La reforma energética se concretó luego que el Senado aprobó ayer en lo general, con 95 votos a favor y 28 en contra los cambios a la Constitución que permitirán abrir el sector de los hidrocarburos y la electricidad a la iniciativa privada y que deja al sindicato petrolero fuera del Consejo de Administración de Pemex.

El PRI aceptó modificar la propuesta del presidente Enrique Peña y una iniciativa más cercana a la panista, que incluye nuevos esquemas de contratación que van desde los servicios, la utilidad y la producción compartida, hasta las licencias.

El cambio a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución fue avalados por los senadores del PRI, PAN y PVEM; y 28 en contra del bloque del PRD, PT y MC, además de dos panistas: Javier Corral y Ernesto Ruffo Appel.

La reforma permite que empresas privadas participen en el sector energético, a través de los contratos de servicios (que el Estado pagará con efectivo) de utilidad compartida (en que el Estado compartirá un porcentaje de la ganancia) de producción compartida (que el Estado repartirá con la empresa un porcentaje de la producción obtenida) y contratos de licencia, con la transmisión onerosa de los hidrocarburos, en que la empresa tendrá que pagar por el producto, una vez que hayan sido extraídos del subsuelo.

A pesar de esa variedad, se mantuvo la prohibición a otorgar concesiones, y que Pemex pueda verse favorecido con la llamada “ronda cero” para elegir los proyectos que más le convengan.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, luego de casi 12 horas de sesión, el pleno discutía la reserva de artículos en lo particular, que se esperaba se prolongue hasta las primeras horas de este miércoles, debido a que el PRD anunció la reserva de todo el articulado, incluidos los 21 transitorios.

Lo que avaló el Senado

En las modalidades de contratación de la reforma energética que avalaron los senadores ya no sólo se contemplarán los de servicios, utilidad y producción compartida, y licencias, sino cualquier otro tipo de asociación, ya que los legisladores agregaron las palabras "entre otras".

El mismo término fue incluido en el transitorio número 10, referente a las atribuciones que la ley dará a la Secretaría de Energía y los órganos reguladores.

Por otro lado, la reforma ya no estableció que los órganos reguladores del sector fueran descentralizados, sino sólo coordinados directamente con el Poder Ejecutivo.

"La ley determinará los mecanismos para garantizar la coordinación entre los órganos reguladores y la Administración Pública Federal", refiere según se informa en otra nota del diario Reforma.

A propuesta del PAN, se creó el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización del Desarrollo, cuyo comité técnico estará integrado sólo por tres representantes del Gobierno y cuatro independientes que pasarán por el voto del Senado.

Además, se detalló el destino que tendrán los recursos de la renta petrolera, ya que deberán emplearse -en el siguiente orden- para pagar los gastos de asignaciones y contratos con privados, así como realizar transferencias a diversos fondos, entre los que se incluye el de Ingresos de las Entidades Federativas.

Una vez que los fondos alcancen su "tope" -que será redefinido por el Congreso-, los recursos se destinarán para el ahorro de largo plazo.

Cuando se registre una caída significativa de los ingresos públicos, asociada a una reducción del PIB, la Cámara de Diputados, con mayoría calificada, podrá reasignar el destino del dinero.

De acuerdo con las modificaciones, se colocó un plazo de dos años para que Pemex y la CFE pasen de empresas paraestatales a "empresas productivas del Estado", ya que en la redacción original no contemplaba ninguna fecha.

Sin embargo, ampliaron de 60 a 90 días el plazo para que la petrolera informe a la Secretaría de Energía la adjudicación de las áreas en explotación y los campos de producción que esté en capacidad de operar, a través de las asignaciones.

"Deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva", indica.

"La solicitud se deberá presentar dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto".

También se eliminó de la reforma la obligación de ajustar las disposiciones legales a lo establecido en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México.

Con la finalidad de garantizar la participación de las empresas nacionales, se otorgó un plazo de 120 días para definir los porcentajes mínimos en materia de proveeduría.

Se agregó que será hasta la legislación secundaria cuando se determinen los actos y omisiones que darán lugar a sanciones, el procedimiento para aplicarlas y la definición para establecer qué dependencia las ejecutará.

Antes de la votación en lo general, senadores del PRD se manifestaron y colocaron una gran manta con la leyenda “No a la privatización de Pemex y la CFE”; esto, cuando Manuel Camacho Solís (PRD) acercó una tableta electrónica a los micrófonos de la tribuna con el audio del general Lázaro Cárdenas, cuando decretó la expropiación petrolera.

Según la nota de El Universal, otra pancarta rezaba: “Quien empieza comprando la Presidencia termina traicionando a la patria”. Posteriormente los perredistas cantaron el himno y se retiraron para continuar con la sesión.

De acuerdo con el paquete de cambios avalados, se confirmó la salida del sindicato petrolero del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

La vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, y el secretario de la Comisión de Energía, Rabindranath Salazar, también del PRD, consideraron que abrirá las concesiones. También se cambió la palabra “deberán ser” por el de “podrán ser” lo que a decir de panistas obliga a emitir la regulación para las modalidades de contratación, y al agregarse “entre otras” se abre la puerta a otras opciones que puedan surgir en el futuro.

Padierna criticó que los cambios no hayan sido aprobados por las comisiones dictaminadoras, y sólo se presentaron al principio de la sesión donde fueron avalados a mano alzada por el pleno.