• Educación

Jueces de Puebla rechazan amparos para suspender evaluación a maestros

  • Diana Jiménez
El Poder Judicial se los negó al considerar que “los efectos de las normas reclamadas constituyen actos futuros”
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Tres jueces federales en Puebla rechazaron amparar a maestros de todo el país, quienes promovieron demandas individuales y colectivas en contra de la aplicación de la evaluación universal, contenida en la nueva ley del Servicio Profesional Docente.

De acuerdo con el periódico Reforma, entre el lunes y el martes, los juzgados auxiliares Segundo, Sexto y Séptimo de Distrito, con sede en San Andrés Cholula, recibieron las primeras diez demandas de amparos que cuestionan la constitucionalidad de la ley, los cuales aún están pendientes por resolver.

No obstante, tan sólo en esos días, los tres jueces desecharon cerca de 40 juicios de garantías que fueron solicitados entre los meses de marzo y abril.

El Poder Judicial se los negó al considerar que “los efectos de las normas reclamadas constituyen actos futuros”, además de que “el perjuicio que se haga resulta eventual” y “la concesión (del amparo) implica una afectación de interés social”.

Entre los amparos colectivos que interpusieron los profesores están el 1109/2013, en el Juzgado Segundo de Distrito, y el 399/2013 en el Juzgado Séptimo. Las demandas fueron aceptadas sólo a algunos profesores, ya que otros no cubrían con ciertos requisitos, como firmas o documentos.

Según los expedientes, los demandantes les reclaman a las autoridades federales, entre ellas a la Secretaría de Educación Pública y al Senado de la República, "los alcances así como la forma y términos que trascienden al ámbito federal y en lo que trastoca nuestra relación de trabajo”; así como “la imposición y (sic) orden para implementar la evaluación obligatoria como requisito para ingresar, promovernos, ascender y permanecer en nuestros empleos".

De igual forma, se detalla que “de concederse la medida cautelar solicitada se transgredirían disposiciones de orden público e interés social, ya que la sociedad está interesada en que se garantice la calidad en la educación obligatoria mediante, entre otras cosas, la idoneidad de los docentes, así como de los directivos, para así alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

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