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Dejan legisladores inconclusa reforma en telecomunicaciones

Ifetel tendrá listas las bases de licitación de dos cadenas de televisión a más tardar el 9 de marzo del 2014.
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Este 9 de diciembre vence el plazo marcado por la reforma constitucional para que el sector telecomunicaciones tenga la legislación secundaria que marcará los lineamientos para regular a los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión que operan en el país.

Sin embargo, ante la discusión de las reformas política y energética el gobierno no envió su propuesta a los legisladores y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tendrá que regirse conforme a la legislación vigente.

“Es muy común que nuestro Legislativo incurra en ese tipo de incumplimiento ante la ausencia de sanciones por esa desobediencia legislativa”, indicó el constitucionalista Elisur Arteaga Nava, según una nota del periódico La Jornada.

En su momento, el presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, declaró que este regulador tendría que apegarse a lo que marca la reforma y las leyes como están, y modificar las decisiones conforme haya leyes nuevas.

Sin legislación secundaria el Ifetel anunció la semana pasada uno de los procedimientos más esperados de la reforma, que consiste en la investigación de Telmex, América Móvil y Televisa como agentes preponderantes, la cual podría derivar en la desincorporación de activos.

A decir del subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, el Ifetel tendrá listas las bases de licitación de dos cadenas de televisión abierta a más tardar el 9 de marzo del 2014, otra de las grandes expectativas de la reforma.

La reforma constitucional se aprobó el 11 de junio pasado y a partir de esa fecha los legisladores y el Ejecutivo contaban con 180 días para tener, o por lo menos discutir, la legislación secundaria que implica la modificación de 14 leyes.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha asegurado que tiene la propuesta del Ejecutivo desde hace dos meses, pero que primero deberá pasar por el Pacto por México y luego al Congreso.

Desde los primeros días de diciembre senadores y diputados alertaron que no abordarían el tema porque eran prioritarias las reformas político-electoral y la energética. Adelantaron que las leyes secundarias en telecomunicaciones podrían estar en febrero sin que faltaran a la ley, porque el sector y el Ifetel se regirían por lo vigente.

El especialista en derecho constitucional, José Patiño Hurtado, consideró que en algunos casos la falta de leyes secundarias “vuelve inoperantes” las reformas constitucionales, pues incluso algunas “llegan a correr el riesgo de nunca ser plenamente aplicables en el país”.

El jurista Luis Arguelles refirió que en el caso de la reforma en telecomunicaciones, incluso sin la existencia de leyes secundarias, los cambios constitucionales tendrán aplicabilidad en el derecho mexicano porque el Constituyente Permanente fue previsor y anticipó la posibilidad de que diputados y senadores incumpliesen con su obligación, por lo que en el artículo séptimo transitorio del decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 7, 27, 28 de la Constitución, expuso: “si no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jurídico (… ) La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ejercerán sus atribuciones conforme a lo dispuesto por (el decreto) y, en lo que no se oponga a éste, en las leyes vigentes”.

Según el doctor en derecho constitucional, los legisladores aplican la siguiente máxima: “más vale tarde que mal hecho”, con lo cual justifican su incumplimiento que se desprende de los transitorios de cualquier reforma constitucional.

Los constitucionalistas entrevistados coincidieron en que el Poder Ejecutivo también tiene su carga de responsabilidad en la falta de estas leyes reglamentarias, pues envía al Congreso de la Unión una cascada de reformas constitucionales, a pesar de la carga de trabajo en ambas cámaras federales.

La desaparición del IFE costaría 29 mil millones

La implementación de un nuevo sistema electoral, denominado Instituto Nacional Electoral (INE), tras la desaparición del IFE, le costaría al erario más de 29 mil millones de pesos anuales por concepto de presupuesto de operación, prerrogativas de partidos, cambios de imagen institucional y liquidación de empleados.

Con las atribuciones concedidas por el Poder Legislativo, el nuevo instituto -del cual falta su aprobación por la mayoría de congresos estatales- tendría que programar recursos para organizar comicios al interior del país, por lo que su presupuesto se triplicaría.

Al sumar los costos de los procesos democráticos en México, el Instituto Nacional Electoral tendría que contar con al menos 29 mil 131 millones 155 mil pesos para su operación en 2014, año en el que se llevarán a cabo elecciones locales en Coahuila y Nayarit.

De acuerdo con el desglose de gastos al presupuesto ya obtenido por el IFE para 2014, siete mil millones 789 mil pesos para gastos de operación y cuatro mil 44 millones 119 mil 335 pesos para prerrogativas de partidos, tendrían que añadírsele los costos de los institutos electorales y fuerzas políticas locales, así como la logística del cambio a INE.

De acuerdo con una nota del diaria 24 Horas, un diagnóstico elaborado por los organismos electorales locales del país detalla que en 2013 los 31 institutos gastaron cuatro mil 747 millones 35 mil 935 pesos, más dos mil 551 millones de prerrogativas a partidos locales.

Además, a los gastos de operación y prerrogativas de partidos del Instituto Nacional de Elecciones se sumaría, en caso de darse, la liquidación de más de 14 mil trabajadores quienes actualmente laboran en el IFE.

Según un estudio de la Contraloría Interna del Instituto Federal Electoral, un estimado de 10 mil millones serían necesarios, como mínimo, para la liquidación de sus empleados, algunos de los cuales laboran ahí desde su creación, hace 23 años.

Otra de las erogaciones estaría destinada al cambio de imagen institucional desde edificios hasta las credenciales para votar con fotografía para sustituir al IFE por INE. Para ese gasto se estiman más de mil millones de pesos.

Marco Antonio Baños, consejero electoral, señaló en una entrevista previa, que el país no está en condiciones de realizar un gasto excesivo por el sólo cambio de imagen institucional de las más de 80 millones de credenciales del padrón electoral.

En conjunto, de concretarse la reforma político-electoral con su aprobación por al menos 16 congresos locales, la transición de IFE a INE costaría más de 29 mil millones de pesos anuales.

Ante ese escenario, la consejera presidenta provisional, María Marván, alertó que la democracia mexicana pagaría un “precio muy alto” por desaparecer al IFE. A su parecer, los costos de los procesos electorales se incrementarían, lo cual, generaría incertidumbre entre los actores políticos.

“La creación del INE tira por tierra aquella estructura fundacional que tan buenos resultados dio, en su lugar se prevé una doble, triple, quizá cuádruple pista en la que correrán intersecciones organizativas, hasta hoy imprecisas, entre lo local y lo federal, entre lo distrital y lo municipal, entre lo nacional y los usos y costumbres”, dijo la consejera Marván.

Durante la pasada sesión del IFE, María Marván lanzó lo que denominó una “advertencia crítica: a reforma orillará al INE a ofrecer actuaciones permanentemente inciertas y ambiguas. Por primera vez en la historia de la normatividad electoral el verbo dominante es poder constitucional”.

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