Debido a los cambios que impulsaron los cabilderos en la reforma hacendaria propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada en la Cámara de Diputados, el gobierno dejará de recaudar 55 mil 700 millones de pesos.

“En conjunto, los ajustes por las modificaciones a la reforma hacendaria, realizados el miércoles por la noche en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y según los cálculos de la SHCP solicitados para la construcción del dictamen de ley de ingresos, es de 55 mil 700 millones de pesos”, dijo Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) según una nota del diario 24 Horas.

Tras la revelación, muchos de los empresarios que escuchaban a Videgaray no tocaron la crema de aguacate que les sirvieron durante la comida ofrecida por la celebración del 50 Aniversario del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El encargado de las finanzas públicas compartió ayer la mesa y el pan con Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo; Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo Mexicano de Hombres Negocios, entre otros líderes empresariales.

Videgaray completó el cálculo del impacto de los cabilderos: “es algo que no tenía preparado para compartir con ustedes, pero es importante en virtud de los dictámenes y las modificaciones que se han hecho en ley de ingresos y en los distintos ordenamientos que constituyen en la reforma hacendaria”.

Luego suavizó su mensaje, aunque la tensión no disminuyó: “quiero hacer un reconocimiento al CCE y a los distintos liderazgos del sector privado por la voluntad de diálogo constructivo con el gobierno, y particularmente con la SHCP en el proceso de discusión de la reforma hacendaria”.

Las discusiones dieron lugar a modificaciones importantes que reducirán la recaudación prevista en la reforma fiscal, que era de 240 mil millones de pesos en 2014.

“Por el impacto sólo se recaudarán 184 mil millones de pesos, equivalentes a 1% del PIB en 2014 y de 2.8% del PIB en 2018. Algunas de las adecuaciones son diferimientos en entrada en vigor a propuesta del sector privado”, calculó Luis Videgaray.

El no cobrar el IVA a colegiaturas de universidad privadas tendrá un impacto negativo por 13 mil 100 millones de pesos en lo que esperaba recaudar el gobierno, agregó.

Otra objeción expresada por el CCE y por la sociedad en su conjunto fue la eliminación del IVA a la compra, venta, renta y a los intereses hipotecarios, por lo cual no se obtendrán recursos por ocho mil 900 millones de pesos.

A sugerencia del CCE también se decidió no aplicar a un gravamen a los dividendos y a las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), comentó.

“Este ajuste representa contra las estimaciones de la ley de ingresos una disminución en el caso de los dividendos de dos mil 900 millones de pesos y en el caso de las ganancia de capital de mil 200 millones de pesos”, manifestó el titular de la SCHP.

“Una de las discusiones técnicas más interesantes que derivaron de las mesas de trabajo con el CCE fue eliminar la deducción de la reservas técnicas de los seguros”.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS) presentó argumentos, por lo que se dejarán de recaudar seis mil 600 millones de pesos, agregó el secretario de Hacienda.

Eso parte del mensaje que inició hablando el impacto de los cabilderos en la propuesta de reforma hacendaria.

“Los impuestos tienen un destino que es el gasto público y la sociedad mexicana exige que el dinero recaudado se destine a bienes y servicios para la población”, explicó.

“Mientras que la inversión pública se propone que crezca 31.3%, los servicios personales y la nómina del gobierno sólo avanzará 1.2%.

“Tomando en cuenta la trayectoria de los salarios reales de los últimos años de los empleados públicos, esto implica que la nómina y los puestos de trabajo tienen que permanecer constantes o disminuir”.

El secretario justificó que se aumentó el déficit público para este año y 2014, porque se esperaba un abrupto recorte al gasto por una menor recaudación de ingresos tributarios.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados propondrá establecer un límite preciso del gasto corriente, excluyendo las pensiones, para los años 2015 y 2016 que no podrá ser superior al 2.5%, adelantó.

“Para darles una referencia, entre 2007 y 2012 el gasto corriente estructural que excluye las pensiones tuvo un crecimiento anual de 4.4%”.

También pedirán que entre 2014 y 2016 los excedentes presupuestarios se destinen en primer lugar a disminuir el déficit público, en virtud de que se proyecta que exista un déficit en los próximos tres años, reiteró.

La clase media será la más afectada

Las nuevas disposiciones tributarias que avaló la Cámara de Diputados impactarán en mayor medida a la clase trabajadora, pero otros sectores económicos como la banca, inversionistas que participan en la bolsa de valores, minería, telecomunicaciones, pequeños comercios y gasolineros, entre otros, resentirán negativamente las medidas, coincidieron analistas consultados por el periódico El Universal.

Ayer, la cámara baja aprobó nuevos impuestos a la comida chatarra, los refrescos, tasas diferenciadas en el ISR según el ingreso, mayores topes a los gastos que realizan los patrones por sus trabajadores, además de la acotación a los gastos recuperables, lo que erosionará los ingresos de la clase media.

“Veo positivos los cambios, pero hay puntos que todavía pesan mucho, sobre todo a personas físicas. La iniciativa poco ayudará a las clases medias a su desarrollo”, dijo el socio fundador de Bettinger Asesores, Herbert Bettinger.

Sin embargo, otros grupos se manifestaron contra las nuevas disposiciones y argumentaron que poco contribuirán al crecimiento económico del país, pues muchas de estas nuevas medidas inhibirán inversiones y la generación de empleos.

El presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Contribuyentes (Ampec), Cuauhtémoc Rivera, rechazó el impuesto al refresco de un peso por litro porque no resolverá el problema de obesidad, y advirtió que las ventas de los negocios caerán 40% y podrían cerrar 750 mil pequeñas empresas.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, también expresó su rechazo sobre los nuevos impuestos, que calificó de “última hora e inadmisibles”.

Fiscalistas alertaron que los cambios en materia hacendaria tendrán un impacto en los balances de los bancos. Incluso, el aumento en el gravamen a dividendos (10% adicional) podría afectar la inversión en el sector.

Otros grupos tampoco quedaron satisfechos con las nuevas disposiciones que se hicieron en la Ley de derechos y argumentaron que tendrán afectaciones sobre las actividades económicas.

Empresas y dirigentes del sindicato minero argumentaron que el impuesto a la producción de carbón y a la emisión de dióxido de carbono es un gravamen agresivo que puede provocar la desaparición de 400 mil empleos directos.

El director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal, dijo que “la recaudación se va quedar corta y que los recursos que se esperaban van a tener que venir por ingresos petroleros”.