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El 12 de septiembre aprobará el Congreso iniciativas de RMV

  • María Pineda
Dentro de los temas que se abordarán en la sesión están la petición de deuda por 3 mil millones de pesos
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El Congreso del estado prevé celebrar la sesión extraordinaria para el jueves 12 de septiembre, con el fin de aprobar proyectos del Ejecutivo, entre ellos la solicitud de deuda pública por tres mil millones de pesos para los 217 ayuntamientos, así como dos iniciativas propuestas por los legisladores.

De acuerdo con versiones de los coordinadores de los grupos parlamentarios, en el periodo extraordinario se abordarán más temas de los que ya se había considerado en la pasada sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

El martes pasado, los líderes de las fracciones legislativas acordaron avalar la Ley de Archivos y el Reglamento de Transparencia del Congreso, iniciativas que presentaron las diputadas Elvia Suárez García y Josefina Buxadé Castelán.

Aunque también se consideró que la Comisión Inspectora dictaminaría cuentas públicas, el presidente del órgano legislativo, Jesús Zaldívar Benavides, apuntó que todavía no existe un consenso con los coordinadores sobre los paquetes fiscales que se podrían presentar.

En cuanto a las iniciativas del mandatario estatal que se pondrán a votación del pleno, están la derogación del artículo 27 de la Ley del Catastro, la derogación el inciso z del artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, y el aplazamiento de la implementación de los juicios orales en las regiones de Huauchinango e Izúcar de Matamoros para mayo de 2014.

Fuentes consultadas por e-consulta señalaron que también se espera que, en trabajo de comisiones, los diputados aprueben el decreto que Moreno Valle envió hace dos semanas donde se estipula que ediles electos pueden contratar deuda pública por una bolsa de 3 mil millones de pesos.

Así como las iniciativas que ingresaron este jueves, en las cuales se solicita que 17 ayuntamientos contraten proyectos de PPS para la mejora del alumbrado público, y que los 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado sean “concesionados” a particulares, los cuales podrán fijar la tarifa del cobro del servicio sin autorización del Congreso.

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