El agente de Seguridad Vial, acusado de tratar de extorsionar ayer a un automovilista, no es ni será investigado por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Cristina Ortiz López, encargada de las áreas de prensa de ambas dependencias, dio a conocer que se iniciará una investigación en contra del elemento hasta que el agraviado realice su denuncia correspondiente.

“Que nos hagan favor de denunciar  y se actúa en consecuencia”, fue su única respuesta.

De acuerdo con la columna La Corte de los Milagros, del periodista Rodolfo Ruiz, ayer al mediodía, fue detenido en la carretera federal a Tehuacán, Bardo Romero Romero por conducir un auto Chevy con los cristales entintados. La patrulla de Seguridad Vial que lo detuvo, la TE-070 con placas de circulación SH85796, le pidió una mordida de 1,900 pesos para liberarlo y evitar que su vehículo fuera llevado a la Delegación de Amozoc.

Como Bardo Romero se negó, con el argumento que no tenía dinero, el patrullero Víctor de Lima le propuso dejarle en garantía su laptop mientras conseguía el efectivo, cuestión a la que también se opuso de manera terminante.

El estudiante terminó siendo llevado, junto con su Chevy, a la Delegación de Amozoc ubicada en la 6 Poniente número 17, y ahí el delegado de Seguridad Vial le dijo que mejor se hubiera arreglado con el agente, pues su coche tenía reporte de robo, por lo que quedaría detenido en tanto se aclaraba el asunto.

Los familiares de Bardo llegaron en su auxilio y amagaron con llevar a cabo una manifestación con el apoyo de sus vecinos y algunos universitarios, presentar una denuncia ante el Ministerio Público y convocar a una conferencia de prensa para denunciar la extorsión de que estaban siendo víctimas.

La presión surtió efecto y Bardo fue liberado a las 17 horas.

De momento, el uniformado continúa laborando de manera normal y será sancionado, en primer lugar, si las autoridades llevan a cabo una investigación en su contra y, en segundo, si las mismas determinan que incurrió en una falta.

Ortiz López proporcionó el número “01 800 HONESTO” de Contraloría, la cual indagará el presunto acto de corrupción, en conjunto con la Dirección de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ.