Las autoridades en Puebla abusan del término "seguridad" para reservar información pública de todo tipo, por lo que es necesario delimitar este concepto para evitar el bloqueo de datos, señaló Pedro Salazar Ugarte, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ante la negativa de la Secretaría de Finanzas y Administración para entregar copias de las facturas que avalan la compra de dos helicópteros Agusta al inicio del sexenio, por considerar que afectarían la seguridad del gobernador Rafael Moreno Valle y otros funcionarios estatales, Salazar Ugarte dijo que en ese caso se debió aplicar el principio constitucional de que toda información es pública.

Por este motivo, el especialista consideró necesario definir de manera clara qué documentos o qué información en poder de los gobernantes puede en verdad afectar las estrategias de protección o incluso la forma en la que opera el gobierno.

Para Salazar Ugarte es importante que en primera instancia se utilice el principio de máxima publicidad que abarca a toda la información en manos de entidades del país, de todos los órdenes de gobierno.

Por seguridad, no se revela el número de escoltas

Bajo el argumento de “seguridad”, el gobierno del estado negó el pasado 28 de abril, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entregar información relacionada con el número de escoltas asignados a cuidar al gobernador Moreno Valle y el gasto ejercido para el pago de los salarios de los mismos.

Los datos fueron requeridos a la dependencia mediante la solicitud de información número 00112113, pero no fueron proporcionados.

Ante ello, Salazar Ugarte, quien es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), lamentó que los gobiernos utilicen los temas de seguridad para evitar dar información.

Antes de presentar su conferencia magistral “Los retos de la transparencia a la luz de las reformas constitucionales”, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Puebla, indicó que darle la facultad al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para revisar temas controvertidos, sería aumentar la trasparencia en México.

“Pese a la negativa por entregar información, ésta no deja de ser pública, aunque temporalmente es inaccesible. Por eso estas negativas deben ser objeto de revisiones constantes y combatidas y eventualmente derrotadas”, detalló.

Las reservas, cuando las pretendan sostener desde los poderes, deben de hacerlo mediante una justificación legal clara y con una motivación sumamente contundente, que rara vez se logra, agregó.

-¿Se usa en muchos casos la justificación de la seguridad para poner candados?

-Ese es uno de los grandes nichos y de hecho en la reforma constitucional que se ha propuesto, me parece que es uno de los temas polémicos y problemáticos cuando se establece a la seguridad como motivación o causa de reserva. En primer lugar porque el concepto de seguridad nacional es sumamente ambiguo y controvertido, ¿Qué es de seguridad nacional?, tiene que determinarse caso por caso y tiene que justificarse de manera plena.

A decir del especialista de la UNAM, sólo lo relacionado con principios fundamentales para el funcionamiento del estado puede ser considerado como de seguridad nacional.

Bajo reserva compra de equipo

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) reservó toda la información relacionada con las compras de equipo de seguridad durante el 2011.

El 25 de junio de 2012 se solicitó vía Infomex la información relacionada con la adquisición de chalecos antibalas, el monto de la inversión, cantidad en inventario, antigüedad de éstos y la empresa con la que fueron adquiridos, además de las compras de cascos para bicicleta y motocicleta y otros artículos de seguridad para los elementos policiacos.

Sin embargo, el 24 de julio del 2013 la unidad de transparencia de la dependencia respondió que toda la información solicitada estaba clasificada como “reservada” por un periodo de seis años.

A forma de respuesta, se proporcionó un documento en el cual se detalla que el 1 de julio de este año se actualizó el índice de información reservada o confidencial de la SSPyTM, es decir, después de que se hizo la solicitud.

Esta “frontera conceptual” en relación a los temas relacionados con la seguridad se definirá, en primer lugar por las autoridades estatales y federales, pero los entes de transparencia locales pueden y deben intervenir para acotar los términos, detalló Salazar Ugarte.

En caso de que ninguno de los conceptos generados por estas instancias respete la obligatoriedad de máxima publicidad, pueden intervenir las autoridades judiciales, concluyó.