El gobierno federal pretende quitar a los estados el control de la nómina de los maestros y concentrar esa función a partir del próximo año.

La iniciativa de reforma hacendaria propone eliminar el fondo del Ramo 33, que actualmente transfiere la Federación a las 32 entidades para pagar el salario del magisterio y del personal de los servicios de salud, reveló el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, en la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno contempla transformar el actual Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Con este cambio, la Secretaría de Educación Pública será la única responsable de operar un sistema de administración de nómina a nivel nacional.

El sueldo de los maestros llegará directamente a su cuenta bancaria desde la Tesorería de la Federación.

Los recursos correspondientes a dicha nómina serán pagados, por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, directamente a sus empleados, a través de transferencias electrónicas a sus respectivas cuentas bancarias, salvo que los mismos se encuentren en localidades en donde no haya disponibilidad de servicios bancarios.

En este último caso, la Secretaría de Hacienda determinará la forma y los medios a través de los cuales se entregarán los recursos correspondientes, señala la fracción IV del artículo 26 A de la iniciativa.

El FAEB es uno de los fondos federales que año con año suma irregularidades en su manejo por lo que la Auditoría Superior de la Federación ha pedido que se ponga orden en este fondo.

La iniciativa, que forma parte del Paquete Económico para 2014, propone que las autoridades educativas locales proporcionen a la SEP toda la información relacionada con la nómina de los maestros que fueron transferidos en 1992 a los Estados y que conforman el 84.5 por ciento del total de los trabajadores de la educación.

La información se registrará en el sistema de administración de nómina, y deberá corresponder a la base de datos autorizada en el denominado Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la SEP.

Una vez que la SEP verifique la información que enviaron los Estados con la del SIGED, la dependencia solicitará a la Tesorería de la Federación realizar directamente el pago de la nómina correspondiente.

La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, planteada en la reforma fiscal, fue presentada en la Cámara de Diputados, con el fin de terminar con los cacicazgos del magisterio que han imperado con las negociaciones salariales en los estados.

Pretende terminar con la “doble ventanilla en la negociación” salarial del magisterio, a partir de una negociación única en la que participarán las autoridades estatales, la SEP y el SNTE.

En un discurso, durante su participación en la comida con 300 líderes mexicanos, el secretario de Hacienda dijo que de ser aprobada la propuesta, el Ejecutivo federal retomará la responsabilidad de pagar la nómina de los maestros en todo el país y de suministrar medicinas a los servicios de salud estatales.

La reforma prevé, de acuerdo con Luis Videgaray, un cambio fundamental, pues las medicinas “se transferirán a los estados en especie”; es decir, el gobierno federal hará una compra consolidada, “entonces lo que se entrega a los estados serán medicinas, no dinero”. También será responsable de pagar a los proveedores del sector salud.

Sobre el gasto federalizado en salud, expuso que los recursos transferidos por la federación a los estados no llegan a su destino, y que prueba de ello es que en clínicas y hospitales no hay medicinas ni se pagan salarios al personal médico.

“Todos conocemos los casos en los cuales los recursos federales se transfieren a los estados, y sin embargo en las clínicas, en los hospitales, en los consultorios, no hay medicinas, no se les paga a los médicos porque el recurso no llega a donde tiene que llegar”, dijo Videgaray según otra nota del periódico Excélsior.

En 1995, como parte de la política del nuevo federalismo, el gobierno de Ernesto Zedillo inició un proceso de descentralización de sus servicios de atención a la salud, cuyo fin era imprimir mayor eficiencia a la operación del sector orientado a atender a la población no asegurada, aunque con el paso de los años se distinguió por la falta de transparencia en el uso de los recursos.

 El funcionario explicó que en este caso, será la Tesorería de la Federación la institución responsable de pagar a los proveedores del sector salud, para que no haya transferencias a los estados de la República.