La Secretaría de Hacienda se deslindó del "moche" que cobran diputados federales a los ayuntamientos a cambio de partidas presupuestales.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, la dependencia envió una carta a las asociaciones de alcaldes en la que asegura que no ha autorizado ningún enlace para negociar la llegada de las partidas presupuestales aprobadas por el Congreso.

El mencionado periódico ha publicado en los últimos días señalamientos de ediles en el sentido de que, a cambio de aprobar recursos para obras, los legisladores cobran comisiones o piden asignar los proyectos a determinadas constructoras.

El oficio 801.1, del que Reforma tiene copia, está firmado por el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, y fechado el 2 de septiembre, justo cuando se iniciaron las negociaciones del paquete económico.

"La Subsecretaría de Egresos no tiene relación alguna con consultores, asesores, analistas o despachos privados que intenten gestionar la asignación de recursos ante esta Subsecretaría", señala el documento.

En él, Galindo advierte que los trámites y gestiones para la transferencia de recursos a los estados y municipios deben realizarse exclusivamente por los funcionarios autorizados y acreditados.

Incluso afirma que los trámites tienen que llevarse a cabo al interior de las instalaciones de la Subsecretaría.

Ricardo Baptista, director ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), explicó que la misiva de Hacienda fue enviada a los alcaldes luego de una reunión en la que denunciaron la existencia de coyotes que piden un porcentaje a cambio de gestionar la liberación de recursos.

Refirió que el tema fue abordado durante un encuentro privado en el que estuvieron los presidentes de las diferentes asociaciones de municipios, así como Alcaldes del PRI, el PAN y el PRD.

"Galindo nos mandó una carta para distribuirla en todos los municipios en el sentido de que Hacienda se deslindaba de tener gestores para bajar recursos ya etiquetados.

"Nos dijo: 'La Secretaría no tiene gestores ni manda nadie a su nombre'", aseguró Baptista.

En esa reunión estuvo presente el alcalde de Santa Ana Maya, Ygnacio López Mendoza, asesinado el 7 de noviembre.

"La lucha del doctor no tenía que ver con peleas con la delincuencia organizada, sino este tipo de prácticas porque él decía que no tenía ni obras ni presupuesto.

"Y dijo: 'Nos acorralan y nos llevan a tomar esa decisión de aceptar que nos lleguen recursos y que les demos comisión'", explicó.

En mayo pasado, frente al presidente Enrique Peña Nieto, la presidenta de la AALMAC, Leticia Quezada, denunció que los alcaldes eran víctimas del coyotaje.

Hacienda puso a disposición de diputados recursos para inversión

Los negociadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pusieron a disposición de los diputados federales más de 24 mil millones de pesos como incentivo para la aprobación del presupuesto de egresos para 2014.

Denominados enlaces legislativos, buscaron uno a uno a representantes de todos los partidos y les pidieron presentar proyectos de inversión hasta por 30 millones de pesos para sus lugares de origen con un solo requisito: tener viabilidad técnica.

“Todos nos organizamos y hasta hacíamos cola para registrar nuestras obras y asegurarnos de su inclusión en el gasto del año próximo”, revelaron diputados de diversa filiación según otra nota del diario 24 Horas.

Los días de mayor negociación se dieron a partir del 12 de noviembre. El presupuesto –de cuatro billones 467 mil 226 millones de pesos- debía ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre y las gestiones se aceleraron día y noche.

Aquello era un mercado. Cuenta el zacatecano Ricardo Monreal, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, quien duda de los compromisos adquiridos en la urgencia:

-¿Cómo podría resumírselo? Es como el Buen Fin Legislativo. El miércoles pasado, como un día de plaza en San Lázaro, en donde todo mundo andaba en la rebatinga, pero haga de cuenta el Buen Fin, aunque finalmente fue un engaño, no hay nada real, ni beneficios para la población”.

Antes y durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año venidero, los legisladores federales de los siete grupos parlamentarios se peleaban para ser atendidos por funcionarios de la dependencia que dirige Luis Videgaray Caso.

Los recursos, que deben ir etiquetados para su aplicación, se dividieron en tres áreas: pavimentación y alumbrado público, infraestructura para el desarrollo de la cultura e infraestructura deportiva, precisaron legisladores a ese diario.

Los 24 mil millones de pesos fueron repartidos entre los 500 diputados federales, siempre y cuando fueran sustentables y cumplieran con las reglas de operación establecidas por la SHCP, dijo a su vez el perredista Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Las llamadas bolsas están etiquetadas en los anexos de Presupuesto de Egresos de la Federación y tienen reglas de operación. Se considera que estos recursos que están establecidos en las bolsas son recursos a la vista públicos y quienes aspiran a ser beneficiados, tienen que cubrir con reglas de operación”, agregó.

Por ejemplo, los panistas Fernando Rodríguez Doval y Raquel Jiménez Cerrillo pudieron destinar a la delegación Benito Juárez y a la Universidad Autónoma de Querétaro diez millones de pesos para cada uno de sus proyectos.

Silvano Aureoles, también coordinador de la bancada del PRD, detalló que esta práctica es común y la calificó como “gestiones naturales” dentro del proceso parlamentario.

“En el proceso de aprobación del presupuesto viene mucha gente, todos buscando hacer alguna gestión y es válido que los diputados ayuden y que en consecuencia, algún gobierno pueda tener el beneficio para su municipio de un proyecto de esta naturaleza”.

Esta acción provocó la fractura al interior del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, ya que por primera vez emitieron su voto de manera diferenciada, por ello, su líder Ricardo Monreal, expresó que estas gestiones no están fuera de la Ley.

“El gestionar recursos no es pecado, ni un delito, (pero) cobrar por ellos es una bofetada a la legalidad. Gestionar recursos, lo han hecho siempre los legisladores, (pero) cobrar una mordida, una comisión, eso sí es incorrecto, ilegal e inmoral”, abundó el político zacatecano.

Monreal Ávila descartó gestionar recursos para Zacatecas en la discusión del presupuesto, que fue aprobado en San Lázaro el pasado jueves.

En este marco, Fernando Rodríguez Doval (PAN) sostuvo que “cada diputado contó con 10.1 millones de pesos para proyectos de infraestructura” en el Distrito Federal, por lo que llamó a los otros 499 legisladores restantes a transparentar estos fondos.

El perredista Silvano Aureoles expresó que será la Auditoria Superior de la Federación (ASF) quien tendrá que supervisar la aplicación de estas cantidades aprobadas en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

El diezmo estalló anoche en el CEN del PAN

El coordinador de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal, argumentó que es una guerra sucia la desatada para vincularlo sobre el cobro de alguna comisión a algunos alcaldes que reciben recursos aprobados por los legisladores.

Descartó retirarse de su cargo ante las acusaciones emitidas por la organización “Panistas por México” por un presunto cobro de favores a presidentes municipales en el marco de la aprobación del presupuesto para el próximo año.

El guanajuatense adelantó que presentará hoy una denuncia penal “contra quien resulte responsable” ante la PGR por dichas acusaciones.

Ayer, el diario 24 Horas adelantó que las acusaciones son emitidas al interior del Partido Acción Nacional en la víspera del relevo en su dirigencia nacional.

Al respecto, Villareal García consideró que estos señalamientos son producto de un “fuego amigo” y lamentó que esta agrupación se aproveche de la coyuntura mediática.

“Lamento muchísimo que esa sea la estrategia de un grupo de panistas que en el desprestigio del partido pretendan su rescate; también afirmo que la tradición democrática de acción nacional era en sentido de la justicia y el respeto a la Ley, hoy lo que veo es un sentido de oportunismo”, manifestó.

Invitó a quienes lo “difaman” a que presente una denuncia en su contra, porque, dijo, “el que acusa tiene que demostrarlo, así son las leyes mexicanas”.

“Por lo pronto, yo si voy a presentar una denuncia formal mañana ante la PGR, porque es un acto que ofende mi honor, daña mi prestigio y es una conducta que se considera delito”, afirmó en entrevista.

Rechazó que haya participado en las presuntas acusaciones de “sobornos” e, incluso, recordó que él mismo ha promovido ante el Congreso de la Unión el retiro del fuero legislativo que está aún en análisis en el Senado de la República.

“La Ley debe de cumplirse y considero que en este país hay una presunción de inocencia y no de culpabilidad, quien acusa está obligado probar”, precisó el legislador, identificado como del grupo del líder nacional del PAN, Gustavo Madero.