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Aprueban diputados en su última sesión 15 iniciativas de Moreno Valle

  • María Pineda
Con las reformas aprobadas, el contralor Eukid Castañón tendrá injerencia en la licitación de obras y la revisión de rutas de transporte
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Con 24 votos a favor y sin discusión, los diputados de la LVIII Legislatura concluyeron el tercer y último periodo de sesiones con la aprobación de 15 iniciativas del gobernador Rafael Moreno Valle, entre ellas, el facultar a Eukid Castañón Herrera, contralor del estado, a tener injerencia en los procesos de licitación de obra y en la revisión de rutas del transporte público.

En un lapso de 30 minutos, los legisladores validaron el paquete de proyectos que apenas el  jueves ingresó al Congreso y, que el viernes pasado se aprobó en el trabajo de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la de Hacienda y Patrimonio Municipal.

En lo referente a las nuevas atribuciones de la Contraloría del  estado, los legisladores  aceptaron las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley  de Obra Pública y Ley de Transporte del Estado.

Así, Castañón Herrera vigilará los procedimientos de adjudicación de obras o servicios, podrá declarar la recisión de los contratos y solicitar a los ayuntamientos le informen sobre las anomalías que se den en la ejecución de las obras.

En total, los diputados aprobaron reformar 20 artículos y sus diferentes fracciones de la Ley de Obra Pública. Entre estas está la del apartado 57, el cual señala que la Contraloría podrá  “verificar la veracidad de la información” que proporcionen los solicitantes durante los procesos de licitación, y en caso de que los datos sean falsos, eliminar a los contratistas del padrón.

También está la fracción VII del artículo 72, la cual indica que los contratistas que sean notificados del  inicio de un procedimiento, contarán con un plazo de tres días hábiles para devolver la documentación entregada, y en caso de no hacerlo, se informará a la Contraloría para que determine qué acciones se emprenderán.

Respecto a las modificaciones a la Ley del Transporte, se permite a la Secretaría de Transportes (ST) y a la Contraloría celebrar, ya sea de manera conjunta o separada,  convenios de coordinación y colaboración, contratos e instrumentos jurídicos con dependencias federales, estatales y municipales, para atender la problemática del sector.

Se faculta al contralor del Estado a dictar “medidas” para poner a disposición de las autoridades competentes a los conductores o a los vehículos del servicio público de transporte y del servicio mercantil, vigilar el cumplimiento de las tarifas, itinerarios, recorridos, horarios y frecuencias estipuladas para el servicio público.

Además, Castañón Herrera dispondrá de los registros de datos de concesiones, permisos y licencias; tendrá facultad para emitir lineamientos, políticas, acuerdos y circulares para cumplir con las atribuciones de supervisión, vigilancia y revisión.

Asimismo, en el artículo 85 Bis advierte que los concesionarios deberán informar a la ST y a la Contraloría, el nombre y datos personales de los conductores o choferes con quienes se tenga relación.

Desaparece el IRCEP

Por votación unánime, los diputados locales acordaron la supresión del Instituto Registral y Catastral de Puebla, con el propósito de que las funciones del Registro Civil se concentren en la Secretaría General de Gobierno, mientras que las del Catastro las asumirá la Secretaría de Finanzas y Administración.

El pasado viernes el gobernador Rafael Moreno Valle explicó que el proyecto de bursatilización del Instituto Registral y Catastral (IRCEP) no resultó viable, pues implicaba la contratación de deuda pública, por lo que determinó extinguir el organismo y anexar a otras áreas gubernamentales los trámites que en este se realizaban.

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado ahora estará sectorizada a la Secretaría de Infraestructura y podrá ejecutar la obra pública que le corresponda para la prestación de los servicios públicos y solicitar a las autoridades correspondientes la expropiación, ocupación temporal, parcia o total de bienes o la limitación de los derechos de dominio.

También se aprobó la Ley del Centro Estatal de Mediación del Estado, y diversas disposiciones de Ley Estatal de Salud, con el objetivo de que el gobierno cuente con un procedimiento de rescisión de contratos más rápido y expedito.

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