A nueve meses de que un grupo de policías estatales despedidos ganaron un juicio de amparo en contra del gobierno del estado, la administración de Rafael Moreno Valle se niega a pagar las indemnizaciones que le corresponden a los ex uniformados.

Esto lo dio a conocer Héctor Gómez, uno de los 200 efectivos estatales que fueron despedidos sin previo aviso en octubre de 2012, quien denunció que la Secretaría de Seguridad Pública ha dado vueltas para evitar indemnizar a sus compañeros.

Señaló que además de los 100 amparos que otorgaron varios jueces de distrito, hace un mes un tribunal colegiado ordenó que el gobierno pagara la liquidación de 30 ex elementos de Vialidad estatal, lo cual no se ha cumplido.

“Las autoridades están usando muchas artimañas para no dar cumplimiento a lo ordenado”, denunció Gómez.

Uno de los argumentos que ha esgrimido la SSP es que no se cuenta con el presupuesto etiquetado para la indemnización de los ex policías, por lo que se tendrán que esperar hasta el siguiente ejercicio fiscal para poder acceder a estos recursos.

El ex policía comentó que además, funcionarios de la dependencia estatal han justificado el retraso en las liquidaciones, señalando que se encuentran en proceso para solicitar un préstamo a la Secretaría de Administración y Finanzas, pero que ésta requiere una autorización del Congreso del estado para poder dar cualquier tipo de apoyo financiero.

“Nos quieren desesperar” acusó Gómez, al recordar que durante los juicios los tribunales pidieron la participación de un perito fiscal, quien evaluó el monto de las indemnizaciones y la situación financiera del gobierno y dictaminó que sí era viable el pago.

En octubre del año pasado, 80 efectivos de vialidad estatal recibieron un oficio en el cual se les notificaba su baja inmediata, sin que se les detallaran los motivos.

A los pocos días, otros 130 policías estatales recibieron la misma notificación; a manera de justificación la SSP aseguró que los elementos despedidos habían reprobado las pruebas de control de confianza.

Sin embargo, los policías de tránsito presentaron un amparo ante los juzgados federales, en el cual pedían el pago de las indemnizaciones que les correspondían por ley.

En su momento, las autoridades judiciales solicitaron al gobierno del estado los resultados de las pruebas de control de confianza por medio de las cuales despidieron a los policías, pero éstas nunca fueron presentadas.

Ante esto, el pasado mes de marzo la federación ordenó al Ejecutivo estatal que se indemnizara a los elementos de vialidad.