente adicional que éste necesita, así como la aportación del 25 por ciento del costo que pone el beneficiario, por lo que la ASF pudo interpretar el costo total de esos aspectos y determinar precios altos.

“Muy posiblemente la federación está considerando en el monto total de las facturas y la aportación de los beneficiarios. El motocultor va solo con un componente y el costo total incluye la aportación del estado, más el 25 por ciento de aportación de los beneficiarios”, refirió.

Aunque no precisó el costo de un motocultor, sí comentó que el precio de los artículos se ha elevado a lo largo de 2011, 2012 y en los adquiridos en el 2013, como una consecuencia de la inflación.

Motocultores se adquirieron con un único proveedor

Cuestionada sobre el motivo por el cuál la administración estatal compró con dos proveedores de un mismo grupo empresarial los motocultores en 2012, Daza respondió que la dependencia encargada de la compra  fue la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), sin embargo defendió que las adquisiciones se realizaron de manera legal.

Refirió que la SFA abre concursos de licitación en los que se revisan las propuestas económicas, por lo que si dos proveedores ofrecieron las mejores ofertas, no representa un problema para la dependencia a su cargo que estos pertenezcan a una misma empresa.

—¿Por qué con dos empresas del mismo grupo se compraron los motocultores?, —cuestionó e-consulta—.

—Las empresas que suministraron fueron las que en su momento fueron sometidas al seno del Comité del Fideicomiso (que administra los recursos), y los consejeros fueron los que acordaron quienes podían entregar los motocultores con las especificaciones técnicas que referían las reglas de operación —contestó la funcionaria—.

—¿En las auditorías que ha llevado a cabo, la Contraloría nunca encontró estas irregularidades detectadas por la ASF, de que los dos proveedores de los motocultores pertenecen al mismo grupo empresarial? —se le insistió—.

—-Nosotros hicimos una auditoría, pero el hecho de que dos proveedores pudieran coincidir con un grupo empresarial, bueno pues, si son los que están ofertando la mejor propuesta y que reúnen las especificaciones técnicas que requieren por la parte que lo solicita, nosotros no vemos ninguna irregularidad — agregó—.

Representante legal no es una anomalía

Recientemente el portal Lado B documentó que el representante de la empresa que en el 2010 dotó de publicidad a la coalición Compromiso por Puebla, que ganó el gobierno del estado, de nombre Roberto Arandia Gutiérrez, ocupa el mismo cargo en la empresa Grupo Comercom, que también suministró los motocultores a la administración estatal.

Al respecto, la encargada de despacho de la Contraloría dijo que desconoce la actividad comercial de Arandia Gutiérrez, sin embargo, consideró “discriminatorio” no contemplar que éste puede fungir como representante legal de varias firmas, ya que ello no constituye una anomalía.

No obstante, ofreció revisar el asunto y, en caso de detectar alguna anomalía, actuar en consecuencia.

—¿La empresa que provee los motocultores es una empresa comercializadora? —se le interrogó—.

—-No —respondió—.  

—¿Entonces por qué esta empresa también hace publicidad? Fue la empresa que entregó la publicidad de la Coalición Compromiso por Puebla en el 2010.

—Tengo entendido que no, sin embargo no he leído su acta constitutiva, recordemos que el acta constitutiva refiere cuál es el objeto de la empresa y tendría que remitirme a ella para decir con precisión cuál es el objeto que realiza esa empresa —añadió—.

Notario certifica aportación de beneficiarios

Sobre la aportación de los beneficiarios de los motocultores que la ASF refirió que no se había realizado, Daza dijo que cuentan con el soporte necesario para comprobar lo contrario, pues este fue certificado, posteriormente a la auditoría, por un notario público y da fe de la participación de las personas.

“En el expediente se cuenta con el acta ante notario en donde los beneficiarios, posterior a la auditoría, señalan que realizaron su aportación correspondiente”.

Asimismo, apuntó que el mencionado documento también demuestra que las firmas de quienes recibieron los artefactos son auténticas y no falsas, como lo refirió la ASF.

—Entonces, ¿el peritaje en grafoscopía no sirve? —se le preguntó—.

—No me atrevería a decir eso, los auditores hicieron el análisis con base en la documentación, pues hacen su determinación, sin embargo, yo no diría que se equivocaron, yo esperaría que nos notifiquen y responder en el plazo de 30 días, pero no se falsificaron —sostuvo—.

—¿Entonces qué pudo haber pasado para que las firmas no sean las mismas? —se le insistió—.

—Mi interpretación sería respecto al texto de los auditores, yo prefiero esperarme al término que tengo para la aclaración correspondiente.

-¿Por qué estas irregularidades, en el caso de los motocultores, no fueron detectados por la Contraloría? —se preguntó—.

—-Nosotros hicimos una auditoría, pero no detectamos esa irregularidad, nosotros cotejamos copias de identificaciones y para nosotros no hay tal alteración o falsificación, en nuestro expediente consta la satisfacción de todas las observaciones y de ello tuvo conocimiento el delegado de SAGARPA, insisto, él es parte importante del fideicomiso y no tenemos registrado en nuestro expediente ninguna irregularidad de las detectadas por la ASF, por eso nos vamos a esperar a solventar en el término que se nos otorga, finalizó.

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